• Caracas (Venezuela)

Carlos Aguilera

Al instante

Acoso del régimen a la prensa

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“La pluma es un fiel instrumento para transmitir con libertad los sentimientos sinceros. La primera de todas es la opinión pública”. Simón Bolívar

 

Bien lo señala el editorial del diario El Nacional, el pasado jueves, cuando afirma que “lo que ha hecho este gobierno forajido con el periodismo venezolano no tiene nombre ni antecedentes en la historia de este país”. Y ciertamente, a uno como periodista y a los miles de lectores de los diarios afectados por la guillotina del patíbulo oficialista, nos invade una tristeza e impotencia de ver un medio impreso como El Carabobeño, nacido el 1° de septiembre de 1933, con 82 años a cuestas, y que había soportado las cruentas dictaduras de Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez, parar su rotativa un jueves aciago, como el de la semana pasada, por culpa de un régimen que se precia y predica ser amante de los derechos humanos, libertad de expresión y de prensa.

Un estigma para un gobierno que se ufana de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos y sociales, pero que en su desenfreno muestra las garras de una dictadura que viola sin empacho alguno hasta la propia Constitución Nacional. Compungido por esta situación el presidente editor del diario, Eduardo Alemán, manifestó que: “300 trabajadores del diario amanecemos con una inmensa tristeza y angustia, pues, pese a haber realizado todas las gestiones con la Corporación Maneiro, no se atendió nuestra solicitud y por tanto no se nos otorgó el papel que se requería para seguir circulando. Fueron  15 años que veníamos sufriendo un sinfín de agonías”. A todas luces, se trata de la censura e intimidación del régimen hacia la prensa independiente.

Pero allí no para el asunto. La justicia roja rojita condenó a cuatro años de prisión al director del Correo del Caroní, David Natera Febres, por la publicación de informaciones relacionadas con casos de corrupción de CVG Ferrominera Orinoco, durante el año 2013. Estamos en presencia de un atropello a la libertad de expresión perpetrado por un régimen totalitario, socialista y comunista, para el cual los medios y los periodistas somos agentes de propaganda política y, lo más grave, hasta de conspirar contra el gobierno. Esta torpe acción, que no solo coarta la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía de estar debidamente informada, ha sido objeto del repudio general de una mayoría del país, la cual muestra su solidaridad con los diarios El Nacional, Tal Cual, Correo del Caroní y La Patilla.

La tozuda intemperancia del régimen llega a extremos impensados para con los medios de comunicación social, que por el solo hecho de publicar informaciones que dibujan la realidad de todo cuanto acontece en el país, utiliza subrepticiamente métodos propios de gobiernos dictatoriales al negarles a diarios como El Nacional, El Impulso, El Carabobeño y otros cuantos más de provincia, el abastecimiento de papel a través de una corporación que lleva el nombre de un conocido hombre de izquierda que, seguros estamos, en vida se hubiese opuesto a esta patraña, que a la luz de los acontecimientos marca más aún a Venezuela como país forajido, en el que se vulneran todos los derechos ciudadanos.

Ya en el escenario internacional, vale decir ONU, OEA, CIDH, Comunidad Europea y otros tantos, existen denuncias contra el régimen de Venezuela, sobre la violación de la carta magna y de los derechos humanos, y del salvaje atropello de que han sido víctimas mujeres y hombres que ejercen la profesión, a manos de delincuentes disfrazados de defensores de la revolución bolivariana, que no pierden ocasión para hacer alarde de su valentía con armas de guerra, que lucen a la vista de la Guardia Nacional, Cicpc, Policía Bolivariana y demás cuerpos de inteligencia.

Denunciar es encarar con valentía, distinción y coraje, para desnudar la verdad sin desdibujar imágenes o lacerar la dignidad de personas e instituciones, públicas o privadas. Nuestro país que tanto se preciaba de ser el paraíso y mina de recursos en general, enfrenta situaciones que desdibujan su imagen, como consecuencia de la descarada corrupción, falta de alimentos y medicinas, desempleo, galopante inseguridad, represión contra quienes enfrentan las políticas del régimen, ineptitud, incapacidad y negligencia en el manejo de la cosa pública, amén de la grosera descalificación que expone al escarnio público a hombres y mujeres que se empeñan en dar al traste con esta horrible pesadilla.

