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Legislación ha perjudicado a más 200 propietarios

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

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El Centro de Clínica Jurídica de la UCAB introdujo en el TSJ una acción popular de inconstitucionalidad contra la Ley de Arrendamiento

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En el Centro de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, en Montalbán, están alarmados por la cantidad de afectados por la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas y el Decreto contra Desalojos Arbitrarios. “Desde noviembre se levantó un censo y el resultado fueron 200 casos, aproximadamente. Son personas que usualmente sólo tienen una vivienda y depende de la renta”, indicó Aura Lehmann, directora del organismo.
La directora del Centro de Clínica Jurídica acudió ayer en la mañana al Tribunal Supremo de Justicia con 10 afectados por la legislación, para introducir una acción popular de inconstitucionalidad contra la ley y el decreto. “Si las personas pueden dejar de pagar por una causa justificada, no hay problemas. Pero hay casos que no son así y someten a muchos propietarios a condiciones difíciles. Suelen argumentar que esperan la regulación de los inmuebles para pagar. Sin embargo, la Superintendencia de Inquilinato no está regulando los inmuebles”, dijo Lehmann.

Atado por la ley. Ana Ángela Aronica es uno de esos casos. La herencia de sus padres fue un apartamento en El Paraíso, que fue alquilado. “No soy la única propietaria, también le pertenece a mis dos hermanos. El contrato de arrendamiento se venció hace cuatro años, pero no fue desocupado. Introdujimos una demanda en tribunales contra los inquilinos, pero salió la nueva ley y todo se paralizó”.
Una hermana de Aronica necesita el apartamento. “Ella y su familia quieren mudarse a Caracas por motivos de salud, pero no tienen recursos suficientes para comprar una vivienda. Los inquilinos se niegan a desalojar, no pagan condominio y el alquiler son 800 bolívares”, destacó.
La propietaria asegura que el Gobierno debería estudiar con mayor énfasis los casos de viviendas alquiladas: “No todos tienen los mismos problemas. Yo, por ejemplo, me opongo al desalojo arbitrario, pero hay personas que se aprovechan de la ley para sacar beneficios”.

Acuerdo
Mirian Manzano, de 70 años de edad, iba a firmar anoche un acuerdo escrito con el inquilino de su apartamento, en el edificio Suite Palace de Sebucán. “El domingo decidí hacer vigilia hasta el martes para recuperar mi única vivienda. Pero se llegó a un convenio de forma pacífica: el 9 de septiembre tendré nuevamente un sitio para vivir”, relató.
Manzano reclama la devolución de su apartamento desde 2011, pero el inquilino se había negado a desocuparlo.