• Caracas (Venezuela)

Carlos Nieto Palma

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OLP y derechos humanos

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Como Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) el gobierno nacional nos presenta su plan de seguridad ciudadana número 25 a lo largo de 16 años de gestión, tiempo en el cual tuvimos 12 ministros de Interior y Justicia; todos estos planes se basaban en la búsqueda de reducir la inmensa inseguridad que vivimos todos los venezolanos, hasta ahora sin ninguna solución.

Es claro que Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo, esto lo reflejan estudios realizados por organizaciones internacionales que se dedican a estudiar el tema. Para ubicarnos en el contexto de país, en el año 99 asesinaron a 5.968 venezolanos, y en 2014 esa cifra aumentó a 24.980, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El incremento es de 318%, sin dudas una situación muy grave para todos los que habitamos en este país.

Las OLP intentando poner fin a la inseguridad que vivimos los venezolanos y que conjuntamente con la falta de alimentos se han convertido en los más graves problemas de los que aquí vivimos, ha diseñado este plan que por cierto es cuestionado por respetados expertos en el área, muchos de ellos afectos al gobierno y funcionarios del mismo, con altos niveles de responsabilidad en el área de seguridad.

El ministro de Interior, Justicia y Paz al cumplirse el pasado 12/08/15 un mes del inicio de este operativo dio un balance de los resultados de la OLP donde establecía que, tras 31 días de operaciones, se lograron desmantelar  27 organizaciones criminales en Venezuela y arrestado a 931 personas involucradas en diferentes delitos, de las cuales 113 son extranjeras. Igualmente precisó que la cifra de muertes de delincuentes abatidos en enfrentamiento con las comisiones policiales es de 52 presuntos delincuentes. Con relación a la incautación de armas de fuego, indicó que fueron decomisadas 117, al igual que 2.093 municiones de diferentes calibres. En  cuanto a vehículos, se recuperaron 115 carros y 72 motocicletas. De los inmuebles recuperados por los funcionarios, en su mayoría pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), fueron desalojados y recuperados 1.248 apartamentos de los 8.200 hogares allanados.

Este balance a la fecha de publicar este artículo ha aumentado considerablemente por nuevas actuaciones del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Para muchos, entre los que me encuentro, en este operativo las violaciones de los derechos humanos son constantes y pareciera que forman parte de su manual de operaciones, vemos constantemente detenciones arbitrarias, allanamientos sin una orden judicial, desalojos forzosos de viviendas y, lo más grave, supuestas ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo la figura de enfrentamientos.

Muy acertada es la opinión dada por la reconocida organización de derechos humanos Provea en un reciente informe que elaboraron sobre las OLP señalan: “Es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”.

Las OLP tiene una gran similitud con el famoso Plan Unión aplicado en los años ochenta y cuya ejecución estuvo caracterizada por su alto componente represivo, o el Plan Madrugonazo al Hampa ejecutado por el Cicpc a comienzos de 2011, también con altos índices represivos y de violaciones de los derechos humanos.

Respecto a las OLP, el conocido criminólogo Andrés Antillano, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, acota en entrevista concedida al portal de noticias Contrapunto: “El gobierno bolivariano, en tanto, ha dado un giro casi rocambolesco a la inocua política de seguridad que enarboló durante más de una década –basada en un funcionalismo de izquierda– y ahora practica lo que Antillano llama un ‘populismo punitivo’, basado en la mano dura y la persecución de los pobres. Por si fuera poco, el psicólogo social recalca que en períodos de recesión económica, el aumento de la represión policial, como estas prácticas de la OLP, puede ser el equivalente a acercar fuego a la gasolina. Recuerda que cuando eso sucede, es porque el Estado ya no tiene otra política para los sectores sociales que la represión”.

Igualmente un grupo integrado por 34 activistas de derechos humanos, investigadores sobre seguridad ciudadana y militantes de izquierda criticaron las acciones sesgadas y el uso desproporcionado de la fuerza en el desarrollo de las redadas conocidas como Operación para la Liberación del Pueblo. Según un comunicado por ellos elaborados dicen: “Las armas, las balas o la droga llegan al barrio porque hay policías y militares de rangos medios y altos involucrados en esos negocios ilícitos”.

Seguimos ante constantes y reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte de los efectivos policiales que han formado parte de las OLP y hasta ahora el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial permanecen en silencio ante estas arbitrariedades, convirtiéndose en cómplices de graves violaciones de los derechos humanos que bajo este nombre de Operación para la Liberación del Pueblo se cometen contra los venezolanos y sobre todo los más pobres.

 

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma