• Caracas (Venezuela)

Carlos E. Aguilera Arteaga

Al instante

La corrupción, engendro de la crisis venezolana

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

“Infeliz del magistrado que, autor de las calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante el tribunal del pueblo de las acusaciones que sus conciudadanos dirigen contra su conducta”. Simón Bolívar

 

Muchos venezolanos agobiados por la crítica situación económica, social y política que vive el país en estos últimos 16 años, en sus tertulias familiares y ocasionales en las colas de instituciones bancarias, supermercados, comercios y en la calle tocan indefectiblemente el tema, que tiene que ver con la dura batalla que día a día enfrentan hombres y mujeres, para lograr su subsistencia y la de los suyos. Ácidos comentarios cargados de imprecaciones contra quienes culpan de su angustia y padecimientos, por la escasez de alimentos, medicinas y tantos otros, es la panacea de sus lamentos. Unos le achacan a la ineptitud de quienes gobiernan (¿?) el país, empezando por el inquilino de Miraflores, otros a la incompetencia de hombres y mujeres en los distintos cargos de la administración pública. Son algunos de los obligados comentarios que se escuchan a menudo.

Pero no hay duda, que amén de lo anteriormente señalado, lo que más daño le ha hecho al país en estos últimos tiempos es la CORRUPCIÓN (sí, con mayúscula), porque de ella derivan todos los males que aquejan al cuerpo social de la nación. Los miles de millones de bolívares mal habidos por inescrupulosos funcionarios al servicio del régimen y personas que se han aprovechado de la impunidad puesta de manifiesto por los órganos competentes del Estado –Fiscalía General de la Nación, Contraloría General, etc.– fueron a parar en cuentas depositadas en bancos suizos y  paraísos fiscales. La gravedad del caso fue denunciada incluso en el propio seno del gabinete presidencial, por el entonces ministro de Economía, Jorge Giordani, quien alertó de la fuga de más de 25 millardos de bolívares, de manera fraudulenta, a través de los controles de divisas que se generaba en Cadivi. Nada pasó y, a casi año y medio de ese hecho, aún persiste este flagelo. En consecuencia, nada se ha hecho para combatir este mal que desquebraja la sociedad de una manera voraz.

Leímos en estos días a Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio sobre la corrupción en México, país al que por cierto se le califica de ser uno de los más afectados por este síndrome que abarca toda la piel de Latinoamérica, con casi ninguna excepción. El autor la define como el “uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado”, y  subraya que “es ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o política, por lo que se trata del “uso arbitrario del poder”.

En nuestro afán por conocer la opinión de otros entendidos en la materia, abrimos también las páginas del libro de Guillermo Brizio, quien define la corrupción con énfasis un poco más jurídico, al manifestar que “se designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un funcionario público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normas y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares”.

La corrupción también la define como un “comportamiento político desviado (falta de ética política); conducta política contraria a las normas jurídicas y usurpación privada de lo que corresponde al dominio público”. Sostiene, además, “que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares”.

No hay duda de que la corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una determinada organización de cualquier naturaleza, a una causa o movimiento social, político o cultural, lo cual constituye un acto racional ilegal, ilegítimo y no ético por parte de funcionarios públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa o indirectamente.

Como consecuencia de este hecho doloso, que poco o nada parece importarles a quienes desangran los dineros del Estado venezolano, este ilícito favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y legitimidad del gobierno; reproduce una concepción patrimonialista del poder; reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social; permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular, y, por último, revitaliza la cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.

Existe la creencia de que la corrupción es solo la distracción de dineros del estado, o simplemente para favorecer a terceros en negocios de cualquier índole o naturaleza. Pero hay varios tipos de corrupción, o mejor dicho, diversas tipologías como: la extorsión que es cuando el funcionario público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa; el soborno, ocurre cuando el ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un funcionario público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos; Peculado es la apropiación ilegal de los bienes por parte del funcionario público que los administra; coimas, que consiste en la asociación delictiva que realizan los funcionarios públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de licitaciones, concursos, etc. amañados o, sin realizar adjudicaciones directas, a pesar de que así lo indique la ley o normativa correspondiente; fraude, cuando los funcionarios públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del Estado, que les han sido confiados para su administración; tráfico de influencias, cuando el funcionario utiliza su cargo o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer a determinada causa u organización. Y, por último, la falta de ética, que es otro tipo de corrupción, que si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del Estado y de usuarios, es cuando algunos funcionarios públicos, asumen una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado funcionario público no cumple con las normas de la institución, es decir, cuando no es honesto, responsable y sin vocación de servicio.

Como se puede desprender de todo lo señalado, este régimen presidido por Nicolás Maduro, incumple con estos preceptos cuyos enunciados tienen por objeto execrar este mal que está haciendo metástasis en el cuerpo social de toda una nación, víctima de este mal y muchos otros más, que por primera vez en la historia sumerge en la inopia a hombres, mujeres, ancianos y niños, cansados ya del celestinaje con el que se ha tratado este tema.

El Libertador en cierta ocasión se refirió a la  corrupción y expresó: “Infeliz del magistrado que, autor de las calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante el tribunal del pueblo de las acusaciones que sus conciudadanos dirigen contra su conducta”.

 

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

careduagui@yahoo.com // @_toquedediana