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Boris Santos Gómez Uzqueda

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Boris Santos Gómez Uzqueda

Bolivia: centro energético continental

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Desde hace más de una década se viene discutiendo la pertinencia de desarrollar la industria del gas (en valor agregado: gas para generación eléctrica, gas para diesel sintético, gas para fertilizantes y gas para productos de plástico, entre otros) que ciertamente pondrían a Bolivia en el centro como un distribuidor de energía (genéricamente hablando de combustibles como el diesel, de excedentes de electricidad y de productos plásticos).

Naturalmente, de momento, la generación eléctrica interna no es suficiente para pensar en exportar a mercados externos, si hay prácticamente un precario equilibrio interno oferta-demanda eléctrica.

El mercado interno tanto para electricidad, diesel y productos plásticos –generados desde el gas natural en la famosa industrialización – es demasiado pequeño es por ello que siempre se insistió en pensar en producir valor agregado para exportar.

En la perspectiva eléctrica/diesel y de consumo de plásticos ciertamente Brasil y Chile son mercados interesantes.

El jefe del régimen boliviano indicó, en junio pasado, que Bolivia sería "el centro energético de la región”, hasta 2020, refiriéndose exclusivamente a generación eléctrica tomando en cuenta producción de electricidad desde plantas hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas, teniendo el país “un margen superior a los 3.000 MW para exportar hasta 2020”, cifra que –dados los consumos de Brasil y Chile, por citar ejemplos– no es atractiva, sin considerar la multimillonaria inversión en energías consideradas “nuevas” como la solar, geo y eólica. La clave es poner toda la carne en el asador en inversión en exploración/producción de gas natural. Desde el gas sí es posible pensar en exportar electricidad.

Naturalmente ésta fue una década no aprovechada en materia energética. Ni siquiera hay una nueva Ley de Hidrocarburos (data de 2005) y peor una nueva Ley de Electricidad (data de 1996) que sean instrumentos político-jurídico-técnicos atractivos para nuevas inversiones que den por iniciada, finalmente, la industrialización.

Bajo condiciones actuales y con el surgimiento de nuevos elementos de la economía del gas natural, como el surgimiento del shale-gas como potencial generador de gas, de petróleo y por supuesto de electricidad y de derivados no sólo en Estados Unidos sino en América Latina pretender que Bolivia sea centro energético va a costar un poco más que hace diez años atrás.

El presidente dijo públicamente que está “enamorado del tema energético….” Pues habría que reclamarle, entonces, impulse esos dos nuevos instrumentos normativos para hacer una completa Reforma Energética en el país.

Según el estado boliviano –y citando informes de organismos internacionales- Bolivia tiene la capacidad de “producir 40.000 megavatios en plantas hidroeléctricas, con nuestros ríos”, de manera de “liberar” el gas que se encuentre y certifique para nuevos proyectos, por ejemplo, arrancar con un megaproyecto de producción e diesel sintético (GTL). Pero ello requiere inversión, multimillonarias inversiones que únicamente van a venir con marcos políticos y legales que permitan garantías al retorno de la inversión y por supuesto, como todo negocio, a la rentabilidad: en otras palabras abrir el sector energético al capitalismo asociado a un estado que compita con igualdad de capacidad/obligaciones que los privados.

En junio pasado el estado boliviano indicó que “hasta 2020 el país exportará 1.000 megavatios y generará, hasta ese año, $ 8.000 millones de renta petrolera (2.000 más de los que se genera actualmente), además de acabar con la importación de gasolina y de diesel, en virtud a los resultados de las exploraciones de petróleo que se hace en el norte de La Paz” un escenario posible pero aún muy reatado a un rentismo obcecado. Bolivia debe dejar de ser país del government take, del impuesto y pasar a ser asociado en negocios de agregación de valor gas, asumiendo riesgos, inversiones y generando rentabilidad en vez de renta.

Sólo así desarrollaremos una industria energética posible y positiva. O si me preguntan sobre la nacionalización, si fue buena o mala, eso es ya tema del pasado. Es perfectamente posible elaborar una reforma energética que permita una “cohabitación” entre el nacionalismo-socialismo y el capitalismo en donde en nuevos contratos el estado se asocie a multinacionales en desarrollo de exploración y producción de gas dirigida para proyectos específicos como generación de electricidad, o producción de plásticos y diesel sintético. Pero se requiere para esto nueva legislación sectorial.

La pobreza puede ser efectivamente combatida en Bolivia con energía barata con electricidad casi a coste cero en hospitales, escuelas y centros de servicios sociales, mejoramiento de la infraestructura de riego, aprovechamiento de agua para generación eléctrica, exportando electricidad, diesel y plásticos, pero ello requiere una nueva visión de estado, una NPE Nueva Política Energética de largo plazo, fortalecer el rol del Ministerio de Hidrocarburos y Energía que al mismo tiempo sea quien presida la estatal de petróleo y gas.
De manera paralela sería importante que desde el Congreso boliviano se impulse una ley de control y auditoría accountability de los fondos que el estado boliviano recibió y administro por concepto de renta petrolera (que no es otra cosa que los ingresos por venta de gas porque Bolivia no es país petrolero, sino gasífero). Y en ese orden se contrate a una universidad internacional para auditaje de los ingresos de USD 22.218 millones por concepto de la renta petrolera en el período 2006-2013 (cifras públicas expuestas por los dirigentes estatales). Sólo en 2013 se recaudó USD 5.459 millones. En Bolivia la denominada “renta petrolera” corresponde a ingresos por el pago de patentes, regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otros.
De acuerdo a proyección del ministerio del ramo, para el período 2015-2020, la renta petrolera generará promedio anual de USD 6.188 millones.

Parte de esa renta es distribuida en bonos sociales, entre estos el "Juancito Pinto" (evitar deserción escolar), la Renta Dignidad para las personas mayores de 60 años el "Juana Azurduy" (bono madre y su niño), además del incremento salarial a los trabajadores, pero no se reinvirtió en el sector energético (exploración/producción) ni con más énfasis en infraestructura ni tecnología.

De todas formas esta Bolivia a tiempo, con su territorio aun no explorado en shale-gas es perfectamente posible pensar en ser centro energético, de darse las condiciones de una reforma energética.

El parlamento boliviano 2015-2020 tiene la misión fundamental de impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos, una Ley de Electricidad y reformar el sistema de hidrocarburos del país, de apurarnos podríamos re-conectar al país al flujo de capitales y empezar a imitar modelos tecnológicos y de gestión corporativa exitosos como los de Qatar o Emiratos Árabes Unidos en vez de imitar a Cuba.