• Caracas (Venezuela)

Boris Santos Gómez Uzqueda

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Algunas ideas contra el “jaque” petrolero

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Ratifico que mientras no haya inversiones privadas fuertes en el sector energético, Bolivia y Venezuela continuarán con problemas.

Además de que ahora es más complicado lograr que corporaciones y capitales privados se fijen en Venezuela y Bolivia que en muchos años de gestión no lograron consolidar un esquema legislativo, regulatorio y normativo atractivo para emprendedores privados.

Venezuela y Bolivia son los menos organizados en sus esquemas de mercados, regulatorios y políticos de hidrocarburos. En el caso boliviano, seguimos con los mismos mercados de hace veinte años, mercados de venta a Brasil y Argentina. Los volúmenes de venta a Paraguay (de GLP) no representan importancia para economías a escala tan necesarias en esta industria.

Inversión extranjera directa (IED) disminuyó de 2.113 millones de dólares (2014) a 1.339 millones de dólares (2015), 36,3% menos (fuente: Mensaje presidencial 22/01/2016).

En 2014 la ejecución de inversión destinada a la industria de hidrocarburos fue 2.111 millones de dólares, solo 1.169 millones de dólares a compañías e inversiones privadas (Fuente: El Diario).

El denominado “Plan de Desarrollo Económico y Social” indica que se garantiza inversión de 48.574 millones de dólares hasta 2020. Pero muy pocos de esos dólares son provenientes del sector privado.

Precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) está hoy (26/01/2016) en 30,34 dólares /barril. Sigue en baja (Fuente: agencias internacionales).

¿Qué hacer ante la crisis?

Algunas ideas que, por supuesto, son eso, ideas; insisto en que el Poder Ejecutivo debe convocar a un consejo consultivo en Hidrocarburos para ayudar a tener una lluvia de ideas y soluciones, sin demagogia y con total sinceridad. Sin partidos y sin ideología. Porque el negocio energético no ve colores de partidos ni ve izquierda ni derecha. Solo ve acciones y resultados.

A partir de esos análisis vendrá una reforma energética. Una completa desideologización del sector: nuevas leyes de hidrocarburos y de electricidad.

Dejar sin efecto, en una especie de “pausa”, la iniciativa de “estímulos” de la Ley de Incentivos porque perforará aún más las economías de las regiones (gobernaciones, municipios).

Aprovechar los “contactos” que tiene Bolivia en el organismo internacional del gas (Gas Exporting Countries Forum, sede Qatar) para que a través de ese organismo se pueda hacer “lobby” y estimular a que inversionistas privados y estados “ricos”, como Qatar, Emiratos Árabes, puedan invertir en Bolivia, como una forma de ayudar a mejorar nuestra posición energética en tanto dure la crisis. A través de ese organismo no es pretensioso pensar en lograr unos 10.000 millones para 2016-2022, que bien servirán para empujar un poco la industria.

Coincido con el analista económico Roberto Laserna acerca de que la administración del Estado boliviano debe “replantear el gasto público, reducir gastos, subsidios o las inversiones…”.

Cobrar los casi 100 millones de dólares que debe aún Argentina, y separarlos como un “pequeño fondo rotativo” para compensar a regiones.

Que el Estado central transfiera a Tarija, el mayor perdedor de la rebaja de precios del petróleo, la suma de 400 millones de dólares, ese monto que en 2015 no se gastó en subsidio por compra de diesel externo. Si se hubiera invertido en una planta de conversión de gas a líquidos en su oportunidad y desde hace 10 años, como se venía pidiendo, hoy el país sería exportador de valor agregado (diesel a partir del gas) en vez de materia prima exclusivamente. En todo caso esa cifra aproximada de 400 millones de dólares debería ser directamente entregada a las regiones productoras de gas natural: Tarija, Chuquisaca, principalmente, para mejorar su infraestructura regional, porque claramente habrá una reducción de recaudación de IDH (impuesto directo a hidrocarburos) que favorece a las regiones.

Solo debemos recordar que el satélite que Bolivia compró costó cerca de 300 millones de dólares, que fueron financiados con el gas que se explota en las entrañas del Chaco boliviano (Tarija sur-este).

Otra medida podría ser la reducción del gasto corriente en gobernaciones y Estado central, debe haber –para pesar de los miembros del Estado– recortes en contratos y puestos. Desburocratización.

Como Bolivia no rompió en esta década de ser país exportador de materia prima (gas), pues el modelo no permitió nuevas industrias, como tecnología, servicios, valor agregado, etc.

Es muy complicado que el Estado funcione con precios de barril/petróleo a 10 dólares o menos de eso. Se tendría que echar mano a las RIN, reserva internacional neta. Como hizo Arabia Saudita que en 2015 se gastó cerca de 100.000 millones de dólares para equilibrar sus presupuestos fiscales. Pero eso es complicado.

Bolivia envía a sus únicos mercados: 14 millones de metros cúbicos/día de gas natural a Argentina, a Brasil 31 MMmcd.

 

*MBA/ consultor del sector privado, sigue sus análisis en Twitter: @bguzqueda