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REDI y Plan Comuna cumplirán desmontaje de alcaldías

Una vez legalizadas las comunas comenzarán a recibir recursos del Min para las Comunas / Raúl Romero

Una vez legalizadas las comunas comenzarán a recibir recursos del Min para las Comunas / Raúl Romero

Analistas consideran que restarán autonomía a las regiones, mientras corredactor de leyes del poder popular afirma que acercarán el gobierno al pueblo 

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La simplificación de los trámites para registrar una comuna, eje del Plan Comuna o Nada, y el rango de ministerio de Estado dado a las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral, anunciado por el presidente Nicolás Maduro a principios de agosto, no son decisiones aisladas ni casuales.

El constitucionalista Carlos Romero, experto en sistemas federales de gobierno, considera que ambas iniciativas vienen a consolidar el proyecto de sustitución del ordenamiento territorial, establecido en la carta magna, por el modelo presentado por Hugo Chávez en su derrotada propuesta de reforma constitucional de 2007.

En otras palabras, el Plan Comuna o Nada y las REDI, apuntaladas en plena precampaña electoral, tienen el objetivo de cumplir la meta establecida en 2009 por el entonces diputado Aristóbulo Istúriz: “Lo que el Presidente ha propuesto es sustituir el Estado capitalista burgués por el Estado comunal, con las comunas, que es el pueblo organizado. Por eso yo he dicho que los mejores gobernadores serán los que primero desbaraten las gobernaciones. Los mejores alcaldes serán los que primero desbaraten las alcaldías y las desmontemos sin miedo, en las comunas”.

A lo anterior se suma la reciente reforma parcial del Reglamento de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, que le da a la Vicepresidencia de la República poder de decisión y supervisión en la transferencia de competencias y recursos de los estados y municipios a las comunas.


Control local

Analistas consultados coincidieron en comparar el escenario actual con el registrado hace tres años. En 2010 el PSUV reformó oportunamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales para asegurarse más curules en la Asamblea Nacional, aun sacando menos votos que la oposición. Hoy, ante la posibilidad de que la elección del 8D se convierta en un plebiscito para Maduro y que su partido pierda en votos y número de alcaldías, el Ejecutivo arma una estrategia que le garantice el control político local y regional.

En el plano nacional, apenas asumió el poder en abril, el presidente Nicolás Maduro constituyó las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral concebidas como “espacios geográficos en los cuales el Ejecutivo efectuará políticas públicas para la desconcentración de la gestión de gobierno, estrechar la relación pueblo-gobierno y aumentar la eficiencia en la aplicación de recursos”.

¿Traducción?: “Estamos frente a una figura a través de la cual el Gobierno central quiere hacerse presente en lo regional y local a través de instancias no establecidas en la Constitución para controlar a dos instancias que sí están en la carta magna, como son los estados y los municipios”, explicó Romero.

La diputada Nora Bracho (UNT), integrante de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento, advierte que la ofensiva se completa con la aceleración de la consulta del proyecto de ley orgánica para la ordenación y gestión del territorio.

En ese instrumento jurídico se crea un “sistema nacional de ordenación del territorio” que establece unidades de ordenación distintas de los estados, dependencias federales, territorios federales, municipios y parroquias estipulados en la Constitución. El proyecto de ley agrega los ejes de desarrollo, las regiones funcionales, las unidades de gestión y los distritos productivos, cuyas autoridades son designadas por el Ejecutivo.

“Este proyecto usa la excusa del medio ambiente para implantar de hecho la nueva geometría del poder que los venezolanos rechazamos en el referéndum de 2007. Simultáneamente, el Gobierno instruyó para que se avance con las comunas, no para bajarle dinero a las comunidades, sino para desorganizar gobernaciones y alcaldías”, asegura Bracho.

 

Compra de votos

“Vamos a hacer el proceso expedito, con enlaces en los infocentros, para que el registro de las comunas sea sencillo”, dijo la semana pasada el vicepresidente Jorge Arreaza.

