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Beatriz de Majo

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Beatriz de Majo

La turbia explotación del coltán

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Una serie de convenios que involucraban el coltán fueron firmados entre el sector oficial chino y el venezolano a inicios del año 2012. Por parte de China, actuaba la más grande empresa financiera estatal y emporio industrial Citic Group y, como contraparte gubernamental, el Ministerio de Petróleo y Minas venezolano. 

Grandes responsabilidades nacionales en el campo minero les fueron otorgadas a los socios asiáticos, así como la participación en muy lucrativos negocios. Los documentos rubricados involucraban distintas actividades en el terreno minero: por un lado, la explotación de un yacimiento de oro con la reserva aurífera más grande del país –Las Cristinas– y, por el otro, la prospección, exploración y certificación geológica de todas las reservas minerales en Venezuela, lo que involucraba coltán, bauxita, hierro y fosfato. Citic y sus empresas asociadas salieron armadas en esa ocasión de la estratégica y valiosa tarea de levantar el mapa minero de su socio venezolano y la protección de tales reservas.

De todo ello, el negocio más rodeado de secretismo y falta de transparencia hasta la hora actual ha sido el coltán. Este elemento, conocido también como el “oro azul”, es un mineral raro, una materia prima de muy alto precio por su escasez a escala planetaria. El gigante de Asia participa muy intensamente en su cadena de agregación global de valor, desde su extracción y pasando por la refinación y procesamiento, pero, además, resulta ser un actor principal en la industria mundial que se ocupa de convertirlo en piezas y partes para la fabricación de teléfonos celulares, computadores y otros equipos electrónicos, además de satélites y misiles.

Ocurre que sus virtudes como materia prima son tantas como los escándalos y crímenes que lo rodean. La explotación en países de África y Central particularmente en el Congo, que produce 80% del volumen mundial de este “oro azul”, se da dentro de un ambiente donde prolifera la depredación ambiental, además de crímenes sangrientos y secuestro, la explotación sexual, la trata de blancas, explotación infantil, delitos contra las finanzas estatales y el contrabando, además del oscuro negocio del narcotráfico.

La gravedad de tal situación ha hecho que Naciones Unidas haya urgido a los países que importan este “mineral de conflicto” –como ya se le conoce– para refinarlo y lo usan para sus procesos industriales, a exigir una certificación de que el material no proviene de áreas que son asiento de tales distorsiones sociales.

Los chinos han estado presentes a través de sus empresas en esos países y, por lo tanto, han sido observadores privilegiados en ese género de explotaciones asociadas con crímenes contra la humanidad y con violaciones de normas ambientales.

En la geografía venezolana, ese tipo de turbias situaciones de explotaciones humanas y de maltratos a individuos, además de delitos como el contrabando y presencia de insurgentes guerrilleros de tierras vecinas ya están comenzando a explicitarse, pero siempre bajo el  manto de desinformación propio del régimen que gobierna al país. No es inapropiado decir que una responsabilidad muy sustantiva ante la sociedad venezolana y ante el mundo tienen no solo los gobiernos, sino igualmente las empresas que se dedican a su explotación.

Ojalá que sea posible preservar a Venezuela de los dramas que se han producido en África y que este sector no se convierta, con la participación o con la tolerancia extranjera, en otro foco mundial de delitos y de horrorosos dramas humanos.