• Caracas (Venezuela)

Carlos García Soto

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Reconstruir la justicia administrativa

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@cgarciasoto

 Requisito fundamental para que pueda considerarse que existe Estado de Derecho es que la administración pública, identificada principalmente con el Poder Ejecutivo, ajuste su actuación a la Constitución y la ley y que respete los derechos de los ciudadanos. Y habrá Estado de Derecho si cuando la administración pública no respeta las normas a las cuales debe someterse y viole los derechos de los ciudadanos, estos puedan acudir ante jueces imparciales para denunciar a esa administración.

Desde esa perspectiva, puede decirse que debe existir un “Estado de Derecho administrativo”, entendido como la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico. En Venezuela existe un régimen jurídico aplicable a la administración que exige el control pleno de los actos de esa administración al derecho. Es decir, al menos formalmente, en Venezuela están vigentes las normas y principios para que se le pueda exigir jurídicamente a la administración que adecue su actuación conforme a un “Estado de Derecho administrativo”.

Pero en los últimos años, en términos generales, la administración pública no ha sido controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ya desde 1999 se ha ejecutado el progresivo sometimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero sería a partir del célebre caso Barrio Adentro  en el año 2004 que la voluntad del poder de someter a la jurisdicción contencioso-administrativa se hizo ya evidente.

El caso consistió básicamente en la intervención de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a través del Tribunal Supremo de Justicia y la destitución de sus magistrados, porque esa corte dictó una medida cautelar en el juicio que había intentado la Federación Médica Venezolana, con relación al ejercicio de la medicina por médicos cubanos que no cumplían con los requisitos necesarios para el ejercicio de la medicina en Venezuela.

Ello provocó que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estuviera intervenida durante diez meses. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los magistrados destituidos, si bien luego la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró “inejecutable” esa sentencia.

A partir de ese momento la jurisdicción contencioso-administrativa no ha cumplido con su deber de someter al control la actividad de la administración pública.

La prueba científica de esta última afirmación está en el monumental trabajo realizado por Antonio Canova González, Luis A. Herrera Orellana, Rosa E. Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol Stefanelli, El TSJ al servicio de la Revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), Editorial Galipán, Caracas, 2014, pp. 176-177, en el cual se analiza la actuación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (SPA), máximo órgano judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando le ha correspondido juzgar la actividad administrativa.

Por dar los datos fundamentales:

“a) En las acciones de anulación, de un total de 1.197 sentencias dictadas por la SPA entre 2005 y 2013, solo nueve (9) (0,75%) acordaron un restablecimiento pleno al demandante, más bien, acordaron junto con la anulación el restablecimiento de la situación jurídica infringida y una condena patrimonial contra el ente público. Formalmente, hay cuarenta y dos (42) (3,50%) sentencias que declararon con lugar la acción, aunque no necesariamente restablecieron los derechos violados plenamente. Otras sesenta y siete (67) (5.59%) sentencias declararon la pretensión parcialmente con lugar. De modo que 1.079 (90,14%) de las sentencias de fondo sobre acciones de anulación contienen declaraciones de sin lugar de la demanda…

“b) En las demandas patrimoniales, de un total de 363 sentencias dictadas por la SPA entre 2005 y 2013, solo siete (7) (1,92%) sentencias declararon con lugar la demanda, aunque ninguna de ellas contiene un restablecimiento pleno, que abarque daños materiales emergentes y lucro cesante, daños morales, intereses moratorios e indexación. Hay ochenta y dos (82) (22,58%) sentencias que tienen estimaciones parciales, normalmente muy por debajo de las pretensiones de los demandantes. El resto, 274 (75,48%) sentencias fueron de rechazo de las pretensiones de los demandantes…

“c) Sobre las medidas cautelares, cuando fueron los particulares los que pidieron esas medidas urgentes contra los entes públicos, de un total de 966 solicitudes resueltas por la SPA entre 2005 y 2013, 949 (98,24%) fueron rechazadas. Solamente fueron acordadas diecisiete (17) (1,75%) medidas cautelares contra los entes públicos. Cuando fueron los entes públicos los que solicitaron esas providencias instrumentales contra particulares, la SPA acordó casi todas, de 100 solicitudes accedió a noventa y nueve (99) (99%)…”.

Por supuesto, estos impresionantes datos no solo reflejan la situación de la justicia administrativa, sino que, como era de esperar, los criterios asumidos por la Sala Político-Administrativa para dar la razón a la administración afectaron gravemente varias de las instituciones del derecho administrativo sustantivo. Para poder otorgarle la razón a la administración pública ha sido necesario intervenir instituciones como la de la expropiación, cuya desfiguración ha sido patente, entre otras no menos importantes.

La reconstrucción del derecho administrativo sustantivo y del derecho procesal administrativo es una tarea que se enmarca dentro del marco más amplio de la reconstrucción institucional del Estado venezolano.