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Falta de repuestos y de controles favorecen accidentes de tránsito

Transporte público / Leonardo Noguera

Transporte público / Leonardo Noguera

Hay inconsistencias entre la Ley de Transporte Terrestre de 2008 y el reglamento, en vigencia desde 1998

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La Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte informó ayer que presentará al Gobierno una lista de propuestas para reducir accidentes viales. Ayer, el vocero nacional de ese gremio, Félix Jaramillo, se reunió con los representantes del sector privado y los transportistas interurbanos y decidieron que entre las peticiones está la participación en las mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, a las cuales no fueron convocados.

Para mejorar la seguridad, el representante de la asamblea socialista cree que las autoridades deben hacer uso responsable de los reductores de velocidad, pues, a su juicio, hay un exceso en su utilización: “89% del transporte de carga pesada del país es terrestre (alrededor de 30.000 camiones), a las cuales hay que añadir 2.000 unidades correspondientes al transporte interurbano. Si tal cantidad de vehículos deben circular por vías con policías acostados de 20 centímetros de alto, lo más seguro es que tengan que detenerse en las carreteras, donde terminarán por asaltar a los conductores”.

La colocación de cámaras de seguridad en las autopistas, la facilidad para obtener divisas que permitan importar repuestos para las unidades, que muchas veces salen a las vías sin cumplir las condiciones de seguridad, y la creación de la Universidad Politécnica del Transporte (que permita la profesionalización del conductor) fueron otras urgencias expuestas por los choferes, en su afán de reducir los accidentes viales.


Solicitan controles estrictos. Ender Salazar ha sido conductor de autobús por más de 20 años. Cubre la ruta Caracas-San Juan de los Morros y diariamente realiza por los menos 2 viajes. Afirma que en la línea Mensajeros Llanos El Sur, para la que trabaja, cada seis meses obligan a todos los conductores a realizarse exámenes médicos en los que verifican su condición cardíaca, tensión, niveles de glucosa en sangre, vista y características psicológicas. “No pueden contratar a cualquier loco”, asegura.

El INTT verifica que los conductores tengan tanto la licencia como el certificado médico vigente, pero son las líneas de autobuses las responsables de verificar el estado físico y psicológico de los conductores y, en algunos casos, de realizar pruebas antidopaje.

Lilian Romero, presidente de la Asociación Civil para la Prevención de Accidentes de Tránsito y Apoyo a sus Víctimas, opina que es necesario ser más estrictos con los exámenes a los que son sometidos los conductores de rutas interurbanas y aplicar la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, las normas Covenin referidas a las dimensiones e inspección de los vehículos, la Ley de Transporte Terrestre y su reglamento. “Los conductores deben estar capacitados sobre los riesgos a los que se exponen, tener conocimiento sobre manejo defensivo, primeros auxilios, uso de extintores, hacer paradas cada tres horas e inspecciones técnicas-mecánicas de los vehículos; pero hay muy poco personal del INTT en los terminales dedicado a verificar que esas disposiciones se cumplan”, indicó.

Existe un desfase entre la Ley de Transporte Terrestre, aprobada en 2008, y su reglamento, en vigencia desde 1998. “El artículo 73 de la ley especifica que los conductores deben portar el certificado psicológico, pero el reglamento no dice cómo tramitarlo. Entonces, lo exige la ley, pero por desconocimiento muchas veces no se cumple”, añadió Romero. Señala que tampoco se ejecutan las paradas que deben hacer los choferes cada tres horas para descansar.


Legislación

Para poder prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros los conductores deben aprobar el curso especial gratuito dictado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre o por la escuela de transporte, según el artículo 105 de la Ley de Transporte Terrestre. Deben contar, además, con una licencia de conducir de quinto grado, que se otorga a mayores de 25 años de edad.

Entre los deberes de los conductores de autobuses de uso público establecidos por el reglamento están: seguir exactamente la ruta asignada, circular por el canal derecho de la vía, no adelantarse unos a otros en zonas urbanas y abstenerse de causar ruidos innecesarios.