Una vez legalizadas, las comunas podrán comenzarán a recibir fondos de manera directa del Ministerio para las Comunas y el Consejo Federal de Gobierno para acometer proyectos en las localidades.

El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, exhortó a no perder de vista que el contexto son los comicios de diciembre. “En las anteriores elecciones municipales les dieron recursos directamente a los consejos comunales para comprar votos. Para las elecciones regionales del año pasado crearon las corporaciones estadales, que recibían recursos para acometer obras y competir con las gobernaciones. Ahora son las comunas, pero el objetivo es el mismo: comprar los votos. Eso es institucionalizar la ruina y la corrupción hasta en los sectores más bajos de la población”, afirmó  Guarulla.

La diputada Bracho advirtió que las comunas serán la instancia paralela a las alcaldías para la asignación de recursos. “Ya eliminaron las juntas parroquiales y crearon las junta parroquiales comunales. El fin de las elecciones regionales era destruir las gobernaciones. Ahora van por las alcaldías”, dijo.


Asfixia de autonomía

El artículo 1 del decreto de creación de las REDI estipula que el objetivo de estas es la desconcentración del territorio. Carlos Romero, experto en sistemas federales de gobierno, pone en duda tal fin.

A su juicio, si el objetivo fuera desconcentrar, se haría en los gobiernos estadales y municipales. Por ello ve las REDI y las comunas como la fórmula que garantiza la aplicación de las políticas orientadas a la consolidación del Estado socialista, en pleno proceso electoral.

El autor de los libros Distrito Capital: Una estrategia política y Comunas vs Municipio, un debate ciudadano, recuerda que no es la primera vez que se trata de regionalizar el país, pues ya se hizo en la cuarta república con la creación de corporaciones de desarrollo que no cumplieron sus objetivos.

“La gente no percibirá el peligro de la regionalización porque no es un asunto que se resiente como la escasez o el alto costo de los alimentos. Estamos frente a superestructuras de control político para impulsar una forma de organización del Estado. Los alcaldes, concejales, gobernadores y legisladores, en cambio, sentirán de inmediato el peso del gobierno central, que presionará y asfixiará su autonomía. El ciudadano sentirá los efectos al final, cuando ya estén consolidadas, porque será la consolidación del sistema socialista”, vaticinó.


De alcalde a gerente

Ulises Daal, corredactor de varias de esas leyes del poder popular y director de investigaciones en políticas sociales de la Asamblea Nacional, niega que el gobierno pretenda darle un uso electoral a las comunas y a las REDI. Sin embargo, admite que forman parte fundamental de la transformación del Estado liberal en comunal.

Reconoce una clara relación entre las REDI y el plan comuna porque ambos procuran cumplir el segundo objetivo histórico del plan de la patria: construir la sociedad socialista. Aclara que estas instancias no vienen a desbaratar la organización territorial: “La Constitución establece el poder publico municipal y estadal, pero también ordena que ciertas competencias sean transferidas paulatinamente al pueblo organizado. En la medida que el pueblo vaya asumiendo esas funciones, las gobernaciones y las alcaldías ejercerán un nivel de gerencia y supervisión, pero no desaparecerán”.

Adelanta que el siguiente paso que debe dar el Gobierno es la activación del Sistema Nacional de Planificación, que comprende los consejos estadales y locales de planificación, los consejos de planificación de las comunas y los consejos comunales.

Niega que se pretenda controlar a los gobernadores y alcaldes. Incluso descarta que se trate de mecanismos que buscan asegurar el control de los recursos de los estados en caso de que ocurra una división en el PSUV y algunos gobernadores y alcaldes formen tienda aparte.

 “Las REDI tienen el objetivo esencial de preservar la integridad territorial. Los ministros de Estado están obligados a mantener comunicación con gobernadores, alcaldes, corporaciones, poder popular. Su misión es garantizar la eficiencia y acelerar la implementación de políticas públicas. No es una alcabala, sino una voz ante el Consejo de Ministros que no tienen los gobernadores”, afirmó.