• Caracas (Venezuela)

Carlos García Soto

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Carlos García Soto

100 años de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

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Por Ley de 16 de junio de 1915 se creó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Aún cuando según el régimen político del momento no era ambiente propicio para el funcionamiento de instituciones que recordaran la importancia del Derecho y de los derechos de los ciudadanos, lo cierto es que la Academia nació para defender y proclamar la necesidad de, entre otros temas, someter el Poder a control.

Desde hace varios años, es sabido, el Derecho venezolano ofrece razones suficientes para la preocupación. Es común la opinión de que ese formidable instrumento para la paz social y el progreso que es el Derecho no vive su mejor momento en la historia republicana.

Nada más de diciembre de 2014 hasta hoy piénsese en la sentencia N° 1864 de la Sala Constitucional de 22 de diciembre de 2014, a través de la cual se alteró injustificadamente la mayoría calificada que se requería para la designación del Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo y del Contralor General de la República. O piénsese en la sentencia N° 1865 de la Sala Constitucional de 26 de diciembre de 2014, en la que se procedió a nombrar unilateralmente a los 3 rectores del CNE de la lista de 33 personas elegibles según el Informe Final del Comité de Postulaciones Electorales, cuando ese nombramiento debió ser realizado por la Asamblea Nacional. O en este año 2015, piénsese en la privación de libertad de la cual ha sido objeto el abogado Tadeo Arrieche por representar a una empresa del sector alimenticio –cadena de practimercados Día Día-, o en la del Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, en la que las garantías jurídicas han quedado, cuando menos, cuestionadas.

Incluso teniendo en cuenta el oscuro panorama, 2015 es un año de celebración para el Derecho venezolano. En este año se cumplen 100 años de la creación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Además, este año 2015 se cumplen 300 años del inicio de la enseñanza del Derecho en Venezuela.

Esta Academia ha sido lugar fundamental desde el cual se ha reflexionado sobre el Derecho desde hace 100 años, y de donde han salido aportes fundamentales para el estudio del arte jurídico. Las actividades y publicaciones que ha impulsado durante estos 100 años la Academia, seguramente, han contribuido a que haya sido más difícil para el Poder el desconocimiento de las normas jurídicas que le controlan.

Pero además este año se cumplen 300 años del inicio de la enseñanza del Derecho en Venezuela.

Para 1715 no había comenzado la enseñanza del Derecho en Venezuela. Ante esa situación, el obispo fray Francisco del Rincón le pidió a Antonio Álvarez de Abreu que se encargara de dictar un curso sobre “Instituta de Leyes”, que se trataba de un curso de Derecho Civil, en el colegio-seminario de Santa Rosa. Antonio Álvarez de Abreu fue un notable jurista venido de España y que prestaría en Venezuela importantes servicios a la Corona española.

Mucho ha sucedido desde entonces. Desde antes de esa fecha y hasta 1811 en el país se aplicaba el régimen jurídico de lo que luego se ha llamado como Derecho Indiano. La promulgación de la Constitución de 1811, como efecto de la Declaración de Independencia, sin duda, abriría un nuevo camino para la formación del Estado venezolano y de su Derecho.

Ese siglo XIX estaría marcado por la convulsionada vida política del país, lo cual se reflejaría en las constantes modificaciones a la Constitución (26), algunas veces, para ajustar esa norma fundamental a las necesidades de quien encabezaba el Gobierno. En la última parte de ese siglo se dictarán importantes códigos y leyes para la vida republicana.

El siglo XX  daría lugar a que se dictara la legislación sobre los más variados aspectos de la vida del país. El Derecho Administrativo, por ejemplo, vería surgir multitud de "Leyes administrativas" para ordenar la vida de un país que se había encontrado con una enorme riqueza en su subsuelo, el petróleo, descubrimiento que cambiaría por completo los modos de vida de la Nación. Y la democracia daría ocasión para que se mejoraran tales normas, y para que hubiera lugar a la construcción de toda una doctrina científica sobre el Derecho y de una jurisprudencia dictada por los Tribunales, en muchos casos de primer orden. Así se dio lugar la monumental obra de autores como Allan R. Brewer-Carías, Luis Loreto, Arístides Rengel Romberg, José Mélich Orsini, Alberto Arteaga, Alfredo Morles Hernández, Tomás Polanco Alcántara, Roberto Goldschmidt, Eugenio Hernández-Bretón o Jesús María Casal, por sólo nombrar a algunos más o menos cercanos. Además, la jurisprudencia de la Corte Federal y de Casación y luego de la Corte Suprema de Justicia, daría la orientación necesaria para interpretar todo ese ordenamiento jurídico que se iba conformando.

En paralelo, se ha dado un notable crecimiento de las Facultades de Derecho en todo el país, lo que han permitido a muchos acceder a la profesión -delicada y apasionante- del ejercicio del Derecho.

A pesar de las circunstancias, el Derecho debe ser una razón para la esperanza, específicamente, para la esperanza en la reconstrucción de los valores republicanos. Una esperanza para ese anhelo que tiene el país de una vida social en paz y en la que todos podamos progresar.

El pasado jueves 19 de marzo, al asumir la presidencia de la Junta Directiva de la Academia, señalaría su nuevo presidente, el también Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, Eugenio Hernández-Bretón: “Esta Academia no puede evadir su compromiso de orientar al país y a sus gentes, en ejercicio de sus competencias consultivas, de manera espontánea, como lo ha hecho constantemente y en numerosas ocasiones durante los últimos años. La gente espera mucho de nosotros y tenemos que cumplirle al país. Hay temas de urgente preocupación que exigen que nuestra voz se haga oír. Y hablaremos para que se nos oiga”.

El primer centenario de la creación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y el tercer centenario del inicio de la enseñanza del Derecho en el país son motivos para recalcar la esperanza en la reconstrucción institucional de Venezuela.