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Expropiados exigen pago de indemnización por terrenos

Grupos de personas que le han sido expropiados sus terrenos desde hace dos años y aún no le han cancelado | WILLIAM DUMONT

Grupos de personas que le han sido expropiados sus terrenos desde hace dos años y aún no le han cancelado | WILLIAM DUMONT

Dos años después de haber sido desalojados de sus propiedades, no han recibido el pago prometido por el Gobierno

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Un grupo de propietarios de estacionamientos y terrenos expropiados en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía, San José y Altagracia acudieron ayer a la Procuraduría General de la República para exigir el pago por las indemnizaciones que les ofrecieron. Los expedientes de esos casos llevan 28 meses sin respuesta.
Los afectados aseguraron que están en un limbo jurídico. Desde el 15 de diciembre de 2010 sus propiedades fueron desalojadas y ocupadas por funcionarios de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, así como por el CORE 5, sin que hasta la fecha se haya cumplido el artículo 5 del Decreto 7981, del 6 de enero de 2011, que establece que el Ejecutivo nacional debe pagar una justa indemnización, como consecuencia del traspaso de las propiedades a la Nación.
“Nos atendieron en la Gerencia de Litigio y nos explicaron que no estaba en sus manos ayudarnos, pues no tienen ni facultades ni capacidad para hacerlo. Dijeron que en nuestro caso el organismo que tiene que ofrecernos una respuesta debe ser la Opppe”, declaró Calógero Alotto, uno de los propietarios que ayer acudió a la Procuraduría.
Alotto deploró que esa institución no les ofrezca respuesta clara, cuando según el decreto de expropiación indica que es el ente responsable de hacer el traspaso. Lamentó, además, la paradoja de que en la mayoría de los terrenos tomados se hayan construido viviendas y que incluso familias enteras estén viviendo allí, mientras los propietarios originales de esos terrenos se quedaron en la calle, sin trabajo y sin recibir resarcimiento.

Arreglos no amistosos. Los afectados rechazaron enérgicamente que el Gobierno desconozca sistemáticamente los acuerdos suscritos por las partes. Dijeron que han expuesto su tema con cinco procuradores distintos, sin que ninguno les haya dado una solución.
Aseguraron que en mayo de 2011, y tras varias reuniones, se firmaron actas de advenimiento y arreglo amigable para designar las comisiones de avalúo, pero 13 meses después de haber acordado un pago, es decir, en junio de 2012, la Opppe desconoció las cifras y disminuyó el valor de cada inmueble en 76%. Denunciaron entonces que pretendían cancelarles el precio que tenía el terreno al momento de su adquisición, sin tomar en cuenta la inflación ni las bienhechurías y que los acuerdos se basaron en la Ley de Expropiaciones.