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Exigen investigar a Iturria y a Sader por crisis de radioterapia

Pedro Martínez Lattuf, quien presidió la Sociedad Venezolana de Mastología, acompañó a los denunciantes | Foto: Fabiola Zerpa

Pedro Martínez Lattuf, quien presidió la Sociedad Venezolana de Mastología, acompañó a los denunciantes | Foto: Fabiola Zerpa

Exministros, miembros de sociedades científicas, activistas y 40 diputados piden establecer responsabilidades 

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La crisis de los centros públicos de radioterapia unió a un grupo de venezolanos que ayer acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para reclamar el comienzo de una averiguación que establezca si Eugenia Sader, exministra de Salud, y su sucesora, Isabel Iturria, tienen responsabilidades penales por acción u omisión por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo que hace fallar de manera recurrente los equipos para darle tratamiento a enfermos de cáncer.

Exministros, dirigentes de sociedades científicas, académicos, activistas de organizaciones de derechos humanos y 40 diputados opositores de la Asamblea Nacional suscribieron un documento en el que argumentan que las fallas de las salas de radioterapia –las cuales fueron reconocidas en agosto por la viceministra Nuramy Gutiérrez– constituyen una violación del derecho a la salud de los pacientes oncológicos. Marino Alvarado, director de Provea, calificó de negligente la actuación estatal y dijo que hay fallecidos por las interrupciones del servicio: “El Estado debe garantizar que esos aparatos no tengan fallas”.

El Nacional publicó en septiembre de 2012 una investigación en la que se señaló que ese año habían caducado las garantías de mantenimiento preventivo de un conjunto de equipos de 19 centros públicos de radioterapia, que fueron adquiridos como parte de un convenio firmado con Argentina en 2004. Investigaciones posteriores realizadas por el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV, la Sociedad Venezolana de Radioterapeutas Oncólogos y por la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional señalan que entre la cuarta parte y la mitad de los aparatos de las salas beneficiadas con el acuerdo falla o está inoperativa. El comité parlamentario sólo identificó 5 centros en pleno funcionamiento en mayo pasado.

Revisar el sistema. A la Fiscalía se le solicitó que inspeccionara los servicios de la red pública para establecer en qué medida han sido afectados los enfermos de cáncer que no han podido recibir terapia por las fallas de los aparatos. Igualmente se le pidió a la institución ejercer ante los tribunales las acciones pertinentes para que el Estado reconozca y asuma los daños ocasionados a las víctimas de la enfermedad y para que se castigue a los funcionarios responsables de no haber renovado el contrato de mantenimiento de los equipos con dos proveedores argentinos: la compañía pública Invap y la filial de la multinacional Phillips en Buenos Aires. También se requirió al Ministerio Público que exhorte a la Defensoría del Pueblo a servir como garante de la prestación de los servicios y a presentar las acciones judiciales pertinentes contra los funcionarios que no actúen para salvaguardar los derechos de los pacientes.

“Aspiramos a que la Fiscalía sea diligente en investigar estos hechos y también queremos ver cómo se indemnizará a los pacientes que no han recibido el tratamiento”, dijo Pedro Martínez Latuff, quien fuera presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. “La falta de tratamiento por esta situación sí incide en un aumento de la mortalidad, pero debido a que no hay data suficiente en el sistema de salud pública no pueden es difícil precisar la cifra”, añadió. Otros cálculos aportados en agosto por Juan Eloy Montenegro, presidente de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica, indican que fallecen entre 10% y 15% que esperan por tratamiento. A Sader e Iturria se les solicitaron oportunamente entrevistas sobre el tema, pero nunca respondieron a este diario.

Vencidos antes de la instalación

La denuncia de 18 páginas sobre la situación de las salas de radioterapia está acompañada por extractos de los contratos que, por más de 83 millones de dólares, firmó el gobierno con los proveedores argentinos Invap y Phillips. De acuerdo con el texto, las autoridades dejaron vencer las garantías que protegían contra defectos de fábrica un acelerador lineal que aún no se ha instalado en el Hospital Militar Carlos Arvelo y dos gamma cámaras: una de esa institución y otra del Hospital Central de San Cristóbal. Los denunciantes reclaman que se aclare cuál es la situación de las máquinas de Phillips que estarían aún pendientes de entrega para esos dos centros de salud: un tomógrafo simulador, un equipo de braquiterapia y dos equipos arco en C para braquiterapias. Igualmente se señala que aparatos comprados antes de la firma del acuerdo con Argentina han presentado períodos de inactividad y fallas que deben ser analizadas. Además del documento consignado en Fiscalía, ayer se repartieron volantes en los que se reclama al gobierno por su falta de acción.

Demanda colectiva

La lista de personalidades y representantes políticos que suscribieron la acción es amplia. Los exministros Carlos Walter, Rafael Orihuela y José Félix Oletta forman parte del grupo, al igual que Rafael Muci Mendoza, presidente de la Academia Nacional de Medicina; Jesús Parra, miembro de la Academia Nacional de Medicina; María Yánez, presidente de la Red de Sociedades Científicas de Venezuela; y Omar Arias, presidente de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica. Entre los diputados de la MUD que se sumaron a la acción están Dinorah Figuera y Bernardo Guerra.