• Caracas (Venezuela)

César Pérez Vivas

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César Pérez Vivas

La agenda propiamente legislativa

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La semana pasada presenté a mis lectores los elementos básicos de una agenda integral a ofertar, por parte de los sectores democráticos, a la ciudadanía en la campaña del próximo año para elegir la nueva Asamblea Nacional.

Hoy, quiero centrar mi reflexión sobre la agenda estrictamente legislativa, que inexorablemente,  una nueva mayoría, de corte netamente democrático, debe comprometerse a impulsar.

Un compromiso claro de las fuerzas democráticas será la de dictar una ley de amnistía, que permita la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.

Igualmente es menester modificar el conjunto de leyes, que revertieron el proceso de descentralización y convirtieron a Venezuela en una República fuertemente centralizada, en abierta contradicción con el texto constitucional. Entre ellas, la Ley de Trasferencia de Competencias, La Ley del Consejo Federal de Gobierno, y la Ley del Poder Público Municipal, la Ley de Policía Nacional, la Ley del Sistema de Planificación.

Será tarea prioritaria dictar la Ley de Hacienda Pública Estadal, engavetada por órdenes del extinto Presidente Chávez, desde el año 2004.

Prioridad de la próxima legislatura es modificar un conjunto de leyes que redujeron sensiblemente la vigencia de derechos humanos fundamentales en cualquier sociedad democrática. Me refiero a  cuerpos normativos vinculados al derecho a la libre expresión del pensamiento y a la libertad de prensa, al de manifestación pacífica, a la libertad económica y al derecho de propiedad, al derecho a la organización ciudadana  en partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.

En ese paquete debemos destacar la Ley de Responsabilidad Civil en Radio y Televisión, mejor conocida como ley mordaza y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las normas del Código Penal relativas al derecho a la protesta y a los tipos penales sobre vilipendio y difamación. El llamado delito de rebelión civil. Tipos penales estos, endurecidos en la reforma al Código Penal de 2005.

Será tarea fundamental rescatar el espíritu modernizador del Código Orgánico Procesal Penal, convertido en un adefesio para permitirle al régimen tener en prisión a la disidencia política.

En esa dirección será menester derogar o modificar leyes como la del Poder Popular, verdadero monumento al autoritarismo y la exclusión. La Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que considera actos desestabilizadores e insurreccionales la cooperación internacional con las ONG, así como la invitación a personalidades extranjeras que tengan opiniones críticas del régimen.

Sin lugar a dudas, donde la reforma tendrá que ser más ambiciosa y trabajosa será en el campo del régimen jurídico de la economía.

En abierta contradicción,  con expresas normas constitucionales respecto al proceso de formación de la ley, la cúpula roja, dictó un conjunto de “leyes socialistas” con las cuales prácticamente ha eliminado la libertad económica, y ha reducido sensiblemente el derecho de propiedad privada, al hacer de esta actividad una tarea altamente intervenida y regulada, creando procesos, prohibiciones, sanciones y limitaciones que hacen ya casi imposible emprender una actividad productiva o comercial en el país.  Han establecido,  doble sanción para infracciones legales, desconocen  la presunción de inocencia, eliminan el debido proceso, y el deber de reservar al sistema judicial actuaciones que entran en la esfera de los derechos individuales, convirtiendo a la administración pública en juez y parte de los procesos administrativos, lanzando de esta forma al cesto de la basura, conquistas fundamentales del estado de derecho de los últimos dos siglos, como el control judicial de los actos de la administración.

Aquí la lista es tan larga que no tenemos el espacio para desglosarlas, pero es menester entender que este es un punto cardinal a atender, pues los resultados de todo el modelo de economía socialista consagrada en toda la legislación dictada en los últimos años, ha hecho crisis junto al resto del modelo.

La tarea que le espera a los demócratas,  que optarán a las curules de la próxima Asamblea Nacional es tan importante y tan descomunal, que requerirán de una entrega total a la función parlamentaria, y de un compromiso de trabajo superior; pues su procesamiento deberá estar enmarcado en los canales de la participación plural de la sociedad, para así dejar en el pasado, la forma inconsulta y arbitraría como el socialismo del siglo XXI, usando la figura de leyes habilitantes, y desoyendo al país, nos generó un marco legal profundamente autoritario,  ajeno a la modernidad y a los tiempos que vivimos.