• Caracas (Venezuela)

Carlos E. Aguilera Arteaga

Al instante

La impunidad y la justicia socialista

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La crisis de los derechos humanos en Venezuela no ha tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares que asolaron el continente latinoamericano en las décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio; en un marco similar de terrorismo de Estado. Lo peculiar y paradójico a la vez, es que hablamos de un régimen cívico-militar, que se ufana de ser una de las democracias más estables que ha tenido el país en los últimos años.

Según reporte anual de del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el año 2015 Venezuela cerró la estadística con una tasa de 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifra “histórica” que convirtió al país sin conflicto bélico, en el más violento del mundo, superando en consecuencia a El Salvador y a Honduras. De acuerdo a estas cifras la tasa de muertes en Venezuela está por encima de las registradas en Brasil, país que cuadriplica a Venezuela en número de habitantes.

Lo más grave de esta crítica situación, es que de acuerdo a investigaciones realizadas por siete universidades públicas y privadas, uno de los factores desencadenantes es “el deterioro de los cuerpos de seguridad” y el “empobrecimiento de la sociedad”, acompañado de la impunidad generalizada del aparato judicial, y una mayor presencia del delito organizado, como se está observando en los últimos tiempos, lo cual permite que bandas de delincuentes con sofisticado armamento hagan frente a los cuerpos policiales, por una parte, y por otra, el desenfado con el que actúan desde sus cuarteles carcelarios los llamados “pranes”, que ordenan secuestros, asaltos y tráfico de drogas.

Lo anteriormente señalado nos permite inferir que más allá de las fallas en el aparato judicial, que impide la persecución del delito y el castigo del verdugo, en nuestro país, respecto a la violación de los derechos humanos, existe una verdadera impunidad que compromete a todos los órganos del Estado, que encubren los crímenes de lesa humanidad bajo una cortina de humo de un discurso democrático, en el que siempre quienes los perpetran son enemigos del régimen, por lo que resulta a veces incompresible para mucha gente, entender el contraste que se presenta con la legalidad y la realidad, pero que de todas maneras, cada día se incrementan las estadísticas de violaciones de los derechos humanos y campea la impunidad de la manera más aberrantes.

La ley contiene la presunción de ser conocida por todos sobre quienes impera, y busca evitar los desafueros, corrupción, peculado y abusos de poder, aun cuando en su nombre, se hayan perpetrado actos de injusticia y persecución. La ley no contempla en ninguna parte de su contenido exclusividad ni monopolio, por cuanto rige para la sociedad entera sin discriminación alguna, pero hay quienes la quebrantan deliberadamente prevalidos del poder, como es el caso de nuestro país en el que pese a existir responsabilidades y sanciones contra los infractores, el régimen lo ignora insensiblemente además de irrespetar insolentemente a la sociedad.

En el país, pocas personas creen en la justicia porque los transgresores de la ley, se esconden o huyen ayudados por la acción cómplice de quienes están obligados a sancionarlos y aprenderlos, lo cual permite que el delito quede en la más desafiante impunidad. ¿ Cuántos casos se han conocido en los últimos años, desde que detentan el poder los llamados revolucionarios socialistas del siglo XXI ?.Muchos, y faltaría espacio para nombrarlos uno a uno en este artículo. Pero, lo cierto es que la mayoría de estos delincuentes de cuello rojo, autores de peculados, asaltos millonarios y de apropiación de los fondos del Estado, por su ubicación social y con apoyo de personajes encumbrados momentáneamente en las estructuras del poder, eluden la acción de la justicia y pasean orondos sus fortunas en países de América como Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y  hasta en la propia patria del tío Sam, y en otros continentes. Cosa que no ocurre con el malandro o ratero, a quienes si encierran en inmundos calabozos en las cárceles del país.

Los venezolanos observamos con preocupación, que  todo estos delitos quedan en el olvido, pues ni el Tribunal Supremo de Justicia ni la Defensoría del Pueblo toman cartas en el asunto, y por el contrario se hacen de la vista gorda, ante la presunción de que los mismos puedan generar un escándalo mayúsculo que afecte la imagen del régimen, y por supuesto el buen nombre de quien rige (¿?) los destinos del país, el presidente obrero, como populista y demagógicamente denominan a Nicolás Maduro, las huestes que lo acompañan en su tránsito socialista, que no es otra cosa que comunismo, según confesión del propio Fidel Castro, razón por la cual los delitos quedan impunes y yace latente la complicidad de funcionarios y autoridades, encargados de organizar los procesos y sancionar a los infractores.

Priva un considerable descontento en el pueblo venezolano, porque no se determinan las responsabilidades de los infractores, y no existe interés en hacer prevalecer la justicia. Los delitos quedan impunes y crece el descrédito de las instituciones por la latente corrupción, inseguridad, violación de los derechos humanos y paternalismo estatal, entre otras cosas, por la no aplicación de las leyes de un régimen, que desde que llegó al poder hace 17 años y al inicio de su gestión, generó la más grande expectativa que gobierno alguno pudo despertar.

La sociedad venezolana se ha ido convirtiendo en una sociedad invisible, a los ojos del régimen que la ha incitado a desconocer los procesos sociales y políticos, como consecuencia de la poca transparencia y debilitamiento de los marcos constitucionales, institucionales y colectivos, que en otros tiempos y democráticamente se manifestaban de manera clara, legal y formal. El poder central se ha convertido en algo sin forma ni contenido, por lo que genera tanta dificultad para hacerse entender y gobernar.

El fervor a la “servidumbre voluntaria” que cede la autonomía, la libertad y la democracia de las personas no tiene precedentes, pues el encanto a la obediencia del poder impositivo, es causa de la frustración e insatisfacción, de quienes desde la acera de enfrente que son millones de venezolanos, caen en la depresión  psicológica, pese a la capacidad de mantener la racionalidad y lucidez necesarias, para procurar entender la dialéctica del socialismo chavista-comunista, que a través del discurso (¿)diario y en cadena, Maduro expresa está amenazada por terroristas y desestabilizadores.

Pero lo más preocupante es que a la inestabilidad del régimen, producto de la ineficiencia e incapacidad de acometer con decisión, acierto y visión de futuro, las política sociales que se pretenden ejecutar en el marco de su programa de gobierno, se suma la arrogancia, autoritarismo y prepotencia del inquilino de Miraflores hasta sus más conspicuos colaboradores, quienes con encendido verbo atizan las llamas de la violencia, cuya flama tiene su origen en el propio cuerpo de esta mal llamada revolución bolivariana

Es tiempo de aplicar la justicia en el marco de la ley y de la Constitución, castigar a los culpables y no alentar la impunidad, lo cual a la vista de millones de venezolanos genera un terrorismo de estado, propio de los regímenes psicóticos y violentos. Solo en democracia se evitará la proliferación efectiva de estos desmanes y abusos de poder.

careduagui@gmail.com // @_toquedediana