• Caracas (Venezuela)

Carlos Nieto Palma

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¿Comisión de cuál verdad?

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Recientemente el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, dictó un decreto creando la Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos en Venezuela en los últimos años y que habían sido reseñados en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional, sin duda alguna siguiendo las órdenes del jefe del Estado.

El mismo presidente al anunciar la creación y conformación de esta comisión dio esta grave advertencia: “Yo quiero la paz, pero la paz no la vamos a construir perdonando a los criminales, la vamos a construir estableciendo la verdad, la justicia, reparando a todas las víctimas, que la patria en un solo abrazo les acompañe y pidiendo perdón como ocurrió un Sudáfrica”. Ya con estas palabras anunciaba el poco o ningún éxito que esta comisión va a tener.

Ya los venezolanos tuvimos una reciente experiencia en esto cuando la Asamblea Nacional promulgó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 promulgada por el para entonces jefe del Estado Hugo Chávez, publicada en Gaceta Oficial (39808 del 25/11/2011) y cuyos miembros fueron designados en esa oportunidad por la misma Asamblea Nacional y la cual, aunque su duración es hasta el año 2017, hasta ahora no hemos visto ningún resultado palpable.

La Comisión de la Verdad de Maduro estará presidida por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, además, el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, como secretario ejecutivo permanente de dicho comité. Igualmente, los acompañará la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; así como el defensor del pueblo, Tarek William Saab; el constitucionalista y profesor universitario Hermann Escarrá, la canciller de la República, Delcy Rodríguez. El señor Oscar Carrera y Desirée Carrera, representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba; además, Maite García, integrante del Frente Contra el Sicariato Campesino; Edgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril. Igualmente estarán María Eugenia Russián, quien representa a la organización de derechos humanos Fundalatin; Laura Roldán, perteneciente a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; así como la teniente Yendry Velázquez, integrante del Comité de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado.

Tal vez aquí se inician mis críticas a la conformación de esta Comisión de la Verdad, en un documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y donde se hace referencia al tema se establece: “Ningún factor definirá mejor a la comisión que las personas que la componen. En condiciones ideales, deben ser miembros ampliamente respetados de la sociedad (o personalidades internacionales) cuya neutralidad sea aceptada por todas las partes de un conflicto previo (o bien el grupo en conjunto debe ser considerado representativo de un abanico relativamente amplio de opiniones). Puede incluir a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como dirigentes religiosos, abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, expertos en violencia contra la mujer o los niños y profesionales de los derechos humanos, entre otros. Algunos países han decidido incluir a miembros internacionales; esa decisión dependerá de distintos factores e inclinaciones locales, y debe ser adoptada en definitiva por los ciudadanos”.

Si revisamos cada uno de los nombres que integran la comisión designada podemos ver que no reúnen ninguno de los requisitos o sugerencias que la ONU fija; aquí no fueron tomados en cuenta: ninguno de los sectores involucrados en el proceso fueron consultados de nada de esto; no cabe la menor duda de que esta comisión nunca encontrará la verdad más allá de la verdad que el régimen quiere que se diga.

Hay un punto importante y voy a citar un planteamiento que fijó la organización Provea en una carta que le enviaron al presidente de la Asamblea Nacional a raíz de la Comisión de la Verdad creada en 2011: “Una comisión de la verdad no tiene funciones jurisdiccionales. Su origen, mandato, su composición, su funcionamiento y procedimientos, sus facultades, sus conclusiones y el seguimiento de estas últimas deben enmarcarse en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano. En ninguna circunstancia la Comisión de la Verdad sustituye a los órganos regulares de los poderes públicos en las funciones que le son propias, según la Constitución y las leyes”.

El principio básico de una comisión de la verdad es evitar la impunidad, y la no repetición de los hechos que se investigan; nunca se puede pensar en ella y convertirla en un centro de retaliación política para juzgar a sus contrarios; debe ser un centro de trabajo en la búsqueda de la verdad y no en un espacio donde ya los resultados nos lo han adelantado algunos de sus voceros.

La falta de imparcialidad de sus miembros, la falta de participación de muchas de las víctimas que nunca fueron convocadas a estar allí, así como la poca experticia y experiencia de los miembros designados, desde ya anuncia su gran fracaso y continuará la retaliación contra los más de 70 presos políticos que tenemos en nuestras cárceles.

Igualmente la negativa de esta Comisión de la Verdad a solicitar apoyo a organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) para que dé apoyo logístico y de otro tipo a esta naciente comisión, nos pone todo más oscuro.

Los investigados por esta Comisión de la Verdad ya están condenados antes de su creación, lamentablemente para ellos y para los que aún creemos en la justicia.