• Caracas (Venezuela)

Beatriz de Majo

Al instante

Un curioso indulto para la paz

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No se transa un conflicto sangriento del calibre del de Colombia sin hacer concesiones oficiales a cambio del silencio y la entrega de las armas.

Desde el día miércoles en que se convinieron en La Habana los términos de la próxima etapa de la paz entre guerrilleros y gobierno, de lo que se habla es de una amnistía, de un indulto que revestirá características especiales y que requerirá la adecuación del ordenamiento legal del país vecino para darle cabida al perdón a crímenes horrendos. Este convenimiento, después de dos años de negociaciones, aún debe transitar etapas difíciles y su resultado no es para mañana. Podría perfeccionarse en seis meses si se acuerdan los detalles de este reacomodo legal que se llama justicia transicional y tendrá que ser refrendado por la población. Esa será la prueba de fuego.

Los afectados directos por 60 años de insurgencia violenta son más de 7 millones de colombianos desplazados o que perdieron sus propiedades y sufrieron los embates del crimen. A esta fecha hay más de 200.000 muertos en la canasta de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos le está abriendo paso a una fórmula de administrar justicia y de aplicar penas novedosa, original, a la que muchos le dan la bienvenida únicamente para poder avanzar en el proceso de pacificación pero que ha generado y generará oposición frontal en Colombia no solo de parte de muchos juristas, sino de la población de a pie que desea ver saldadas las cuentas para sus muertos y para sus afectados a través de la justicia. Ya se están presentando paradojas que pueden entorpecer el avance de la próxima etapa que es la de hacerle digerir al país el perdón y la convivencia con los criminales.

Por un lado, a minutos del estrechón de manos entre las partes, el fiscal general ordenó retirar  todas las imputaciones contra la cúpula guerrillera. Pero el procurador general, quien representa a los ciudadanos frente al Estado, reaccionó rápidamente a través de un comunicado de 10 puntos asegurando que no hay claridad ninguna sobre las características de las penas de privación de libertad que serían aplicadas a los comandantes del grupo. ¿Qué significa una “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”, lo que resulta ser el término acordado?

Piensa el alto funcionario que si de lo que se trata es de aplicar sanciones de prohibición de salir del país o a la realización de un trabajo comunitario a los responsables de delitos atroces, el problema legal trasciende las fronteras vecinas e incumple tratados internacionales convirtiéndose en una violación de la justicia internacional. En definitiva, este acuerdo le torcería el brazo no solo al ordenamiento colombiano sino a sus compromisos externos.

Un importante trabajo de investigación de El Colombiano con base en los expedientes judiciales y los antecedentes registrados en la Dirección de Investigación Criminal, muestra cómo, si se sumaran todas las condenas vigentes contra el Secretariado de las FARC en la justicia ordinaria, deberían enfrentar una pena total superior a los 16 siglos de cárcel para el grupo de líderes insurgentes que se sientan en la mesa de La Habana.

No obstante, sí es imprescindible reconocer que hay un importante avance en un particular sentido. Hasta hace pocas semanas los guerrilleros no consideraban la posibilidad de ir a pasar ni un minuto en la cárcel. Esta ha sido la piedra de tranca de las tratativas de La Habana. El solo hecho de que acepten la existencia de delitos sancionables de su parte, que los confiesen verazmente y que convengan en acceder a penas retributivas es un paso de avance. Pero hay que preguntarse si ello es suficiente o si Juan Manuel Santos no le estaría abriendo la puerta de la impunidad a la comisión de los delitos más execrables.

Estamos apenas al inicio de un nuevo proceso dentro de un viejo proceso. Los aplausos y las lisonjas están de más en este punto y hora porque queda aún por ver si los compromisos que se alcancen serán cumplidos por quienes han usado el terrorismo y el narcotráfico a lo largo de más de medio siglo para alcanzar sus “plausibles” propósitos. Solo en este año 2015, mientras avanzaban las negociaciones para instaurar la paz los violentos acabaron con las vidas de cerca de 50 miembros de la fuerza pública de su país.

Otro tema debe ser dilucidado por los venezolanos y tiene que ver con la parte del conflicto que nos atañe más de cerca. ¿Cuánto del drama colombiano habrá ya atravesado o atravesará la frontera para encontrar cómodo refugio en nuestro territorio?