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“Mi hijo perdió un ojo en el refugio”

Las familias del albergue Simón Bolívar, de El Paraíso, pidieron justicia para los heridos en una protesta por viviendas

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Antony Javier Meza, de 18 años de edad, perdió el ojo izquierdo dentro del refugio Simón Bolívar, en El Paraíso, el miércoles pasado. “Ese día salimos a la calle para protestar por la lentitud en la entrega de viviendas, pero la Guardia Nacional entró al albergue y disparó perdigones con la intención de meternos a la fuerza”, contó Flor Medina, madre del joven.

Meza estuvo cinco días postrado en la cama de una clínica, en Sabana Grande. Los encargados del refugio, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierras, pagaron el tratamiento médico en el centro de salud privado y prometieron enviar al joven a un hotel durante una semana. “Mi hijo perdió un ojo en el refugio. Nada hará que recupere la vista. Ya denunciamos el caso en la Fiscalía General y esperamos que se haga justicia”, dijo Medina.  

Otras dos personas resultaron heridas en el refugio debido a la arremetida de los militares que denuncian los damnificados: Roswit Sosa, de 16 años de edad, y un bebé de 6 meses.

Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aseguró que en estos casos el Estado debe indemnizar a las víctimas por tratarse de una violación de los derechos humanos: “Esto evidencia una vez más que los cuerpos de seguridad no están preparados para atender estas situaciones”.

Otra protesta. En el refugio Simón Bolívar volvieron a salir a las calles para protestar ayer en la mañana por los heridos del miércoles. También pidieron viviendas. “De 550 familias sólo quedamos 290 en el refugio porque el resto decidió irse a casa de allegados. Sólo 23 han sido adjudicados y ya tenemos 2 años y 3 meses sin respuestas”, indicó Mariele Sol, damnificada.

Las familias se asentaron con pancartas alusivas a su situación por más de seis horas en la sede de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, en Sabana Grande. Solicitaron reunirse con el coronel Jesús Viñas, director general del organismo, pero no fue posible porque no se encontraba en el sitio. “Pudimos hablar con dos funcionarios, pero no nos dieron una respuesta concreta”, señaló Aleida Briceño, otra damnificada.

Denunciaron que se les adjudicaron viviendas en la Opppe 45 de Santa Mónica y en las residencias Deleite de Cúa, pero no se ha cumplido con la promesa. “El primero no está terminado y el otro urbanismo ya está ocupado”, señaló Briceño.