• Caracas (Venezuela)

Carlos Aguilera

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El Fujimorazo de Maduro

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“Es imprescindible la existencia de un sistema de ‘controles y contrapesos’ en el ejercicio del poder, como una única manera de evitar las tiranías”. / Barón de Montesquieu, en su obra Del espíritu de las Leyes.

 

El 5 de abril de 1992 marcó un antes y después en la democracia del Perú, luego de que su presidente Alberto Fujimori propiciara un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas, tras el cual disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial y libró la persecución de algunos líderes de la oposición, medida que contó con el apoyo de 82% de la población ante el desprestigio del Parlamento, según encuestas de la época.

Fujimori justificó su desnaturalizada acción, en el discurso que pronunciara ese mismo día domingo, manifestando que ante “la actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios, que no respetan los mandatos constitucionales, los cuales son violados constantemente, así como otros aspectos tan importantes en la política económica, demuestran la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de la austeridad, eficacia y seriedad del Poder Ejecutivo, lo que ha frustrado muchos proyectos de leyes, por su desidia y holgazanería”.

El depuesto Congreso del Perú siguió reuniéndose inicialmente en secreto y luego sesionando en el Colegio de Abogados de Lima. La primera norma del Congreso fue desconocer a Alberto Fujimori como presidente y nombrar al vicepresidente Máximo San Román como jefe del Estado constitucional del Perú, cargo que asumió el 21 de abril de 1992, es decir, 17 días después, recibiendo la banda de manos del ex presidente Fernando Belaúnde Terry. San Román fue presidente en la sombra hasta el sábado 9 de enero de 1993, cuando el Congreso Constituyente Democrático dictó una ley que declaraba a Fujimori presidente constitucional, ante lo cual San Román hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para deponerlo, pero no tuvo respuesta.

A raíz de los hechos anteriormente señalados, se instauró en el Perú un gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que acarreó a un Congreso Constituyente Democrático, el cual promulgó una nueva Constitución Nacional y permitió a Fujimori permanecer en el poder hasta el año 2000, ante la mirada complaciente de la Organización de Estados Americanos, y de allí en adelante se comenzó a manifestar la figura del “Fujimorazo” o el llamado autogolpe, como la expresión de un ejercicio de poder por parte del Ejecutivo, proclive a conculcar la autonomía de los poderes públicos y de esa manera ejercer la autoridad sin control alguno.

Alberto Fujimori se mantuvo en el poder hasta el año 2000, cuando salió del Perú con el propósito de asistir a una cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico, y terminó refugiado en Japón amparado en su doble nacionalidad. Actualmente, cumple una condena por violaciones de derechos humanos, peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado.

Hasta aquí la novelística historia del Fujimorazo peruano, que poco se diferencia del “autogolpe” propiciado por Nicolás Maduro, quien progresivamente ha ido asumiendo una total postura dictatorial, y con una falsa premisa el pasado 4 del presente mes sentenció que “la prioridad en Venezuela no es hacer elecciones, pues la prioridad es la economía, recuperar la producción”. Y el pueblo venezolano se pregunta: ¿cuál es la prioridad del país, cumplir los caprichos de una revolución socialista, marxista y mal llamada bolivariana, o recuperar ciertamente el aparato productivo del país, es decir, propiamente su economía? Maduro en abierta y franca contradicción había manifestado en anterior ocasión: “Si tras las elecciones parlamentarias, la mayoría derechista de la Asamblea Nacional decide realizar un referendo revocatorio para acabar con mi mandato, iré a combate y el pueblo decidirá. Aquí está la Constitución, si ellos toman el camino del revocatorio, nosotros iremos con la verdad ya consumada de la amenaza de la derecha, iremos a construir una nueva y poderosa mayoría, yo me iré por las calles de Venezuela”.

Y en las calles de Venezuela lo espera el pueblo al que tantas promesas ofrece, pero no cumple. Y a esta que es una de ellas, sus cómplices políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, le hacen coro, uno de ellos el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, quien tras recordar que el inquilino de Miraflores ganó las elecciones presidenciales soltó esta prenda: “¿En que lo justifican? –El revocatorio–. ¿Es que no les gusta? Si no te gusta Maduro, te lo calas”. Para inmediatamente añadir que la oposición no cuenta con las firmas necesarias y que el referendo se usa para justificar la violencia de la oposición. Y no contento con lo anteriormente afirmado subrayó: “No tienen las firmas, son unos mentirosos, las huellas son chimbas, además la Mesa de la Unidad Democrática recogió las firmas fuera de tiempo para justificar justamente la violencia”. Y para cerrar con broche, pero no de oro: “Aquí hay mucho de fascismo y racismo, de una raza que se cree superior”, demostrando con esto último su complejo étnico.

Diosdado Cabello, el otrora implacable presidente de la Asamblea Nacional, dueño y señor del Poder Legislativo durante su mandato, con el cual se enseñoreó, humilló, calló y hasta permitió en su presencia la brutal golpiza de que fueron objeto María Corina Machado y Julio Borges, que no asiste a las sesiones del Parlamento y se dedica a tiempo completo a difamar, injuriar y exponer al escarnio público a sus adversarios políticos en su programa (¿) de televisión que se transmite por uno de los canales del Estado, declara todos los días del mundo que “no habrá referendo ni este año 2016 ni el próximo 2017”.

A los ojos del mundo, el régimen chavista-madurista es visto como una auténtica dictadura que se niega a acatar la letra que contempla la propia Constitución Nacional, aprobada por abrumadora mayoría con el voto de sus militantes cooperantes rojos rojitos, que ocupaban curules en el Poder Legislativo para ese momento. Ya en semanas anteriores 25 ex presidentes latinoamericanos y uno español pidieron al Consejo Permanente de la Organización de Estado Americano y a la Unión Europea mantener una “vigilancia crítica” frente a las alteraciones del orden democrático y constitucional de Venezuela, como reza el documento en referencia en el cual refieren que “el gobierno de Nicolás Maduro desconoce a la Asamblea Legislativa venezolana en el ejercicio de sus competencias constitucionales y no respeta la inmunidad de los diputados, manteniéndolos bajo acoso permanente de autoridades judiciales, militares y policiales”.

Todo este abuso de poder puesto de manifiesto por el régimen de Maduro en los últimos tiempos obligó a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática a solicitar ante la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, mecanismo que se ejecuta en el caso de que se produzca una ruptura del proceso político institucional democrático, o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados miembros de la organización, como ocurre en estos momentos en nuestro país. Con su activación se puede acordar la suspensión temporal de Venezuela del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, y para alcanzar este propósito se requiere del voto de los dos tercios de los Estados que integran este organismo regional. La aprobación de una resolución por parte de una Asamblea General de la OEA condenando el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro representaría un triunfo para los sectores democráticos venezolanos.

El mensaje directo ya lo envío el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Nicolás Maduro hace pocos días, y en el mismo le señala: “Presidente, traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido, eres traidor de la ética de la política con tus mentiras, y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo”.

Si Maduro siguiere haciendo caso omiso de la voluntad del pueblo venezolano, la desobediencia civil no solo es un tema de filosofía política, sino de derecho constitucional y así lo contempla la propia carta magna de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.”