• Caracas (Venezuela)

Carlos E. Aguilera Arteaga

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“No pueden ver con indiferencia los militares la causa pública que pueden llamar suya, por sus sacrificios, a tiempo que otros la quieren arruinar”

Simón Bolívar

El 6 de diciembre los venezolanos veremos renacer la esperanza de reconstruir la estructura física, moral, económica y ética de un país que a lo largo de 17 años, fue víctima de la lujuria enfermiza de quienes por la vía democrática alcanzaron el poder, y que se tradujeron en acciones y decisiones que contrariaron las expectativas y necesidades, de un pueblo que se cansó y decepcionó de tanta tropelía, abuso de poder, corrupción, nepotismo, escasez de alimentos y medicinas,  presos políticos, insultos, agravios y todo cuanto se les antoja a quienes se creen dueños del país.

Jamás en toda la historia republicana desde su fundación, Venezuela había experimentado una situación tan  crítica. Para colmo, Nicolás Maduro apela en sus monsergas discursivas a la amenaza incitando a la violencia, cuyo resultado se está viendo en el proceso electoral parlamentario, en el que dirigentes de la oposición han sido atacados con armas en ocho distintos lugares del país, supuestamente a manos de los llamados colectivos, defensores a ultranza del régimen, que con patente de corso otorgada por el extinto Comandante galáctico,  no tienen conmiseración alguna para usar las armas en contra de indefensos ciudadanos, a los que atacan sin piedad en las marchas y concentraciones que realizan, asesinando incluso a un  dirigente del partido Acción Democrática, en Guárico. ¿Cómo negar entonces, que estamos en presencia del terrorismo de Estado?

Grave, pero muy grave que Maduro haya amenazado con tomar las calles con fuerzas militares y civiles si llegara a perder las elecciones parlamentarias, lo cual sin duda alguna sería un golpe militar para desconocer el legítimo triunfo de sus adversarios políticos de la oposición, y sin más ni más, la instauración de un régimen fascista militar civil, todo lo cual contraría la esencia misma de la Carta Magna, que en el capítulo III de la Fuerza Armada Nacional refiere textualmente: “Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución, se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo uniforme  denominado la Fuerza Armada Nacional, pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes integrantes de la institución, sus características y especificidad como Fuerza, siendo esta institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación con el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y de la Constitución y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes”.

Cuando Maduro apela en sus discursos (¿?) a la Fuerza Armada Nacional como factor de estabilidad de la institucionalidad, supuestamente amenazada por una conspiración de la oposición y el sector empresarial, a cuya cabeza coloca al conocido joven empresario Lorenzo Mendoza, se sitúa sin eufemismos a contrapelo de la historia, al menos, de la historia reciente de América Latina, que en el lenguaje político prácticamente ha desterrado ese concepto de las democracias tuteladas y peor aún de los hábitos pretorianos.

Semejante yerro proviene también de una desconceptuación que se encuentra presente en la matriz del régimen, y que se ha ido acelerando hasta el colmo de dejar vacío de contenido el discurso presidencial. Solo un gobierno anómalo puede explicar que en democracia se recurra, ya no al arbitraje, sino a la intervención de militares como recurso de sostén de la legitimidad democrática, anomalía, si, en su sentido etimológico, de malformación, porque el llamado a la fuerza revela una absoluta incultura política o, en su defecto, una incoherencia total con los postulados del Estado de derecho, en el que se sustenta un régimen democrático.

Maduro se ha zambullido en la campaña para elegir las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, y ello lo está llevando a alocuciones erráticas, de las cuales no va a salir bien librado, porque entra en la inmediatez de la confrontación electoral con sus oponentes y, como resultado, su posición antes que fortalecerse se torna vulnerable, teniendo en cuenta que su base de sostén popular es sumamente endeble, ya que según todas las empresas encuestadoras su popularidad (si es que en alguna ocasión gozo de ella) roza el límite de apenas 23% de aceptación, circunstancia que, justamente, lo conduce a emitir expresiones contradictorias y huérfanas de sustento o, como en él, desatinadas, tanto para la cultura democrática del país como para la imagen que debe proyectar en el ámbito internacional.

