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Tribunal negó reconocimiento legal a parejas del mismo sexo

José Ramón Merentes y su pareja agotarán los recursos judiciales internos para acudir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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José Ramón Merentes y Roberto Di Giácomo integran una pareja desde hace 17 años y el 22 de noviembre celebraron su matrimonio en Buenos Aires. En la capital de Argentina se enteraron que el 31 de octubre de 2013 la jueza 1° de municipio de Caracas, Zobeida Romero Zarzalejo, rechazó la solicitud que le habían formulado hace ocho meses y medio antes para que reconociera la legalidad de su unión estable de hecho.

La petición, que no tiene precedente en el país como tampoco la decisión del juzgado, realizada por el politólogo Merentes y el abogado Di Giácomo, así como otra pareja homosexual integrada por los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela Rafael Lozada y José Jaspe, estaba fundamentada en la Ley Orgánica de Registro Civil, vigente desde el 15 de septiembre de 2009. El artículo 117 establece que las uniones estables de hecho se registrarán mediante manifestación de voluntad, documento auténtico o público o decisión judicial.

La ley se refiere a la manifestación "efectuada entre un hombre y una mujer". Sin embargo, las dos parejas invocaron la sentencia 190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 28 de febrero de 2008: “Un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la colectividad”.


Interpretación restrictiva. La jueza Romero Zarzalejo utilizó otros párrafos de la misma sentencia del máximo tribunal para señalar que la protección legal limitada al matrimonio y uniones de hecho heterosexuales no constituye discriminación respecto de la uniones de hecho integradas por personas del mismo sexo, toda vez que es legítimo tratar desigual a los desiguales.

La sentencia del Tribunal 1° de municipio cita el desarrollo doctrinario de María Candelaria Domínguez Guillén en un trabajo publicado en 2008: “No pareciera que nuestro ordenamiento actual… permita sostener la asimilación del matrimonio y concubinato por un lado, y con las uniones de hecho estable homosexuales, por el otro”. Inclusive, se argumenta que sería necesaria una reforma de la Constitución.

Merentes, que dirige la organización no gubernamental Unión Afirmativa pionera en la defensa de los derechos de la comunidad venezolana de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, considera que la jueza se afincó en la parte más restrictiva del fallo del Tribunal Supremo de Justicia y desconoció los estándares internacionales que brindan tutela jurídica a las uniones de hecho de personas del mismo sexo.

Anunció que, sin mayor esperanza de éxito, agotarán los recursos judiciales internos para elevar su demanda al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.