• Caracas (Venezuela)

Carlos Delgado Flores

Al instante

Antes del fin

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El otro día hacía tareas escolares con mi hija pequeña –que tiene 10 años y está en cuarto grado– sobre los derechos y deberes de los venezolanos. Recurríamos, como es lógico, a la Constitución, y lo que al principio consistía en seleccionar algún artículo para la reflexión sencilla, se convirtió en una lista de imposibles, donde uno a uno íbamos tachando aquellos artículos que no solo no se cumplen, sino que en el estado de cosas en que vivimos, constituyen muestra palpable de la letra muerta de la demagogia. Claro, el lector podría señalar que el hecho de que un Estado no cumpla el contrato social que tiene con sus ciudadanos no se equipara ni por asomo, a que un gobierno incumpla sus promesas electorales, pero ¿qué pasa cuando el gobierno asume las funciones del Estado? ¿Y qué pasa cuando un partido asume el control del Estado? ¿Y cuando un Estado estatiza una sociedad?

Todo contrato hecho con justicia debe establecer el modo en que puede protestarse y rescindirse, si alguna de las partes ve defraudada su confianza en la relación instituida con este acuerdo y si es un verdadero acto de justicia; eso debe ser posible en todo tipo de contrato, máxime aun con el que constituye una república. Que se haga demagogia con la Constitución debería ser cuando menos causal de protesta, pero cuando no es posible –o no interesa– distinguir lo que es gobierno de lo que es Estado, puede una burocracia mandar fuera de la ley, haciendo que por la ley, quienes se le opongan queden abandonados, cuando no declarados como enemigos; como puede ocurrir que quienes protesten el contrato reciban el anatema de sus copartidarios, porque estos prefieran una solución electoral ¿discrepancia sobre los medios? Lo lógico sería que ante situación, se hiciera un esfuerzo por definir con claridad, cuáles son los fines.

Este escribidor es de la idea de que en las próximas elecciones parlamentarias –que hasta nuevo aviso se harán el 6 de diciembre– hay que dejarle muy claro al país cuáles son los fines, para que este sepa muy bien a qué atenerse en perspectiva de los escenarios posibles. Si el fin de estas elecciones es abrir la transición en el gobierno es una cosa, pero si el fin es cerrar el ciclo histórico que se inició hace setenta años (fecha exacta), con el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, con el trienio adeco y con la puesta en marcha del proyecto de modernización nacional, para dar inicio a un nuevo ciclo, eso, sin duda, es otro alcance.

Puede el lector preguntarse si efectivamente, el ciclo del proyecto modernizador está cerrado. Este escribidor sospecha que así es, para lo cual se vale de algunos indicios, de los cuales, aquí ofrecerá tres en forma puntualizada:

a) La emigración venezolana de principios del siglo XXI supone una alteración importante de la composición demográfica, como quizás no la hubo en el pasado sino con la guerra federal, que diezmó un tercio de la población. Pero también –y es opinión compartida con algunos historiadores– que marca la crisis final de una modernización incompleta que al no consolidar la migración interna urbano-rural, conformó un apartheid cultural.

b) El agotamiento del modelo rentístico y del capitalismo de Estado, que era el principal medio de operación del “sistema populista de conciliación” (Juan Carlos Rey) mermó las capacidades de desarrollo de una cultura democrática republicana, a favor de oligarquías de diverso cuño y entre cuyos rasgos comunes resalta la disposición para la captación de renta.

c) Se ha mantenido en el tiempo una sociedad de privatizadores del espacio público, negadores de la república, con lo cual se preservó el voluntarismo y su vocación para sustituir la deliberación pública. El pranato no es sino la forma lumpen como este voluntarismo se ejerce.

Que en medio de las limitaciones hubo alcances, que pese a las contradicciones hubo avances, que pese a la prueba ácida de estos dieciséis años hay un activo que preservar, cuando se cuentan completas, estas siete décadas, eso es innegable. La pregunta (¡otra pregunta!) es por la conciencia histórica del liderazgo de cara a las parlamentarias, o si desencadenar la transición puede abrir el espacio para un nuevo proyecto histórico nacional. 

Lamentablemente, no se ve debate público sobre este aspecto ni en los partidos, antaño espacios naturales para estas discusiones, ni en las universidades transformadas en precarias barricadas contra la barbarie. Mi hija y yo, por lo pronto, seguiremos tachando artículos incumplidos de la constitución, como quien tacha días en un almanaque, esperando de los poderes fácticos que haya suficiente inteligencia para preservar los patrimonios en la transición, equilibrando los medios a los fines.

 

@cardelf