• Caracas (Venezuela)

Carlos González Nieto

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Carlos González Nieto

¿Derecho o deber de rebelión?

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Harto sabido: al difunto le obsesionaban los paltós. Costuras de alta calidad, a prueba de balas y siempre impecables. Según el diario La República de Perú, al menos en alguna etapa de su tránsito por este mundo apeló a los servicios del diseñador Miguel Caballero, especie de Armani de la ropa blindada, para que le confeccionara quién sabe cuántas chaquetas acorazadas. Y cómo dudar que no anduviera siempre con el paltó inmaculado, si solo en el presupuesto nacional de 2009 se le asignó el equivalente a 380.000 dólares para gastos de lavandería y tintorería y al año siguiente 405.000, según lo detectaron en su momento Casto Ocando y Carlos Berrizbeitia. Pero no era solo el suyo. Este gigante generoso deseaba que todos sus colegas lucieran siempre a su altura y por ello más de una vez les aconsejó que se lavaran el paltó. Así lo hizo con Bush, con Obama, con el rey de España o, faltaba más, con su dilecto Álvaro Uribe.

También le apasionaba que el paltó tuviera bolsillos y es por eso que, además, recomendaba a unos y otros que se guardaran sus cosas dentro, como hizo por ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El bolsillo del paltó era el sitio ideal para que otros metieran allí consejos, críticas, informes, denuncias, clamores, dictámenes y todo cuanto les cupiera. Él conocía la practicidad de ese saquito porque era donde llevaba, en formato tan minúsculo como el respeto que le merecía, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cada vez que iba a un show televisado. En algún momento del espectáculo se la sacaba del paltó y, con ese rictus tan suyo, la presentaba: “La bicha”.

Este tratamiento tan denigratorio de la Carta Magna no parecía cónsono con la génesis del librito si tomamos en cuenta que, al igual que sus paltós antibalas, había sido confeccionada a la medida de sus ambiciones para blindarse en el poder. Unos dirán que fueron caprichos de millonario: se manda a hacer un costosísimo traje a la medida y luego en un rapto histérico lo hace jirones porque siente que no le queda bien. Pero recordemos que siempre fue así, que el hombre debutó en la escena pública violando una constitución a la que luego desahució para pergeñar otra, que también fue víctima constante de su obsesiva compulsión anticonstitucional. De hecho expertos en el tema han sacado la cuenta y suman hasta 178, de un total de 350, los artículos de “la bicha” violados por el finado. Si la muerte, tantas veces por él invocada, no lo hubiera requerido tan temprano, tal vez le habría alcanzado la vida, sin necesidad de herederos que perpetuaran su barbarie, para violarlos todos. Todos menos uno, el último, citado y socorrido por tirios y troyanos, que muchos consideran un derecho y amerita un párrafo aparte:

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

El 22 de enero de 2003, Iván Rincón, entonces jefe del Poder Judicial, hizo de hermeneuta y se pronunció sobre el artículo de marras. Grosso modo, Rincón sentencia que “pueblo” es todo el mundo, o sea los ciudadanos, actores políticos en quienes recae la soberanía popular, y que “siendo cada uno de ellos titular de una porción o alícuota de esta soberanía, tienen el derecho y el deber de oponerse al régimen, legislación o autoridad que resulte del ejercicio del poder constituyente que contraríe principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (solo el que resulte del constituyente, que mi querido Presi es otra cosa). Y dice que “desconocer” es “no aceptar”, pero se apura en agregar que tal desconocimiento debe limitarse a los mecanismos prescritos en el artículo 70 de la misma Constitución, es decir, lo que han venido haciendo los tres principales líderes de la oposición: uno insistiendo en el sufragio, otro aupando por una nueva constituyente, la otra activando asambleas ciudadanas.

Rincón hace malabarismos con el poder originario, el poder constituyente y el poder constituido –mismo laberinto que atraviesa el sociólogo Elías Jaua en “La historia y el espíritu del artículo 350” y de donde no sé si sale airoso; eso que lo digan los juristas– y busca apertrechar al gobierno sentenciando que la activación del 350 solo es legítima “si se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del Estado de Derecho”. Esto llevó a Adolfo Taylhardat a argumentar: “Lo que dice el TSJ podría resultar válido o procedente si en Venezuela esos ‘mecanismos e instancias garantes del Estado de Derecho’ funcionaran eficientemente, con independencia y autonomía. Pero como aquí ningún órgano del Poder Judicial, comenzando por el propio TSJ, es capaz de –utilizando los términos que emplea la sentencia–  ‘justiciar un agravio’ cometido por cualquiera de los poderes públicos, no queda otra alternativa que rebasar la limitación que pretende imponer el TSJ en su interpretación del artículo 350” (El Universal, 25-04-2009).