La Venezuela maravillosa revestida de paz y de bonanza de pronto se ha visto severamente comprometida y afectada con tantos escándalos y exabruptos, algunos de los cuales fueron denunciados hace mucho tiempo, pero que gracias a la actitud cómplice de quienes detentan el poder aún no han sido corregidos, pese a que en el propio seno del partido de gobierno quien fuera ministro de Economía, Jorge Giordani, denunciara en cierta ocasión que empresas de maletín habían obtenido más de 24.000 millones de bolívares. A esto se suman otras tantas denuncias, que desde antes de fallecer el autor de la debacle económica, social y política que estamos viviendo los venezolanos, algunos medios de comunicación la hicieron pública. Las respuestas de quienes se dicen ser víctimas de estas denuncias que las califican de difamación jamás se dieron a conocer y por el contrario dejaron en evidencia una descarada complicidad e impunidad, pues tomaron el atajo de acallar dichas acciones fraudulentas mediante cobardes acciones, propias de seres viles.

A diario se escuchan tópicos que marcan el avance del siglo, de las ciencias, de los caminos de la excelencia, del exterminio de la corrupción, de la implementación de la tecnología y, sin embargo, contemplamos en nuestro país cómo pretenden acallar temerariamente, a quienes solo cumplen su sagrado deber de informar oportuna y verazmente, en su afán de sacar a la luz pública verdades y realidades que molestan e indisponen a quienes se enseñorean con el poder. Se ha tornado cotidiano que el insulto y descalificación sea el arma de guerra, de tal manera que desde Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional y unos alabarderos del periodismo que utilizan la señal del canal otrora de los venezolanos en supuestos programas de opinión (¿) insultan a su libre albedrío a quienes adversan al régimen.

Esta torpe reacción de los oficialistas enchufados en el poder se puede interpretar como su poca, o ninguna actitud de tolerancia, para confrontar y afrontar los juicios basados en el compromiso que tenemos los periodistas de fiscalizar y comprobar hechos de corrupción con dineros del erario nacional, y que al verse descubiertos pretenden convertirse en víctimas y niegan a toda costa las barbaridades que han cometido, desconociendo por antonomasia que quienes ejercemos el periodismo, somos unos trabajadores sociales al servicio del colectivo y que es nuestra ineludible obligación defender sus intereses, y por tanto denunciar lo corruptible, lo corrupto y al corruptor.

El régimen acusa a los medios independientes de estar aliados con sectores golpistas, y para ello utiliza los inmensos recursos del Estado, y financia medios impresos, radioemisoras y televisoras para, con el pretexto de “combatirlos”, mantener un inmenso poder mediático, con los que hace alarde de supuestos logros, siempre con el marcado tinte populista y demagógico en sus mensajes. Para colmo, y haciendo alarde de su extremada “convicción democrática”, ordena la prohibición de salida del país a 22 editores y periodistas, y les niega el suministro de papel a través de la Corporación Maneiro a diarios independientes, algunos de los cuales en  los estados Monagas, Táchira, Lara y Portuguesa no circularán durante la Semana Santa para ahorrar papel.

Son procedimientos que se reflejan en el estado de ánimo de los venezolanos, que no solo los repudian, sino que los consideran violentos por no entender y valorar la libertad en toda la acepción de la palabra. Maduro y su régimen se ufanan de que en el país se ejerce una libertad de expresión sin límites ni sanciones, pero al mismo tiempo condena y persigue a quienes manifiestan su repudio, demostrando de esta manera su talante autoritario, pues usa la ley para su provecho y se torna inmune e impune ante ella.

Si observamos que a lo largo de estos 18 años las libertades públicas han sido menguadas, comprenderemos sin duda alguna, que en nuestro país un régimen autoritario y dictatorial se niega a admitir el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.