• Caracas (Venezuela)

Carlos González Nieto

Al instante

Letra muerta, letra transitoria, letra viva

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“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Es lo que dice el artículo 333 de nuestra carta magna, con claridad y sin necesidad de interpretaciones. Al menos nadie hasta ahora, que se sepa, le ha pedido al supremo tribunal del régimen que le explique qué significa. Ni haría falta.

De todas formas y por si acaso, sobre el texto del 333 habrá que precisar que “acto de fuerza”, por ejemplo, no es más que golpe, atentado, violación, mandarriazo y demás malandradas con que nuestros investidos de autoridad han embestido la Constitución hasta hacer de la pobre una sopa de letras muertas. Ergo: si la ley de leyes ha sido violada miles de veces con premeditación y saña por todos los poderes públicos, de forma tal que no queda poder constituido que la resarza, y dado que no pierde vigencia por mucho que la ultrajen o “dejen de observar”, entonces a los ciudadanos no nos queda otra que “colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia”, que al fin y al cabo sin Constitución viva –la palabra lo dice– no hay base que nos “constituya” como república. Y en eso andamos, desmoronándonos.

Es en ese contexto que debería leerse el “Llamado a los Venezolanos a un Acuerdo Nacional para la Transición” presentado al país por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Y por supuesto que esa lectura no es para los nihilistas que desde el poder han pulverizado el espíritu y la letra de la carta magna, sino para aquellos políticos opositores que, sin tener por qué suscribirlo, podrían al menos detenerse en ese comunicado para verle lo esencial, la mortificación republicana que lo genera, más allá del rechazo a sus formas o sus “intrincadas letras”, como las llama un preocupado Elías Pino Iturrieta.

Mas no hay nada intrincado en la redacción de este documento. Empezando por lo obvio: no es, “por ahora”, un acuerdo propiamente, sino las bases programáticas para tratar de llegar a un entendimiento nacional que permita, tal vez, empezar a salir de –esta sí– intrincadísima calamidad que no cesa de difuminarnos como país. Sus propios autores lo definen con claridad como lo que es: un llamamiento a sumarse a una iniciativa –que puede variar para enriquecerse todo lo que haya que variar–, con su declaración de principios y, por encima de todo, una pulsión republicana que hace de su letra un manifiesto.

La elocuencia de su preámbulo no solo lo sintetiza todo sino que, con intención o sin ella, señala de nuevo que hay dos miradores distintos en el universo opositor desde donde se ve la debacle. De una parte, la óptica que solo abarca el drama cotidiano y los males contabilizables, contra lo cual se conciben recetas que incluso se les dan sin rubor intelectual a los creadores de la destrucción, y, de la otra, la mirada que ve ese mismo drama en su debido contexto, el de la desintegración.

Dice sin medias tintas el comunicado que “el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas que tomó por asalto el Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y un militarismo de cúpulas corruptas para controlar la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad”. Antes recuerda que “en los últimos dieciséis años” aquí se ha practicado la antidemocracia con total impunidad y, no menos esencial, redondea su fundamento con el deber que tiene cada demócrata de ayudar a restablecer la institucionalidad, restaurar la democracia, rescatar la constitucionalidad, en fin –artículo 333–, restituirle a la Constitución su efectiva vigencia.

Resulta muy gratificante saber que tres de los principales cuatro líderes de la oposición no establecen diferencias dentro del chavismo a la hora de evaluar la infamia y darle su duración justa: 16 años, un solo régimen, las mismas intenciones, una larga tragedia en muchos actos, a cual más implacable y sin amables intermezzi. Ya con esa precisión temporal dicen mucho estos políticos. Están reiterando que en su posición no caben sinrazones por el estilo de “Nicolás en 100 días acabó con los 14 años del presidente Chávez” o “una cosa era Chávez y otra ese que está ahí”.

Machado, Ledezma y López, con su llamado, toman distancia de quienes, aun en la misma orilla, no quieren ver ciertas cosas como son o no tienen el coraje de llamarlas por su nombre. A grandes rasgos: el aniquilamiento estructural de la nación no es producto de una sucesión de “errores” sino que obedece al proyecto de una élite; estamos frente a un Estado totalitario que, al mejor estilo fascista, apela a la represión militar y paramilitar como herramienta de control social; no hay autonomía de poderes sino corporativismo estatal; las redes criminales de toda laya que proliferan en el país gozan de la complicidad oficial; el régimen propició la degradación de las instituciones y no solo no va a resolver la crisis, sino que la va a seguir profundizando adrede. Y sin embargo se queda corto el texto: no menciona con todas sus letras las nociones de crímenes de lesa patria y de lesa humanidad.

En sus tres agendas que son como hojas de ruta, el manifiesto refiere, sin necesidad de explicitarlo, que la ruina es producto de la aniquilación sistemática del marco constitucional, o dicho de otro modo, que haber reducido la carta magna a letra muerta es la ruina misma. De esta caen en cascada las demás miserias patrias, desde asesinar a la gente con balazos en la cabeza o negándole el derecho a la salud, hasta los fraudes electorales o regalar de manera deliberada la soberanía del país a otra dictadura. Basta a un ciudadano alfabeto y medianamente informado echarle un vistazo rasante al articulado de la Constitución para constatar la espeluznante magnitud de tantos estupros revolucionarios.

Pero ya está dicho: por mucho que la violen, no pierde su vigencia y hay que reactivarla para que vuelva a ser letra viva. Por ello la urgencia del llamado, que sus detractores por un lado han tachado de “golpista” y, por el otro, desde las mismas trincheras opositoras, de ejemplo de “antipolítica” (como si hubiera un único modo de hacer política). Y en ambos bandos llama la atención su resquemor ante la palabra “transición”. Porque, más allá del impacto propagandístico de expresiones como “ineludible derrumbe” de un régimen que está “en estado terminal” –¡a cuántos enfermos no desahucian y se obstinan en no morir!–, los tres políticos de marras prevén por encima de todo, apegados a una lectura realista del tiempo y la circunstancia, que no bastará un simple cambio de gobierno para dar “el paso del sistema superado a uno nuevo”, que es como definen la transición en su propuesta. Será un camino tortuoso.

Se trata sin más del clamor republicano de tres líderes que quieren honrar sus deberes constitucionales frente a la cada vez más obscena deriva criminal de los más terribles traidores de nuestra historia. Estamos hablando de que aquí se rompió el hilo constitucional hace tiempo, con lo cual se perdió la república. La ley de leyes la mataron los primeros obligados a mantenerla viva, pero sigue vigente y es un mandato la impostergabilidad de su restitución. La otra opción es no creer en la perversidad humana y pretender que una mente insana y sin retorno pueda cambiar.

(Válgame esa última línea para recomendar la relectura de “Nada va a cambiar”, de Elías Pino Iturrieta, acá en El Nacional del 22 de febrero. El último párrafo en especial es un claro llamado a la oposición para que reflexione.)