• Caracas (Venezuela)

Beatriz de Majo

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¿La paz a la vuelta de la esquina?

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Con el apoyo de las Naciones Unidas, Colombia dará inicio al cese el fuego bilateral definitivo en una fecha que aún no está fijada por las partes en conflicto, pero que parece estar a la vuelta de la esquina. Es un hecho casi seguro que ello tendría lugar en algún momento de diciembre de este año o enero próximo. Ambos actores, terroristas y gobierno, están de acuerdo en que ello se produzca el 16 de diciembre, pero aún quedan puntadas por dar para que la fecha se abotone definitivamente.

El primer hito importante es conseguir la concentración de las fuerzas guerrilleras en un solo lugar geográfico para que el desarme pueda ser verificado por órganos internacionales preseleccionados. Si algunas fuerzas insurgentes continuaran disgregas en la geografía colombiana la efectividad del cese al fuego sería menor. Y aun sobre este tema no se ha sellado un acuerdo; es decir, el “fin del conflicto” todavía se encuentra en discusión entre los negociadores en La Habana.

Recordemos que desde julio está en marcha una tregua unilateral del lado guerrillero, apoyada por las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Manuel Santos con una suspensión de bombardeos contra campamentos insurgentes. El resto de las operaciones antiguerrilleras se ha mantenido.

La materialización del empeño de los negociadores de que antes de la Navidad se alcance el silencio de las armas sería un gran paso de avance y sería recibido por el país con entusiasmo. El efecto psicológico sobre la ciudadanía sería muy benéfico y contribuiría a validar la vía escogida por el presidente para producir un cambio anhelado por todos. 

En el Congreso neogranadino las cosas relativas a los acuerdos paz llevan otro ritmo. Sin embargo, también en el Poder Legislativo han querido imprimirle velocidad. Un nuevo viaje de congresistas a La Habana, que incluiría al propio presidente del Parlamento, arrojaría luz sobre los próximos pasos a dar en materia de reformas legislativas y constitucionales para poder materializar los convenimientos entre gobierno y guerrilla. Al mismo tiempo se examinaría cuánto pueden acortarse estos trámites legales para hacer el proceso del retorno a la paz más expedito. Los riesgos de que la oposición quiera reabrir, desde sus curules de congresantes, los puntos de los acuerdos que se han estado negociando, son muchos, aunque a raíz de las elecciones regionales la fuerza del apoyo popular al gobierno de Santos quedó mejor asentada.

La meta del gobierno es que para junio de 2016 y después de ocho discusiones parlamentarias, el acto legislativo que le de vida a una Colombia en paz y que selle la nueva relación con los rebeldes de medio siglo, esté completamente listo. 

Una proposición que proviene del ex presidente Álvaro Uribe ha puesto sobre el tapete la vía de una constituyente, elegida popularmente, donde se discuta el nuevo ordenamiento legal que le daría vida al “acuerdo de justicia transicional” o el marco para la paz  que se convenga con los guerrilleros. Los argumentos de Uribe para que una Asamblea ad- hoc sea la que dirima la forma correcta y justa del retorno a la paz no son deleznables y por ello no pueden ser puestos a un lado fácilmente por el gobierno.

Este, en su afán por un pronto final a este capítulo de la construcción de paz del país con la guerrilla, está dispuesto a hacer muchas concesiones en el terreno del castigo a los criminales y de la participación política de la insurgencia en la nueva Colombia.

Así, pues, bastante agua aún queda por correr en el río de la construcción de un nuevo país del otro lado de la frontera. Lo que no es posible negar es la disposición que han tenido los negociadores del gobierno de avanzar y de la guerrilla de ponerle fin a cinco décadas de destrozos.