• Caracas (Venezuela)

Carlos Colina

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Homofobia y código de ética parlamentaria

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Además del consabido significado institucional de parlamento, en su tercera acepción del DRAE, dicho término remite a la acción de parlamentar, es decir: “Hablar o conversar con otras personas”; “conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz, una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia”. Es decir, el parlamento es el recinto de la democracia por excelencia. No es el lugar de la intimidación violenta que pretendieron algunos militantes rojitos de manera socarrona y vil, desde su misma instalación. No podemos olvidar que el término parlamento deriva del francés parlement, que así mismo proviene del vocablo parler (hablar). A pesar de que se trasladó al español a través del francés, esta palabra se origina del latín parábola. Ahora bien, parabolar o parlar es palabrear o decir palabras. La Asamblea Nacional ha de ser el lugar de la palabra. Viejos y nuevos diputados están demostrando la debida elocuencia, oportunidad y pertinencia después de años del discurso entrecortado de la inexperiencia, el odio y el insulto. Si hablamos de democracia, el parlamento es el lugar de la palabra libre, pero: ¿qué podemos decir de la conducta parlamentaria?

En general, los códigos deontológicos parlamentarios exhortan a observar una conducta ligada valores morales positivos, tales como la libertad, la equidad, la transparencia administrativa, entre otros. En nuestro país, dada la anomia que llevó al paroxismo el sistema político bolivariano, es perentoria una educación masiva para la ciudadanía, la cual implica  que los dirigentes políticos en general y los diputados en particular, también modelen ciudadanía; en el cumplimiento cabal de las normas y en el respeto de la civilidad. No es admisible que un parlamentario no siga los principios de una conducta ciudadana y se comporte públicamente como el lumpen; de manera anárquica y violenta. Además, es inaceptable que un diputado, en una democracia moderna, no cumpla con los principios de los derechos humanos que establecen la no discriminación por ningún motivo, establecidos en la legislación internacional comparada.

A sabiendas de que siempre debe primar la libertad de expresión y lejos de una peligrosa propuesta de censura legal, pienso que las personas sexodiversas podemos abogar por que se proponga que, en la eventual redacción o reforma de un código de ética parlamentaria, se explicite la improcedencia de las expresiones homofóbicas lesbofóbicas y transfóbicas y las concomitantes transacciones descalificatorias por orientación sexual e identidad de género, entre los diputados en el seno del hemiciclo; y entre estos y otros funcionarios públicos. No estamos ante simples expresiones verbales sino ante acciones discriminatorias y excluyentes. En estas últimas, el lenguaje se utiliza para excluir a determinados individuos de la comunidad moral de los ciudadanos.

En la moción se debe tipificar las expresiones homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas y a las transacciones descalificatorias[1] por orientación sexual, identidad y expresión de género, como propias de un discurso de odio, que en nuestras estructuras socioculturales y en un conjunto multifactorial atentan contra la equidad, la justicia, el respeto y el reconocimiento de las personas sexo-género-diversas, y refuerzan su discriminación. Por cierto, en algunas corrientes pertenecientes a las ciencias sociales, tales como la Escuela de Palo Alto, directa e indirectamente relacionadas con la terapia familiar, se ha identificado el carácter patogénico de estas transacciones descalificatorias, que en suma, son una modalidad de interacción comunicativa. Así mismo, en la situación institucional en que se producen, podríamos definirlas como actos ilocucionarios, o por lo menos perlocucionarios, siguiendo la teoría de los actos del habla. En el primer caso, el lenguaje hace lo que dice; a la manera de un juez que enuncia la apertura de una sesión. En otros términos: es el performativo de Judith Butler.

En el código de ética parlamentaria se podría definir una subcategoría de ética ciudadana ligada al respeto de los humanos o aprovechar los valores sociales que se suelen incluir en este tipo de códigos, entre los que se encuentran la equidad y la igualdad. En otros códigos parlamentarios latinoamericanos existe la noción de urbanidad, civilidad o cortesía y la necesidad de un uso apropiado de la lengua. En el caso específico que nos ocupa, si bien reconocemos que la discriminación también se refleja en el lenguaje, tal como han planteado algunas agudas feministas, en ningún caso somos partícipes de una suerte de reducción lingüística y por tanto, simplista, de la discriminación que, como todos los fenómenos socioculturales, es multifactorial.

