• Caracas (Venezuela)

Carlos Aguilera

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El linchamiento

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La palabra linchamiento proviene del verbo inglés “to lynch”, cuyo origen se presume proviene del apellido de un hacendado de Virginia, Charles Lynch, de quien se dice que durante la revolución de la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, solía aplicar su propia ley, a la que la gente pronto llamó Lynch law, hacerse justicia por su propia cuenta. Del apellido de este terrateniente deriva el verbo “to lunch”, para designar la acción de hacer justicia por mano propia y de ejecutar, sin proceso previo y tumultuariamente, a una persona sospechosa de la comisión de un delito.

En nuestro país, últimamente se están generando hechos de esta naturaleza, lo cual explica la incapacidad de determinado segmento de la población a vivir con la creciente violencia urbana, y a ello habría que agregarle la incapacidad de convivencia de una población huérfana de la protección adecuada por parte del Estado, por cuanto jamás ha sido un referente de convivencia en los barrios, sino de manera particular a la incapacidad del régimen chavista de sus propios mecanismos de control social, para hacer frente a estos hechos que alarmantemente están tomando inusitado auge, en la capital de la república y en otras importantes ciudades del país, lo cual sin duda alguna obedece a la ineptitud de las autoridades que deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

En nuestro interés particular por abordar de manera crítica esta terrible situación que vive el pueblo venezolano, y para encontrar una interpretación de este fenómeno, nos hallamos que estudios científicos sobre esta materia revelan que no existe consenso acerca de lo que debe entenderse como “linchamiento”, por cuanto algunos países restringen esta denominación, a aquellos casos en los que se produce el hecho como tal, y otros asumen una definición demasiado amplia, en la que se incluye: venganza familiares, asesinatos por encargo o ejecuciones extrajudiciales. Por tanto, los eruditos y estudiosos de esta materia han optado por una definición intermedia, interpretando el “linchamiento” como una aplicación colectiva de castigos físicos, de manera drástica e inmediata, por parte de pobladores de barrios a personas que incurren en acciones consideradas delictivas o dañinas.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe, dedicada a la investigación, docencia y difusión de las ciencias sociales, en uno de sus análisis sobre este tema expresa que “la reacción social extrema es provocada por dos factores: el alto crecimiento de la delincuencia por una parte y, por la otra, la ausencia o incapacidad de un Estado para cumplir con su función de protección y seguridad pública, generando en consecuencia un sentimiento de inseguridad y deslegitimación de un Estado en la población, la cual ante la falta de vías que le permita manejar dicha violencia en forma positiva se expresa de manera explosiva a través del linchamiento, o lo que es igual, el ajusticiamiento por cuenta propia.

La incidencia de procesos amplios de violencia en la generalización de este fenómeno, su ubicuidad en diferentes espacios sociales, la diversidad y mayor violencia de los castigos, permiten cuestionar los marcos teóricos, a partir de los cuales se han venido explicando e interpretando la presencia de este fenómeno y para la supresión de estas prácticas de violencia es menester restablecer la autoridad y presencia del Estado, fomentando una mayor participación de la población en materia de seguridad pública y de prevención del crimen, y que su presencia no sea simbólica para que pueda garantizar la reducción de estos hechos sangrientos, y una mayor confianza ciudadana, evitando por consiguiente comportamientos que son un serio atentado a los derechos humanos.

La magnitud y extensión real de estos casos, obedece entre otras razones a la ausencia por parte de los cuerpos policiales de un registro sistemático de estos hechos, que generalmente pasan a engrosar la lista de delitos como comunes, en los que simplemente hubo un hecho de sangre, impidiendo en consecuencia un seguimiento adecuado del fenómeno. Por otra parte, la incidencia de hechos de esta naturaleza, su ubicuidad en diferentes aspectos, la diversidad y mayor violencia generan una mayor preocupación en la población, por cuanto observa con natural angustia que este delito toma cuerpo día a día en el país, pese a los más de 18 planes de seguridad que el régimen ha puesto en práctica desde hace 17 años.

En el campo político se habla de linchamiento cuando sin previo juicio y sin suficientes pruebas, un gobierno procesa injustamente a una persona o la somete a persecución moral, como es el caso del líder opositor Leopoldo López, condenado injusta y cobardemente a casi 14 años de cárcel, así como también de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano; Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, y más de un centenar de presos políticos, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios, detenidos en cárceles de todo el país por el solo hecho de manifestar en contra del régimen. La brutal y salvaje agresión física, en días pasados, contra el diputado Julio Borges, y otros parlamentarios que acudieron a la sede del CNE constituye virtualmente casi un linchamiento, en presencia de los efectivos de la Guardia Nacional y policías nacionales bolivarianos, alcahuetes del bandidaje oficial.

Una pregunta que se hacen los venezolanos ante tanto atropello, injusticia, abuso de poder y todo cuanto involucra la violación de los derechos humanos, es la siguiente: ¿Dónde quedó el principio de que la libertad de una persona termina donde se inician los derechos de otra? Es un síntoma más de la pequeñez de un régimen que se dice ser democrático, amante de la paz y al servicio del pueblo venezolano. Notamos con natural preocupación la indiferencia e insensibilidad de cierto sector de la población que al parecer desconoce o dejó de importarle los estropicios que a diario perpetra el régimen contra hombres, mujeres, niños y ancianos de todo el país no solo en las manifestaciones que se registran cotidianamente en todo el territorio nacional, sino también las colas de los supermercados y centros de abastecimiento de los llamados CLAP.

Lo anteriormente señalado refleja, por otra parte, la inconsciencia de algunos venezolanos, el enorme abismo entre el ser y “sus circunstancias”, lo cual  permite que cualquier hijo de vecino transforme el mandato popular en un ejercicio de vanidad personal, sin ningún recato, porque simplemente su poder tiene sustento dolorosamente en la desidia de algunos gobernados. Esta atrofia cívica, también llamada indiferencia o apatía, es el síntoma más evidente de que algunos venezolanos en los últimos años han dejado de lado el rescate de los valores trascendentes, pese a que el régimen está desgastado y cada vez se torna más incapaz, inepto e irresponsable ante el clamor de un pueblo ávido de las necesidades más elementales como alimentos, medicinas, y una mejor calidad de vida. Da la impresión de que ya nadie cree en nada ni nadie, y no le importa un bledo, otorgándoles de paso una patente de corzo a los payasos de turno que dizque gobiernan.