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Misión Vivienda hizo más crítico el déficit de estacionamientos

Misión Vivienda / Raúl Romero

Misión Vivienda / Raúl Romero

Los propietarios de los apartamentos de interés social y sus vecinos se ven obligados a estacionar en la calle. Faltan al menos 800 garajes en la Gran Caracas

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La avenida Libertador se transformó en un estacionamiento improvisado a la altura de Los Jabillos. Una hilera de vehículos aparcados frente a una de las construcciones de la Misión Vivienda resta un canal a la vía y causa congestionamiento en la zona. En promedio, 400 vehículos pueden circular por el área cada hora, pero esta capacidad disminuye debido a que los habitantes del edificio de interés social están obligados a estacionarse en la calle pues la construcción no cuenta con estacionamiento.

Un estudio realizado en 2010 por la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos evidenció que en la Gran Caracas existe un défi cit de más de 740.000 puestos de estacionamiento. "En la ciudad hay alrededor de 800 estacionamientos y harían falta cerca de 800 más para saldar el défi cit", dijo Luis Benigno, presidente de Anpage.

Entre 2010 y 2011, el Ejecutivo ordenó la expropiación de más de 100 parcelas que funcionaban como aparcamientos para responder a la necesidad de vivienda de 32.000 familias que quedaron damnifi cadas en el área metropolitana. Aunque se hicieron las viviendas, estas no incluían un lugar para estacionar.

María Villamizar, adjudicada en el conjunto Los Jabillos en diciembre, afirmó que su esposo es uno de los que se ven obligados a parar su vehículo en la calle: "Hay varias familias con carro y hemos estado averiguando por un lugar para parar el carro en la noche que nos quede cerca. Parar en la calle es riesgoso y complicado. A veces mi esposo llega a las 5:00 pm y no puede subir a la casa hasta las 7:00 pm, esperando que un puesto se desocupe".

El Reglamento Especial de Zonificación para la avenida Libertador, vigente desde 1991, especifi ca que dentro del área de la parcela en construcción habrá espacio para estacionar un vehículo por vivienda. Valentín Urbina, urbanista, señaló que la zonifi cación está defi nida por variables urbanas fundamentales que dependen de la densidad y el uso que se dé a las parcelas. "La avenida Libertador, por sus características, tiene una regulación especial. Además, cada proyecto debe presentar un estudio de impacto vial que diga cómo se verán comprometidas las vías aledañas. La Misión Vivienda se ha saltado todos estos pasos", manifestó.

Calidad mermada. En Santa Rosa expropiaron un estacionamiento y varios talleres mecánicos para edificar 240 viviendas. En el terreno que ocupaba el estacionamiento se prevé desarrollar el Polideportivo Santa Rosa, pero no se ejecuta ninguna obra en el sitio.

Las familias adjudicadas en ese lugar no cuentan con estacionamiento para vehículos, pero sí para motos. En Los Jabillos el garaje para motos forma parte del proyecto, pero aún no se ha ejecutado. En Bellas Artes, los habitantes del edifi cio entre las avenidas Bolívar y México no tienen esta alternativa y pagan 10 bolívares diarios para aparcar las motos en un estacionamiento cercano.

"Una cosa es que atiendan la necesidad de vivienda de un grupo importante de ciudadanos y otra que se limite la posibilidad de esas familias de mejorar su calidad de vida. No se puede desarrollar armónicamente una ciudad si no se contempla la demanda de servicios públicos conexos a esas edifi caciones", dijo Eddy Luz Cristiani, presidente del Instituto Metropolitano de Transporte.

El déficit de estacionamientos se hace palpable en el centro de la ciudad. Allí, mediante un decreto presidencial aparecido en la Gaceta Oficial 39588 del 6 de enero de 2011, se ordenó la adquisición forzosa de 20 lotes de terrenos que funcionaban como garajes en las parroquias Altagracia, Santa Rosalía, San José y Santa Teresa. En esas parcelas la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales ejecutaría "viviendas dignas para el pueblo", según establece el decreto. La medida agregaba que la Procuraduría sería el órgano responsable de tramitar la expropiación, pero han pasado 28 meses y ningún propietario ha sido indemnizado.