Más recientemente, Héctor Faúndez Ledesma es más rotundo: “No hay un ‘derecho’ a la desobediencia civil; esta es la respuesta cívica frente a una situación inaceptable, que no corresponde a los términos del pacto de convivencia recogido en la Constitución. Pretender que lo que ‘legitima’ la desobediencia civil es el artículo 350 de la Constitución es tan insensato como suponer que podemos protestar porque el gobierno lo permite, o que podemos rebelarnos siempre que contemos con la autorización del tirano. Lo que legitima la desobediencia civil es el ejercicio del poder de manera arbitraria y abusiva” (“La protesta civil y el pueblo en la calle”, en Leopoldo López, preso de Maduro).

Mas hay algo en la redacción del 350 que no deja lugar a dudas y que compete individualmente a todos los depositarios del poder soberano: el tiempo del verbo principal, “desconocerá”, ese futuro indicativo de mandato, de deber. Solo que, como es lógico, antes de acatar el deber de desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad” y etcétera, hay que hacerse la pregunta de rigor y responderse sin medias tintas: ¿es que este régimen contraría los principios democráticos y/o menoscaba los derechos humanos? Si la respuesta es “no”, entonces la persona habrá de seguir en su mar de felicidad o de desdicha, no importa cuál sea la composición de esas aguas. Si la respuesta es “sí”, entonces el ciudadano, como acreedor de lo que Iván Rincón llama su “alícuota de soberanía popular”, habrá de encontrar la manera de proceder con su deber constitucional y eventualmente sumar voluntades, que no en balde algunos gramáticos le dan a aquel tiempo verbal la acepción de “futuro voluntativo”.

Pero tiene que ser una reflexión individual. Como dijo el año pasado un director de teatro venezolano a propósito de su montaje de La casa de Bernarda Alba: “Yo no le doy cucharaditas a nadie”. ¿Vale la pena de verdad tratar de convencer a alguien de lo obvio? ¿Decirle a un ser cegado por la “fe” política –o el síndrome de Estocolmo– que el raptor de sus libertades ya sodomizó los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que poco le falta para violar hasta los considerandos del preámbulo? ¿Todo para estrellarse con un “¡sí, y qué!”?

Tal vez lo que quede, “por ahora”, sea ser coherente y consecuente con la postura que se tome de cara a este régimen, que es el mismo y uno solo desde que comenzó a violar “la bicha” hace tres lustros. Y estar alerta siempre a todo mínimo acto cotidiano que, sin apercibirnos, redunde en apoyo indirecto a la ilegitimidad que de boca para fuera se pretende desconocer. Tan sencillo como decir “lo desconozco” y tan difícil como mantener las palabras en los hechos. Porque precisamente por ahí se puede comenzar. Si yo desconozco la legitimidad de un régimen por su comprobada criminalidad, no puedo caer en la incongruencia de darle consejos sobre derechos humanos o economía o educación o lo que fuere. Por eso cuesta entender, por ejemplo, cómo un connotado economista opositor afirma un día que la mejor política cambiaria es cambiar de gobierno y luego, a los pocos días, declara que él iría con mucho gusto a Miraflores a darle consejos al que hoy ocupa la Presidencia. ¿Qué le aconsejaría? ¿Recetas cambiarias; que renuncie; que admita sus crímenes de lesa patria, de lesa humanidad y se autoencarcele? Esa premisa que reza “el éxito del gobierno es el éxito de todos” no es otra cosa que “del éxito de nuestro verdugo dependerán nuestros mendrugos”. Y además, ¿de cuándo acá un verdugo, en su lógica, se “equivoca” como para que la víctima le dé consejos? ¿Acaso en “el modelo” –ya parece una letanía– de su garrote?

Hay que estar atento a no caer en acciones colaboracionistas, porque no es un interlocutor válido aquel a quien ya hayamos decidido desconocer. Un lector que participa en los foros de esta prensa online le decía justamente al mentado economista opositor, sobre sus recomendaciones al gobierno: “Cuando veas al enemigo cometer errores, déjalo”. Sabias palabras de un ciudadano común que, a diferencia de la mayoría, sí entiende que hay un enemigo que nos declaró la guerra desde finales del siglo pasado, cuando hizo de la ley de leyes un mero adminículo de utilería que se lleva en el paltó a los estudios de televisión y no el vademécum real de un presidente medianamente idóneo.