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Piden respeto al derecho a la educación

TSJ admitió recurso contra la Resolución 058. La solicitud de suspensión de la medida también será evaluada

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La Red de Padres, Madres y Representantes denunció ante la Defensoría del Pueblo la violación del derecho a la educación por la suspensión de clases del 12 de diciembre al 7 de enero, anunciada por el Ministerio de Educación debido a los comicios regionales.

Lila Vega, directora principal de la red, recordó que la medida anunciada por la ministra Maryann Hanson incluye planteles que no funcionarán como centro de votación, como los del municipio Libertador, en Caracas.

“Ella había actuado muy bien cuando anunció que las clases serían hasta el 21 de diciembre, pero luego cambió la decisión que viola el derecho de los niños”, dijo.

La red cita el artículo 8 de la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente, que garantiza el interés superior de los niños cuando exista conflicto entre sus intereses y los de otra índole.

“El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías, de manera de restringir el número de días de suspensión de clases con motivo de las elecciones del 16 de diciembre”, indica el texto de la denuncia.

Recurso admitido. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso que interpuso la red de padres el 8 de noviembre en contra de la Resolución 058, que crea los consejos educativos.

El juzgado de sustanciación de la Sala Político Administrativa ordenó la publicación de un cartel de notificación en un diario de circulación nacional con el objetivo de que los interesados comparezcan a hacerse parte y se informen acerca de la fecha en la cual se realizará la audiencia de juicio.

En cuanto a la solicitud de que se suspendan temporalmente los efectos de la resolución hasta que los magistrados resuelvan el fondo del asunto, el juzgado de sustanciación ordenó enviar la petición a la Sala Político Administrativa para que decida.

Se ordena notificar a la fiscal general, a la procuradora y la ministra de Educación.