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En los apartamentos de Misión Vivienda todavía no tienen fecha de cobro

Misión Vivienda Venezuela / William Dumont

Misión Vivienda Venezuela / William Dumont

En algunos edificios construidos por el Estado consideran que se debe aplicar la medida de forma justa

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Los afiches en la entrada de Jabillos I, en la avenida Libertador de Caracas, advierten que en el edificio pocos pudiesen estar dispuestos a pagar por los beneficios de la Misión Vivienda. “Esos son deudores del condominio, que establecimos en enero para mantener el edificio en condiciones aceptables. Hay personas que no pueden cancelar porque están en una situación precaria y se les pone a limpiar en compensación, pero otros simplemente se oponen a hacerlo sin motivos”, señaló Maritza Rodríguez, una vecina. 

El presidente Nicolás Maduro aseguró el jueves en el estado Barinas que se aproxima el momento de cancelar las viviendas otorgadas por el programa social: “De acuerdo con las leyes, los cálculos justos, cada quien debe pagar su vivienda. Nosotros hemos entregado 381.000 apartamentos, pero nadie está pagando ni medio. ¿Cómo vamos a sostener el gasto y la inversión para las viviendas en los próximos años? ¿Haciendo magia?”.

La palabra del jefe del Estado no se cumplió de inmediato. En cinco urbanismos de la Misión Vivienda se desconocía el monto a pagar por cuotas, tampoco contaban con la visita de algún funcionario que notificara sobre la medida. “Nadie se ha acercado para decirnos cuánto debemos cancelar o cómo se va hacer, pero estamos dispuestos a contribuir con el pago. Sólo esperamos que sea ajustado a las condiciones de las personas”, dijo Pedro Salas, que reside en un edificio de Montalbán, otorgado por el programa social.

La fecha de cobranza es desconocida. El Gobierno no ha anunciado el inicio del pago. “Imaginamos que se evaluarán casos pues hay personas que tienen tres meses en un apartamento y otras más de un año. Nos preguntamos si eso representa una deuda acumulada. No queremos que se vuelva un proceso capitalista”, indicó una beneficiaria en Ciudad Tiuna que no quiso identificarse.

En los urbanismos de la Misión Vivienda predomina la voluntad de pagar. Sin embargo, muchos consideran que se debe ser justo al momento de cobrar. “No todas las personas tendrán las mismas posibilidades de cancelar pues hay muchas madres solteras o sin empleos. Pero estamos convencidos que el cobro será justo y que deberá tenerse conciencia. Nuestros apartamentos, por ejemplo, tienen un valor de 290.000 bolívares”, dijo Sunei Rivas, vecina del edificio OPPPE 19.


Participación. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, manifestó ayer su voluntad de trabajar con el Gobierno en la Misión Vivienda. Indicó que desean ampliar la capacidad de construcción de casas en el país. “En atención priorizada a las familias damnificadas, pero también para atender la demanda general”, señaló.

Propuso al Gobierno mejorar las condiciones de las viviendas. “Podemos, en cambio, trabajar de forma conjunta e inclusiva para que todos tengamos mejores viviendas, y que el acceso a su compra sea efectivamente viable. Eso se logrará a través de la incorporación del sector privado, que es una fuerza productiva inmensa que desea activarse”.


Recaudaciones

El presidente Nicolás Maduro instó el jueves a recaudar los cobros de los apartamentos a través del Fondo Central de Viviendas. “Nosotros necesitamos, compañero Ricardo Molina (ministro de Vivienda y Hábitat), ya se lo hemos insistido, establecer un sistema para que todas las familias que se le entregue una vivienda tenga una relación y en la medida de sus ingresos”, dijo.   

Sin embargo, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat está encargado del cobro de los apartamentos otorgados por el programa social, según Gaceta Oficial número 39865, publicada el 15 de febrero de 2012. De acuerdo con fuentes del organismo, ayer se evaluaba en reuniones la aplicación de la medida: “Hay censos que evidencian las condiciones socioeconómicas de las familias que gozan de la Misión Vivienda. Los precios están fijados y son acordes a lo que pagó el Estado. Continuaremos en evaluaciones”.

Inclusive Banavih está autorizado para ejercer “acciones judiciales, extrajudiciales y aquellas que considere necesaria para la recuperación de los recursos invertidos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, según la Gaceta Oficial número 39865.