• Caracas (Venezuela)

Carlos E. Aguilera Arteaga

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Estado de decepción en la frontera

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A raíz del cierre de la frontera con Colombia, consecuencia del estado de excepción decretado por Maduro en el estado Táchira, más de un millar de colombianos, incluidos cerca de 200 menores, fueron deportados y enviados a Cúcuta. Una dantesca escena que nos llena de vergüenza y dolor, porque, aun cuando se estuviese ejecutando una medida acordada por el gobierno venezolano, jamás debieron haber sido echados como vulgares delincuentes hombres, mujeres, ancianos y niños con largos años de residencia en el país. Una perversa acción que generó en consecuencia una crisis humanitaria que solo se produce como cuando ocurre un acontecimiento político (guerra, conflicto armado, etc.), que fue el escenario que por momentos obnubiló nuestra mente, cuando vimos videos y fotografías con desgarradoras escenas, en las que guardias nacionales invadían humildes viviendas de súbditos de la nación hermana, e inmediatamente procedían  a derribarlas con pesada maquinaria.

Una acción desnaturalizada que no tiene nombre y que perturbará la memoria de muchas de estas personas, víctimas de la insensatez e insensibilidad de un régimen que pese a predicar el amor y la paz, en nombre de una mal llamada revolución socialista y bolivariana, contradice el espíritu conciliador de armonía y libertad que exhibió durante toda su vida el Libertador Simón Bolívar, quien quiso a Colombia la grande como su propia patria y que exhaló su último aliento en el hermano país. ¡Que ironía! Pero estamos seguros de que en Colombia sus habitantes saben que estos hechos fueron perpetrados por un régimen y no por el pueblo venezolano, y que ello no debe generar sentimientos xenófobos, que en nada beneficiarían a ambos países.

Pero la ironía más grande la viven los más de 1.000 colombianos, entre los que se cuentan niños, a los que Nicolás Maduro usa como una cortina humo, culpándolos de la profunda crisis social y económica que afronta. La migración no genera la violencia, esta es generada por el hambre, la injusticia, la discriminación y el despotismo de un gobierno al que se le escapa su pueblo de las manos. ¿A quién culpará Maduro cuando ya no tenga colombianos para estigmatizar?, pregunta Carlos Arévalo, profesor de la maestría en Derecho Internacional en la Universidad de La Sabana, quien agrega: “Dónde están los gobiernos del hemisferio, en especial aquellos cercanos ideológicamente al presidente venezolano, que en un destello de cordura y sensatez lo inviten a respetar los derechos de los más desprotegidos. Por qué no han hecho sentir su voz de protesta los políticos colombianos que dicen ser amigos del gobierno venezolano y defensores de derechos, cuando transgreden la dignidad de compatriotas que resultan indefensos ante la poderosa arremetida de un mandatario arbitrario. Y lo más importante, donde está el gobierno colombiano, que se muestra inactivo convocando a reuniones de la Comisión Asesora mientras a sus nacionales, por el hecho exclusivo de serlo, les transgredieron de manera permanente sus derechos, ya que es claro que por más avances diplomáticos que se den, Nicolás Maduro no les devolverá las casas destruidas ni los bienes saqueados”, puntualiza.

Las escenas más desgarradoras de colombianos deportados en la frontera han dado la vuelta al mundo, y en las mismas se muestran las críticas condiciones que tuvieron que confrontar ante el inesperado desalojo de sus viviendas, las cuales posteriormente fueron demolidas por pesadas máquinas, tras haber sido marcadas con grandes letras, igual cuando los nazis clasificaban como judíos a miles de personas que se habían convertido del judaísmo a otra religión, entre ellos monjas y sacerdotes católicos romanos y pastores protestantes cuyos abuelos eran judíos. Solo que en esta ocasión, la barbarie de los fascistas socialistas bolivarianos, vestidos con uniforme de la otrora gloriosa Guardia Nacional que con orgullo exhibía su lema: “El honor es su divisa”, no tuvieron la más mínima conmiseración, respeto y sensibilidad  para llevar a cabo esta indignante acción, en contra indefensos ciudadanos colombianos, mujeres y hombres, venidos a nuestra patria hace años en busca de mejores oportunidades.

La normativa internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley, en uno de sus capítulos que se refiere a la protección del menor, señala textualmente: “Los niños deben disfrutar de todas las garantías de los derechos humanos de que disponen los adultos y se respetará la dignidad del niño y le infundirá el sentido de la justicia, amor propio y el respeto de los derechos humanos”. Contempla también los derechos humanos de la mujer y al respecto señala: “Las mujeres tienen el disfrute y la protección, en condiciones de igualdad con los hombres, de todos los derechos humanos en las esfera política, económica, social, cultural, civil y cualquier otra”. Más adelante sentencia: “La violencia contra la mujer es un delito y debe tratarse como tal”.

También la normativa de los derechos humanos, al referirse a los extranjeros subraya: “Entre las garantías procesales para la expulsión de un país figuran el derecho de ser oído, el derecho de revisión por una autoridad competente, el derecho de representación, el derecho de apelar ante una autoridad superior, el disfrute de plenas posibilidades de interponer un recurso, el derecho de permanecer en el territorio en espera de la resolución de apelación y el derecho de ser informado de los recursos disponibles”. Como corolario advierte: “Se prohíben las expulsiones colectivas o en masa”.

Ninguno de los enunciados establecidos en la normativa de los derechos humanos de las Naciones Unidas ha cumplido el régimen venezolano, acostumbrado como está a violar la propia Constitución, la cual peyorativamente denominó “la bicha” el comandante galáctico. Mucho menos es proclive a acatar normativas de organismos internacionales, a los que más bien descalifica como a la Organización de Estados Americanos (OEA), por el simple hecho de ofrecerse para enviar observadores de dicho organismo para el proceso electoral del próximo 6 de diciembre.

La percepción internacional que se tiene del régimen venezolano comenzó a cambiar dramáticamente a principios de 2014, cuando el mundo se impactó con las noticias sobre protestas masivas en las calles, las violaciones grotescas de derechos humanos contra jóvenes manifestantes y la prisión, el exilio y la persecución sistemática de dirigentes políticos opositores que apoyaban dicha protesta ciudadana. El descrédito del régimen venezolano copa la agenda internacional, pues se le describe como un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, y para colmar el vaso de agua la reciente arbitraria expulsión de ciudadanos colombianos, a quienes les había otorgado desde vivienda y cédula en el marco de sus programas sociales, claro está en épocas electorales.

Una cosa es cierta, Maduro y sus camaradas olvidan que en el país habitan más de 5 millones de súbditos del hermanos país, y que, aun cuando tienen muchos años de residencia y con prole nativa, el 6 de diciembre su corazón arrugado por el dolor que experimentaron de ver a sus compatriotas en tan miserable situación no dudarán en pasar factura a sus verdugos.

 

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

careduagui@yahoo.com // @_toquedediana