La inclusión de esta disposición antidiscriminatoria en un eventual código de ética es sólo una de las vías posibles: podrían explorarse otras. En un parlamento democrático moderno es inadmisible que se descalifique una argumentación o posición política por la orientación sexual o la identidad de género del emisor del enunciado. Un diputado y dirigente del PSUV reeditó recientemente lo que ha sido una práctica política frecuente de la bancada oficialista, y habló de mariposones, refiriéndose al sector democrático. De esta manera, a la añeja usanza, se interpela a la Venezuela profunda y a esa cultura del odio homofóbico de tipo machista que la ha acompañado desde sus anales.  Empero, cabe agregar, para no ser maniqueos, que algunos miembros del sector democrático, tampoco han estado exentos, en el pasado, de dichos prejuicios y prácticas. No obstante, la incorporación de la talentosa Tamara Adrián, la primera diputada transgénero de América Latina, y de Rosmit Montilla, un preso político que espera, entre otros, por su liberación, demuestra que el sector democrático ha crecido y madurado en el tema. Se trata de una señal inequívoca de cambio.

Cabe señalar que las transacciones descalificatorias son tan inoportunas e incongruentes con el talante democrático moderno como la descalificación por pertenencia sexual (“es mujer”), étnica (“es negro”, “es indígena”), nacional (“eres extranjero”) y de clase (es tierrúo), entre otras. Por cierto, tarde o temprano todos los sectores deben avanzar hacia la paridad de género, respondiendo al justo reclamo de las feministas venezolanas.

La dirigencia política nacional y el parlamento deben modelar ciudadanía y civilidad en general, pero también una novedosa ciudadanía plural que reconozca a las todas las minorías: étnicas, raciales, religiosas, de género y sexuales, nacionales, entre otras. La democracia del siglo XXI es incompatible con el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo y cualquier otra forma de discriminación.

La propuesta formulada aquí se la dirigí a la Red LGBTI de Venezuela, en este mismo mes de enero, luego de haber sido invitado, con las ONG del sector, a una reunión sobre la Agenda Legislativa LGBTI, en la Sala Cabrujas del Centro Cultural Chacao, el día 21 de diciembre de 2015. Asimismo, se nos sugirió el envío de comentarios sobre el tema, vía correo electrónico. Aparte de algunas actualizaciones, el documento final es casi una réplica de un documento muy exhaustivo, redactado y firmado por varias ONG, en el año 2011 y entregado infructuosamente a la Asamblea Nacional, en el mes de febrero de ese mismo año.  

La proposición esbozada aquí no hace parte de la agenda legislativa mencionada, porque, evidentemente, no se trata de una ley, sino de una sección de un código, u de otra opción que pueda vislumbrarse. En el momento oportuno, glosaré con más detenimiento la agenda legislativa LGBTI, por lo menos, a partir de su publicación por la directiva de la red. De momento, puedo decir que cumple con los cánones de la legislación internacional de derechos humanos en la materia y merece pleno apoyo. La vigencia de la versión original, con algunas actualizaciones, viene dada por nuestro rezago legislativo en el tema, que nos coloca en la cola de los países latinoamericanos y del mundo.

Eventualmente, esta moción podría plantearse, por la modalidad que se considere pertinente, el 17 de mayo de este año, en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia. Desafortunadamente, no estamos ante la actitud y conducta contingente y aislada de un diputado. Ahora bien, toda propuesta, medida o ley que pretenda intervenir en esta problemática debe estar enmarcada en políticas públicas; integrales y coherentes, porque lo que caracteriza el odio homofóbico es su enraizamiento cultural y su capacidad de iteración.

 

*Ininco. UCV.