• Caracas (Venezuela)

Carlos Nieto Palma

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Prohibido opinar

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Opinar se ha convertido en un delito en Venezuela, todo aquello que escuchamos de apoyo a la libertad de expresión no es más que un discurso proselitista con el que se pretende calmar nuestra alma como si fuéramos borregos de este régimen que hoy pretende hacernos callar.

Nuestros gobernantes pretenden hacernos callar, en cada discurso que dan nos instauran el miedo para que nada hablemos ni digamos; lo más triste es que les hacemos caso y el silencio ha hecho parte de nuestra vida cotidiana. Nos convertimos en un país de mudos.

Solo unos cuantos, de los millones de venezolanos que hay, le hemos hecho una trampa al miedo y no dejamos que este entrara en nuestra casa; me refiero a los periodistas y los defensores de derechos humanos, pareciera que hemos hecho un pacto de honor para cumplir con nuestro trabajo que es decir la verdad.

Las consecuencias las hemos vivido en carne propia, desde el mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) día a día se espían nuestras conversaciones y sus agentes supuestamente encubiertos vigilan cada uno de nuestros pasos.

Igual nuestro trabajo continúa y si a nuestros perseguidores les sirve de algo, no tengo miedo y, al menos en mi caso, me tendrán que matar o confinarme en “la Tumba” del Sebin para callarme; mientras, seguiré en lo mismo y repito con dignidad, coraje y sin miedo.

No puedo dejar pasar a los medios que nos apoyan, este periódico, El Nacional, ha sido patria o muerte con nuestros ideales, jamás me han quitado una línea de lo que escribo, igual tenemos otros como Runrunes, La Patilla, Contrapunto y un poco más, que ante el silencio informativo ellos tampoco tienen miedo de decir verdades.

En un país sin información oficial, los periodistas y defensores de derechos humanos nos hemos convertido en un grupo homogéneo de hormiguitas buscando por todos lados información, que no existe, pero que gracias a buenos amigos que nos apoyan desde diferentes organismos oficiales, damos en el clavo; su ayuda es y será siempre invalorable.

El trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos se parece mucho, ambos andamos en la búsqueda de información, unos para sus medios y otros para sus informes, información que por cierto nunca conseguimos, es secreto de Estado para todo el mundo.

A este respecto el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en uno de sus informes acotó: “Desde el Estado, la negación de información pública se da, frecuentemente, en los ministerios y sus dependencias (59%); la Presidencia de la República (48%); los cuerpos de seguridad del Estado (47%). Estos tres actores, que aparecen en los más elevados índices de opacidad, justamente, dependen del Poder Ejecutivo. Es esta fuerza estatal y de gobierno que, precisamente, es señalada por los consultados como la que ejerce las mayores presiones y órdenes de censura. Entre tanto, en promedio, 36% de estas dependencias señala limitaciones con una frecuencia mediana y baja, mientras 23% indica que nunca ha encontrado impedimentos para acceder a la información pública, bien sea porque no ha realizado solicitudes o porque no se les ha negado este derecho. Se refieren recurrentes limitaciones de acceso a la información de interés público en los órganos del Poder Judicial, es decir, tribunales locales y nacionales, los cuales acumulan 41%. El Tribunal Supremo de Justicia aparece como una institución que muy frecuentemente no ofrece información, en 34% de las opiniones que emitieron los que participaron en este estudio. En promedio, 29% indica haber tenido pocos y regulares obstáculos, y 31% refiere que nunca había tenido restricciones por parte de estos actores. Con una alta frecuencia, también aparecen la Fiscalía de la República (38%), las instituciones de salud pública (35%), la Contraloría General de la República (32%), las gobernaciones y sus dependencias (32%), y la Asamblea Nacional (32%). Mientras que, con una frecuencia de limitaciones por debajo de 12%, los menores obstáculos se encuentran en las instituciones de educación universitaria, básica y diversificada, así como en las instancias del Poder Legislativo y Ejecutivo regional, según la percepción de los consultados. Estos tres últimos actores, además, en promedio, nunca fueron consultados por 38% de la muestra que se seleccionó para esta investigación”.

Esto nos da una muestra del trabajo que día a día nos toca realizar y de las respuestas que recibimos.

La otra arista importante es a la que estamos sometidos los defensores de derechos humanos, a repudiables hechos como el que de que fue víctima nuestro compañero Marino Alvarado, secuestrado, golpeado y vejado, él y su pequeño hijo en su casa es una muestra de esto. Los ataques a Marco Antonio Ponce, Rocío San Miguel y otros defensores más, nos ponen en la mira de los que no quieren que opinemos. El presidente de la Asamblea Nacional hasta mandó a que me fueran a buscar a mi casa, sin importarle para nada mi familia que vive conmigo,

Y quiero colocar una frase de Cofavic, respetable organización de derechos humanos en Venezuela a raíz de un comunicado que realizaron para apoyar mi lucha y la del movimiento de derechos humanos: “El rol de los y las defensoras de derechos y de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el derecho de asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la libertad de asociación. Entre los principales efectos de estas legislaciones regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de judicialización si se accede a financiamiento público internacional, criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de los defensores usuarios del derecho internacional de los derechos humanos como delitos de ‘traición a la patria’ o ‘desestabilización”.

Con esto me despido, nuevamente digo que la lucha sigue y que no tengo miedo, soy y seguiré siendo un defensor de derechos humanos y venezolano.

 

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma