• Caracas (Venezuela)

Carlos Aguilera

Al instante

La rebelión de los forajidos

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“Dios no puede aprobar la violencia de sus propios principios, de sus leyes fundamentales; por el contrario, Dios ve con horror el crimen de la usurpación, de la tiranía”. Simón Bolívar.

 

El origen del término “gobierno forajido” virtualmente es de reciente data, y su expresión sin duda alguna llama la atención, pese a que se viene aplicando en los foros internacionales y organismos como la ONU, Comunidad Europea, Organización de los Derechos Humanos y otros. ¿Por qué se denomina “forajido” a un gobierno?, suele ser la pregunta que a menudo nos suelen formular.

Esta es la historia de su origen. El entonces presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (abril 2005), coronel del Ejército, fue objeto de rotundo rechazo porque su programa de gobierno no satisfacía a sus súbditos, por lo que el pueblo comenzó a protestar, y la población de Quito tomó las calles para apoyar a los distintos sectores que exigían su renuncia, y por ende la designación de un nuevo gobierno. Indignado por los acontecimientos que durante varios días ocurrieron, Gutiérrez denominó a quienes pedían su salida de la primera magistratura “la rebelión de los forajidos”, expresión que seguramente utilizó con el fin de desprestigiarlos, pero que los manifestantes acogieron el apelativo y lograron voltear su connotación negativa, de tal manera que la rebelión popular que lo depuso recibió esta misma denominación. Lo sustituyó el economista Alfredo Palacio, quien desempeñaba el cargo de vicepresidente.

Las conductas que no se ajustan al libre ejercicio de la democracia en algunos países, como es el caso de Venezuela, ha obligado a que se les denomine “forajidos”, por cuanto en estos predominan el quebrantamiento de las leyes como norma cotidiana, el cinismo como política de Estado, la apología del delito como incentivo para la causa de los pobres, el enriquecimiento ilícito, la promoción del caos como estrategia disfrazada bajo el nombre de “guerra económica”, todo con el perverso fin de sostenerse en el poder, concebido y diseñado en el marco de la criminalidad, narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción administrativa.

Los movimientos de izquierda de Latinoamérica, algunos de los cuales se autodenominan socialistas, enfrentan actualmente una difícil coyuntura, en apenas un par de años. De esta manera en Argentina fue derrotada Cristina Fernández de Kirchner; en Bolivia Evo Morales vio truncada su esperanza de perpetuarse en el poder hasta el año 2021; en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff es objeto de serias investigaciones por corrupción, que según algunos observadores políticos de esa nación carioca es herencia de su predecesor Lula da Silva, quien por cierto fue detenido en días pasados para que compareciera ante un juzgado, por serias evidencias de ilícitos durante su mandato, y a posteriori con la actual mandataria.

Venezuela enfrenta una crisis política, económica y social que alcanza niveles alarmantes y despierta preocupación del mundo, por las severas consecuencias que pudieran sobrevenir. La OEA y la ONU han mostrado interés, pese a no pronunciarse, por razones que llaman poderosamente la atención al pueblo venezolano y a la nueva Asamblea Nacional. Esta crisis es similar a la ocurrida en el pasado siglo cuando el boom petrolero se agotó, lo cual obligó a poner en marcha políticas de ajuste estructural que no brindaron resultados satisfactorios y, por el contrario, generaron una inestabilidad financiera que produjo el aumento del desempleo y la pobreza, y en consecuencia un  malestar general por falta de la reactivación económica. Hoy, estos mismos elementos, sumados a la corrupción, inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, deficiencia en los servicios públicos, expropiaciones, quiebra de empresas y comercios, desempleo, inflación, especulación, violencia y la ausencia de políticas públicas, destinadas a procurar la recuperación del aparato productivo, enfila al país a una enorme convulsión política y social, que ya asoma vestigios preocupantes en Caracas y algunas ciudades del país, en las que se han producido saqueos de unidades de transporte de víveres y de supermercados, lo que contextualiza un movimiento de descontento social y rechazo a la gestión de Maduro, lo cual ha generado en consecuencia manifestaciones y marchas de protesta.

Según expertos constitucionalistas, es latente el conflicto de poderes, tras la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que pone límites a la función contralora de la Asamblea Nacional, la cual entre otras cosas, frena los llamados a comparecer a funcionarios del Ejecutivo y la remoción de los magistrados “exprés” designados por la anterior AN, al mismo tiempo que fueron exceptuados de rendir cuentas ante el Parlamento la fiscal general, el contralor general, el defensor del pueblo, los rectores del CNE y las autoridades de la FANB, sentencia que por cierto fue desestimada por la Asamblea Nacional en su reunión del pasado jueves, por considerarla nula de toda nulidad, pues debió estar firmada por 2/3 tercios de los magistrados y solo firmaron 4.

Otro viso que pone en evidencia la institucionalidad democrática del régimen, es la negativa de aceptar la “Ley de Transparencia”, aprobada en primera discusión en la AN, que permite divulgar los casos de corrupción, como el desfalco de más de 20 millardos de dólares asignados fraudulentamente por Cadivi, y también la caída de las reservas internacionales en 13,5 millardos de dólares, tras el anuncio de la cancelación de un bono global por 1,5 millardos de dólares, que, según reconocidos economistas, el Estado venezolano está procediendo a liquidar los activos. También la negativa de aceptar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada en primera discusión en la AN, muestra el talante nada democrático que exhibe Maduro.

El pueblo venezolano se pregunta hasta cuándo la comunidad internacional se hará de la vista gorda ante tamaña desgracia que afecta a los venezolanos, pues hasta el momento no se han producido contundentes acciones que le pongan freno a este “gobierno forajido”, salvo la solicitud del Senado brasileño de la aplicación de la Carta Democrática, que deberá ejecutar la OEA. La obsecuencia tiene sus límites, y por eso compañeros del fallecido Comandante Supremo, que participaron en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero 1992, junto con 42 personalidades piden, en carta pública que suscriben, la renuncia de Nicolás Maduro, por cuanto consideran  que la crisis “conlleva una peligrosa situación política, social, económica, cultural y ética”.

Venezuela es en los actuales momentos una bomba de tiempo, cuya espoleta solo falta despojarla para que estalle. De allí que sea se haya convertido en un clamor nacional la salida de Maduro, quien subsiste políticamente gracias a una bombona de oxígeno dotada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la sociedad nacional exige la aplicación de algunas de las normas previstas en la Constitución Nacional, como son el revocatorio, la enmienda o la Constituyente, cualquiera de las 3, pero que ponga fin a la  desgraciada suerte que durante 17 años ha tenido que soportar. Con ello se evitará no ocurra una “rebelión de los forajidos”.