• Caracas (Venezuela)

Carlos Delgado Flores

Al instante

Déjà vu

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Cuando se lee el objetivo 1.7 del Plan de la Patria, el cual plantea la creación de un Sistema Nacional de Gestión de los Estados de Excepción, lo primero que viene a la mente es quizás lo que deba entenderse: que el estado de excepción deja de ser excepcional, que será gestionado por una burocracia, con funcionarios que cobrarán salario, ocuparán alguna oficina y funcionarán con recursos públicos sufragados por los impuestos, inflación incluida. Este escribidor se pregunta si este ítem en la planificación nacional no daba un temprano indicio del curso que podrían tomar las cosas, porque obedece a recetas ya formuladas, exitosas en su época y lugar: que era cuestión de darle estructura a la sensación de lo ya visto, al déjà vu en que se va convirtiendo la política en uno y otro bando.

Cuando se anunció el resultado de la primera Operación de Liberación Popular en la Cota 905, llamó la atención que el presidente mencionara la detención de paramilitares y su posterior deportación. Ya antes, en una transmisión de televisión, Maduro había alertado la supuesta presencia de estos en el país y si se echa la película hacia atrás, se conseguirá que la primera mención que el gobierno hace de una supuesta incursión de los paracos en la vida política nacional ocurre el 8 de mayo de 2004, en el allanamiento de la finca Daktari en El Hatillo, en un episodio que aún no está del todo aclarado, once años después.

Cuando se produjo la OLP del kilómetro 2 de la carretera Panamericana, el 24 de julio, durante el desalojo fueron demolidas las casas de los habitantes de esa parte del barrio, bajo el pretexto de haber servido de guaridas para criminales. Los habitantes fueron forzados a salir de una invasión consolidada que tenía por lo menos diez años; pagaron justos por pecadores, como si la Panamericana fuera la Franja de Gaza, y los desalojados, parientes de un terrorista suicida. O como también se ha reportado, ocurre en Cuba, cuando alguien deserta, dejando parientes a merced de la ira del régimen.

Ahora, la OLP en San Antonio del Táchira, la declaratoria del estado de excepción en la frontera, y la deportación de más de 1.000 supuestos paracos, luego de la revisión y eventual demolición de sus viviendas, no solo reúne más elementos del espectáculo, sino que el cambio de escala muestra visos de una suerte de juego suicida porque, de repente, el apoyo o el rechazo a la gestión que muestran las encuestas deja de ser importante, en función de otro objetivo que no sean los comicios parlamentarios del 6-D.

Las OLP contra las zonas de paz son una acción de Estado contra una política pública: la de constituir zonas de paz. La deportación en masa de colombianos a los cuales se les acusa de ser paramilitares (pimpineros, bachaqueros, comerciantes informales, o braceros en un eje fronterizo que tradicionalmente los ha empleado), también merma votos, ya que según lo expresa el informe de la Organización Internacional para las Migraciones del año 2012 (págs. 22 y 23)  “en Venezuela, durante el período de vigencia del proceso de regularización y naturalización de extranjeros (2004), fueron registrados 798.314 ciudadanos extranjeros, que introdujeron sus documentos, bien sea, para naturalización o regularización. De este total, 357.891 recibieron su carta de naturalización; a 200.485 las autoridades revisan sus expedientes, mientras que a 127.897 les fue regularizada su situación en Venezuela”; y cabe la probabilidad de que muchos de ellos hubieran votado en favor del régimen desde ese año hasta por lo menos 2012. ¿Para qué hacerles un pogrom?

Por momentos, pareciera que el régimen hubiera decidido prescindir de sus antiguos aliados y vacunar con miedo todas las instancias, cuando no eliminarlos físicamente, como hizo la SS con la SA en la triste y memorable “noche de los cuchillos largos”. La MUD coincidió con un comunicado de la Casa de Nariño en que el cierre de la frontera, las deportaciones y el estado de excepción tienen un trasfondo “electoral”. Santos al apersonarse a Cúcuta, cambió el tono de esta declaración, en eso parece haber influido el performance de Uribe, megáfono en mano, arengando. Cambia pero se cuida de no arriesgar la negociación de paz con las FARC que tiene un deadline: noviembre de este año, unos días después de los sesenta que dura el plazo del estado de excepción. La negociación de paz con la otra guerrilla, el ELN, no ha sido pública, aun cuando su líder, Gabino, afirma que se ha avanzado en 85% de los puntos; quizás a ella también la afecte la marca del mes once.

Pero también pareciera que la apelación al nacionalismo patriotero no va a ser posible entre civiles, porque en las colas lo que hay es patria, por ello el discurso termina siendo dirigido mayoritariamente al pueblo en armas, bajo la idea de que “nada unifica más que un enemigo externo”, como ocurrió al final de la dictadura argentina, con la guerra de las Malvinas. El problema es que enemigo es todo lo que no esté en su bando, y lo externo implica también a connacionales, denigrados en su discurso (escuálidos, apátridas, pelucones… la lista es larga). Pero el bando se reduce, por ello no queda otra opción que someter a todo el mundo por la fuerza, urdir una vez más la estrategia de playa Girón, con las variantes necesarias para la coyuntura, ya que no puede hacerse como en 2002. Pero no importa, al fin y al cabo, el déjà vu apenas es una sensación.


@cardelf