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Crearon grupo en defensa de la propiedad

Acudieron a la Fiscalía para apoyar el ayuno de 12 horas de Manuel Sánchez | Foto:Juan Carlos Neira / El Nacional

Acudieron a la Fiscalía para apoyar el ayuno de 12 horas de Manuel Sánchez | Foto:Juan Carlos Neira / El Nacional

Los miembros del Movimiento 115 están afectados por expropiaciones y apropiación de viviendas por parte de arrendatarios

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Manuel Sánchez y Joel Díaz tienen pocas cosas en común. El primero nació y se crió en la carretera vieja de Los Teques; el segundo es pastor en una iglesia cristiana. Se conocieron hace poco, pero ambos forman parte del Movimiento 115 Constitucional, que agrupa a ciudadanos que han sido afectados por medidas gubernamentales que atentan contra la propiedad de alguno de sus bienes.

Los miembros del grupo trabajan porque se haga efectivo el pago de expropiaciones de terrenos de estacionamientos, fondos de comercio y viviendas. También forman parte propietarios que han alquilado algún inmueble y no logran que el inquilino les restituya su bien. Ayer, Sánchez cumplió un ayuno de 12 horas –desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm– frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, para exigir que el Metro Los Teques concrete el pago de la expropiación de 269 viviendas en la carretera. Sánchez estuvo acompañado de varios miembros del movimiento, entre ellos Díaz, quienes aprovecharon para entregar un documento en la Fiscalía para solicitar a ese despacho que interceda en cada una de sus causas.

“En 2004 el Metro empezó las detonaciones para la construcción de la vía. Eso aceleró el deterioro del terreno, hubo deslizamientos y las viviendas comenzaron a agrietarse. La empresa reconoció los daños y comenzó las expropiaciones. En marzo de 2008 fue ordenada la compra de 269 viviendas en el sector El Guanábano, pero se perdió el dinero y quedamos viviendo entre las ruinas”, explicó Sánchez. Las familias esperan que se concrete la transacción en efectivo o que les den a cambio un apartamento de la Misión Vivienda, ofrecimiento que aseguran les hizo Elías Jaua cuando era vicepresidente, en abril de 2011.

Díaz, por su parte, es pastor del Centro Cristiano Imperial. Afirmó que durante tres años los miembros de la iglesia reunieron para comprar un terreno en Santa Rosalía y construir un templo en el sitio. “A los 15 días de haber hecho la compra nos invadieron el terreno y luego nos informaron de su expropiación para ser utilizado por la Misión Vivienda. En junio de 2011 nos llamó la Procuraduría para hacer un arreglo amigable. Se hizo un avalúo y nos iban a pagar 4 millones de bolívares; nosotros aceptamos, pero no nos dieron el dinero. Al año siguiente volvieron a llamarnos, nos ofrecieron 2 millones, aceptamos, pero tampoco nos dieron el dinero, por eso decidimos unirnos al movimiento”.

Instancias agotadas. El Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler está constituido por 840 afectados. Marisa Fariña, coordinadora de la red, señaló que son víctimas de la aplicación de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas: “Tenemos dos casos que han agotado la vía administrativa y judicial, la Superintendencia de Arrendamiento les consiguió refugio a los inquilinos, pero no se ha podido ejecutar el desalojo porque los movimientos sociales, que por ley deben ser notificados del procedimiento con 90 días de antelación, no lo han permitido”.

Si bien cada caso es distinto, quienes forman parte del Movimiento 115 –llamado así por ser ese el número del artículo de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad– aseguran haber acudido a la Presidencia, Vicepresidencia, Defensoría, Fiscalía y las instancias asociadas a su situación particular, sin lograr una respuesta a sus demandas. 

Exigen reivindicaciones

Los trabajadores que fueron despedidos y reenganchados de la Alcaldía Metropolitana protestaron ayer en la sede de la institución para exigir que homologuen sus salarios al sueldo mínimo. Explicaron que no han recibido ninguno de los aumentos decretados este año.

Bernardo Ávila, vocero de los manifestantes, denunció que la alcaldía maneja una nómina paralela y las 1.250 personas reenganchadas por orden del Tribunal Supremo de Justicia no cuentan con los mismos beneficios que los otros empleados de la institución.

Helen Fernández, directora general del Despacho de la Alcaldía Metropolitana, respondió que han hecho esfuerzos para regularizar el pago de los sueldos. Fernández señaló que en la Asamblea Nacional fue aprobado un crédito adicional para la nivelación del salario mínimo en las alcaldías, del cual excluyeron a la Metropolitana.