Pero existe otro grave efecto en estas declaraciones, y es el de desnaturalizar la función de la Fuerza Armada Nacional, que como señalamos en párrafo anterior es garante de la seguridad externa e interna del país, y de ninguna manera deliberante de acuerdo a la propia Constitución, frente a los acontecimientos políticos. A fuerza de repetir de manera recurrente, pues lo ha hecho en varias ocasiones, esta exhortación de Maduro a las instituciones armadas como puntales de su gobierno, lo que está provocando es una degradación de los principios constitucionales que, paradójicamente, como mandatario está obligado a preservar y más aún a divulgar como principal personero del Estado.

Por otra parte, su incultura política no es la única que se deduce de este tipo de declaraciones, como producto de la ausencia de una base social de sustento. En circunstancias diferentes, quien enfrenta a una conspiración invocaría al pueblo como supremo garante del orden constitucional, pero este no es el caso, peligrosamente el régimen ha ido perdiendo aliados y socios que podían eventualmente garantizarle sostén. Maduro desde sus inicios mostró las inconsistencias e incompetencias políticas, que le minaron el campo de apoyo popular que había heredado del su padre putativo, y por ello desde que llego a Miraflores comenzó a incorporar en su gabinete a hombres de uniforme, evidenciando el carácter militar del cual no se ha desprendido y por el contrario cada día designa a más militares en altos cargos del Estado: Ministros, Viceministros, presidentes de empresas y de otras instituciones.

Y vamos un poco más allá, por cuanto existe otra consecuencia que también causa estragos en el estamento militar, pues al desvirtuarse de su función, empiezan, sus miembros, a tener percepciones erróneas de sus roles, que son precisos y concretos conforme a lo que reza la Constitución y el Reglamento Militar. Sin embargo, a medida que se los invoca como fuerza salvadora del régimen, se les otorga una matrícula para ingresar en un  terreno que no es el suyo, sino la preservación de las fronteras y la seguridad pública interna, cuyo debilitamiento está causando estragos en la población venezolana.

No deben olvidar los hombres de uniforme, que la seguridad nacional no puede ser manipulada ante la contingencia del hecho político circunstancial. América Latina ha pagado muy caro el abuso de este concepto, por ello todas las constituciones que las rigen son suficientemente claras, al delimitar la esfera de actuación de los estamentos militares y del uso del monopolio legítimo de la fuerza, en el Estado de derecho.     

El resultado de las elecciones parlamentarias, seguros estamos favorecerá a la oposición con amplia mayoría, por lo que exhortamos a quienes ocupen sus curules en el nuevo Poder Legislativo, abocarse en procura de que las fuerzas sociales y políticas creen consensos, que generen paz y estabilidad democrática, para que los problemas del país se comiencen a resolver y que el pueblo venezolano alcance el sueño de ver a hijos, nietos y bisnietos disfrutar del sosiego, armonía, tranquilidad, seguridad, y bienestar social y económico de su amada patria, como lo disfrutamos sus tutelares, madres y padres de familia.

Percibimos que los líderes y dirigentes que alcanzarán con éxito el triunfo, el cual compartiremos gozosamente, actuarán con madurez, tolerancia e inteligencia frente a sus adversarios que deberán asumir la derrota con humildad, si es que no quieren empañar nuestra tradición e hidalguía venezolana.

Careduagui@yahoo.com // @_toquedediana


Venezuela percibe que sus líderes y dirigentes no saben actuar con madurez y tolerancia frente a sus diferencias.

Algunos politólogos y psicólogos sociales, sostienen que esta práctica social tiene que ver con lo que ellos denominan “idiosincrasia venezolana” (por cierto, ¿qué es este invento ideológico de quienes niegan la sicología social y la cultura de los diversos grupos sociales, étnicos y regionales?). Afirman que en el inconsciente colectivo del pueblo hay una carencia paterna que no educó al niño; y, este conforme creció se hizo belicoso y proclive al bochinche. Por este camino serán las deformaciones y problemas de la vida familiar y afectiva los que expliquen la ausencia de diálogo, tolerancia, y respeto a la diversidad y cultivo de la cultura en sus distintas manifestaciones.

