• Caracas (Venezuela)

Gran Caracas

Al instante

Manuel Briceño: No se reducirán competencias de las alcaldías

El Fondo Nacional para la Ordenación del Territorio garantizará los recursos para la creación y ejecución de los planes | Foto: Alexandra Blanco

El Fondo Nacional para la Ordenación del Territorio garantizará los recursos para la creación y ejecución de los planes | Foto: Alexandra Blanco

El proyecto de ley orgánica para la ordenación y gestión del territorio se llevará a segunda discusión en noviembre 

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El período de consulta pública del proyecto de ley orgánica para la ordenación y gestión del territorio culminará el 30 de septiembre. En la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional preparan la redacción del informe y los ajustes del texto para someterlo, a principios de noviembre, a segunda discusión en la plenaria del Parlamento.

Manuel Briceño Méndez, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la comisión, negó que de aprobarse el proyecto se les restará poder a las autoridades municipales en materia de ordenación territorial y urbanística: “Se quiere hacer ver que esta ley busca limitar y reducir las competencias de alcaldías y gobernaciones, lo cual no es cierto. Al contrario, estas instancias mantienen sus competencias y las amplían porque sus gestiones abarcarán todo el sistema urbano”.

Briceño explicó que el proyecto en discusión responde al artículo 128 de la Constitución que establece que una ley orgánica fijará los principios para que el Estado desarrolle una política de ordenación del territorio. El parlamentario aseguró que los planes de desarrollo urbano local, elaborados por las alcaldías, no se contradicen con las disposiciones del texto y se seguirán su curso, junto a planes de desarrollo de las áreas rurales.

Materia estratégica. Briceño aclaró que en materia de ordenación territorial no es novedad que el Presidente sea la máxima autoridad por tratarse de un asunto estratégico para el desarrollo del país. “Cada quien tiene un marco de competencias y las ejerce en un territorio específico. No hay solape de responsabilidades. Hay articulación y complementariedad”, dijo.

Con relación al nombramiento de autoridades y formación de comisiones para el desarrollo, la norma prevé la creación de un Fondo Nacional para la Ordenación del Territorio. Según Briceño, esta es una de las innovaciones del documento, pues garantiza que cada ente desarrolle el plan en el momento oportuno: “Antes los planes de ordenación no tenían una base financiera segura y se iban postergando, según la disponibilidad de los recursos ordinarios de las gobernaciones y alcaldías. El dinero del fondo debe ser asignado por el presupuesto nacional y está dirigido a hacer los planes y que se ejecuten”.

El diputado aseveró que esta norma actualiza la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de 1983, y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, de 1987; por tanto se justifica la derogación de ambas leyes con su aprobación. Afirmó que corresponderá hacer una ley especial para el ordenamiento urbano y urbanístico, sin que eso implique un vacío legal: “La LOOU aplicará hasta que haya una nueva ley y sobre esa materia estamos trabajando. También se necesita un instrumento específico que regule la ordenación del ámbito rural”, explicó.

En discusión

El proyecto de ley orgánica para la ordenación y gestión del territorio declara de orden público todas las normas relativas a la ordenación del territorio. Para ejercer la autoridad en esta materia designa al Presidente de la República como suprema autoridad y al Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional. Incluye, además, una autoridad regional, estadal, municipal, distrital y del Distrito Capital, así como la creación de una Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, Comisión Técnica Nacional y comisiones regionales, estadales y municipales en su mayoría conformadas por representantes del Poder Ejecutivo. También se crea una Red Nacional de Observatorios Permanentes, aunque la ley no especifica quiénes la conformarán.

La norma consagra el derecho a la información y a la participación ciudadana en los planes de ordenación del territorio. Cada consejo comunal podrá designar a un representante para que se incorpore en las discusiones de los planes de ordenación en el ámbito local.