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Sobre la violencia

7 personas murieron, 61 resultaron lesionadas y 135 quedaron detenidas el 17 de abril debido a la crisis política desencadenada en el país a raíz de los cuestionados resultados de las elecciones del 14 de ese mes, de acuerdo con la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La fiscal mencionó también el ataque a las instalaciones de Mercal y de la Misión Barrio Adentro, pero no hizo referencia a los destrozos en la UCV, el ataque de motorizados a ciudadanos que caceroleaban o a la agresión y heridas del diputado William Dávila en la Asamblea Nacional, como si sólo un lado de la violencia existiera o merecería ser investigada.

Al margen de la discusión central política, del incremento del tono de insultos y amenazas, de las nuevas agresiones en la Asamblea, de la incertidumbre, parálisis y tensión en el país, de culpas o responsabilidades, es conveniente hacer ciertas reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante y después de las elecciones presidenciales.

Es muy lamentable y repudiable que siete personas hayan perdido la vida, aparentemente debido a la violencia política. Esto debe ser investigado y los culpables llevados a los tribunales. Pero también no es menos cierto que en ese mismo lapso de tiempo fueron asesinados debido a la violencia cotidiana un grupo mayor de personas, a los cuales no se les da el mismo tratamiento o importancia. ¿Son acaso víctimas de segunda categoría? ¿Si son muertes ocurridas en el marco de un enfrentamiento político sí son destacadas y reconocidas, pero si no es así no revisten mayor importancia? ¿Estas personas no son también queridas y lloradas por sus padres, parejas, hijos o familiares? ¿No se supone que la justicia debe ser igual para todos? El 14 de abril en la mañana, según reseña la prensa, fue asesinado de varios tiros Peter Alexander García, de 21 años de edad, en el pasillo del edificio 6 de Propatria.

Esa misma mañana, en la urbanización El Prebo, en Valencia, fueron ultimados por el Cicpc tres presuntos delincuentes que intentaban cometer un secuestro.

En la ciudad de San Félix fue asesinado a tiros Carlos Alfredo Morgado, de 26 años de edad, en la calle José Sabogal de la UD-145, mientras que cerca de Upata, en el sector Los Naranjos, Edward José Zapata, otro joven, de apenas 21 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando llegaba a su casa. Vladimir Goyo Cedeño, de 22 años, murió en un calabozo de la policía del estado Portuguesa de un tiro en el pecho.

De acuerdo con el diario El Universal, el día de elecciones hubo 54 homicidios en el país. Al día siguiente fue asesinado Edien Giovanni Zambrano en Chapellín y el agente de la Policía Nacional Bolivariana Jorge Luis Cadenas, de 20 años, en el sector Las Tres Puyas, escaleras Brisas del Mar del barrio Gramovén, en Catia. El martes, un oficial de la Policía Nacional, Renny Alexander Tovar Pérez, de 30 años, fue sorprendido por hombres en la autopista Francisco Fajardo en dirección hacia Caricuao.

Le robaron el arma y la moto, y le dieron varios tiros.

Otro funcionario de ese cuerpo policial, Keler Enrique Guevara Garizábal, de 23 años, fue asesinado cerca de la estación de servicio La Machirí de San Cristóbal.

Estos son algunos nombres, algunos casos de personas asesinadas en estos días de crisis política y que, en nombre de sus familiares y a favor de la justicia, también merecen que sus casos sean debidamente investigados y no olvidados o engavetados.

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Sobre el autor

Marcos Tarre

Arquitecto, novelista y analista de seguridad venezolano. Autor de conocidos bestsellers de los años 80 y 90.

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