Para otros la causa proviene del caudillismo y caciquismo que con sus matrices autoritarias y de confrontamiento, al expresarse en el medio social, se distribuyen y reproducen en la comunidad. Observación válida, pero incompleta. Este último aspecto es un elemento que activa esa conducta confrontacional. Pero, no es determinante. Incide sobre la sociedad, en la medida en que en toda experiencia y vida social hay comunicación, mensajes; estos circulan y penetran las conductas. Estas se socializan, tienden a convertirse en conducta y cultura que no solo se observan sino que se aprenden y repiten inconscientemente. Apreciación interesante, pero la pregunta que cuestiona esta determinación sería: ¿Por qué los líderes y las masas son así? ¿Qué situación sociocultural del país determina esta conducta?

Los aspectos centrales que inciden sobre la sicología social y la cultura de la confrontación tiene que ver con: a) La mala (y deficiente) calidad y la escasa cantidad de la cultura política y conducta de líderes, partidos y adherentes. b) El diseño, presencia y acción de una democracia tutelada, excluyente, que restringe y bloquea la participación social y del desarrollo democrático. Esto tiene que ver con el tipo de Estado que no procesa ni asume la diversidad socioeconómica, étnica y regional del país. Un Estado que excluye la sociedad y la diversidad no educa para el consenso sino para la confrontación. c) Una estructural debilidad de la cultura, tradición e institucionalidad que se caracteriza por el despotismo, el grito y el insulto. d) La persistencia de la práctica de “acuerdos políticos mercantilizados” (el hombre del maletín, el tráfico de influencias, etc.), de las distintas fuerzas políticas; que no se adhieren ni practican el ejercicio del consenso democrático. Esto debilita la institucionalidad, la democracia y la ciudadanía. e) La calidad de la educación social y cívica (a todo nivel) que se imparte en las aulas y que poco o nada contribuyen a crear una ciudadanía crítica, participativa democrática y respetuosa del pluralismo ideológico así como de la diversidad cultural. (Nuestras diferencias socioculturales, étnicas y regionales son evidentes y reales pero no son procesadas ni asumidas en una acción intercultural que el Estado reconozca).

f) La relación Estado-sociedad, Estado-ciudadanía, crea constante confrontación, pues excluye a una y otra. Se crea así una sicología y cultura del excluido que para ser considerado sujeto político, voz y ciudadano, debe acudir a elementos no institucionales ni legales. Además, los políticos no entienden que para hablar hay que saber escuchar y este binomio es el que sustenta el diálogo y crea las bases del respeto y tolerancia. Estos y otros aspectos están en la raíz de esa confrontación.

 

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Para no estar inmerso en el marco de la requisitoria contra la ignorancia política, sintetizada en el drama "Un enemigo del pueblo", del noruego HenrikIbsen, definamos lo que es política, para conocer algo que utilizamos en nuestra vida diaria; es indispensable entenderlo para juzgar adecuada e imparcialmente cualquier manifestación al respecto.

Mauricio Duverger, sociólogo neopositivista francés, en sus obras "Los partidos políticos" e "Introducción a la política", expresa que política es: "En toda comunidad el poder organizado, las instituciones de mando y de coerción". Talcott Parsons, sociólogo estadounidense, el principal teórico del fundamentalismo, en sus obras "La estructura de la acción social" y "El sistema social", mira en la política el aspecto instrumental de la organización social, la creación intencional de estructuras sociales que responden a un objetivo.

Popularmente se emplea el término política para referirse a todo lo que hacen los que mandan para conservar su autoridad; la forma como se desenvuelven los que están en el poder, los gobernantes; oímos decir "Política de gobierno"; también se utiliza la palabra política como sinónimo de estrategia global, de acción acordada, por ejemplo: "Política petrolera", "Política industrial", "Política empresarial", "Política económica", "Política agraria", "Política laboral", "Política salarial", etc.

En cualquier diccionario etimológico leeremos que política es "El arte (habilidad) de gobernar un Estado"; podemos decir que está incluido el asunto del destino, interés y conducción del pueblo. Desde el punto de vista ético el político tiene, necesariamente, que poseer una amplia cultura; sin educación e instrucción nadie puede ser buen político, pues, la forma de actuar de un estadista está en relación directa con su preparación, el dominio de las ideas claras, ordenadas, manifestándolas con seguridad, con don de gentes, con pulcritud.

El sentido común nos impulsa a canalizar adecuadamente la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, a gobernar el pueblo.