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Beatriz de Majo

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Pena capital en China

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A pesar de los llamados internacionales para descartar esta práctica, China es el país del mun-do que más emplea la pena de muerte para castigar varios tipos de crímenes.

Detrás de China está Irán con las más abultadas cifras de ejecuciones. Pero la distancia que hay entre los números del primero y el segundo país se escapa de cualquier explicación razonable.   Las estadísticas disponibles para el año 2012 señalan a Irán como el segundo en número de ajusticiamientos anuales, seguido por Irak,  Arabia Saudita y Estados Unidos.

Los reportes sobre China evidentemente no contienen cifras oficiales ya que las mismas son calificadas como secreto de Estado. Y los reportes de Amnistía  Internacional, quien dedica grandes esfuerzos a cuantificar esta práctica para poder desarrollar una intensa campaña en su contra, tampoco. La ONG se limita a señalar que las ejecuciones en China representan un mon-to superior al de la suma de las ejecuciones de todos los restantes países que la practicaron en el año 2012.

De 58 países en el mundo que tienen a este castigo previsto en su ordenamiento legal, 21 eje-cutaron por esta vía a 682 criminales en ese año y reportaron 1.722 condenas a muerte legal-mente sustentadas. Si el total de ejecuciones en el 2012 fue el señalado por Amistía, la cifra que le corresponde a China es realmente aterradora.

Otro reporte para 2011, de la organización independiente DuiHua con sede en San Francisco, California, dedicada a la defensa de los derechos humanos en China, sostiene que el país ajus-ticia anualmente un número cercano a 4.000 personas.

Lo que llama la atención es la categoría de crímenes que hacen merecedor de la muerte a un delincuente. En 2011, China redujo el número de delitos que conllevan la pena de muerte y admitió debatir sobre las ejecuciones, lo que hasta el presente no ha ocurrido. Crímenes como  el tráfico de personas, algunos delitos de guante blanco como fraudes fiscales y casos graves de corrupción política son castigados con la pena máxima. La violación y la disidencia política al igual que la conspiración y la revelación de secretos de Estado también pueden ser objeto de la pena capital.  El robo grave, el contrabando de animales raros, el fraude impositivo, la sustrac-ción de fósiles y el tráfico de oro y plata ya no figuran más en la lista, por fortuna.

Los argumentos que sustentan el mantenimiento de la pena capital para delitos calificados de “graves” es que el castigo que representa la terminación de la vida sirve de disuasión para los criminales. Sin embargo,  Amnistía asegura no hay datos que demuestren que la pena de muerte es más disuasoria frente a la delincuencia que las penas privativas de libertad. En Pekín se asegura que China ha escuchado el llamado internacional a proscribir la pena de muerte por la vía de una reducción sustancial de las ejecuciones de penas capitales, a través del estable-cimiento en el año 2013 de un procedimiento para que la corte la Corte Suprema del Pueblo revise las condenas máximas antes de que se hagan efectivas, pero resulta imposible determi-nar si realmente esta disminución ha tenido lugar.

La realidad es que en China, al igual que en países en donde las ejecuciones son numerosas y frecuentes,  la falta de  imparcialidad en su sistema de justicia es lo que suscita la mayor pre-ocupación global. Dentro de su inveterada discrecionalidad, cualquier castigo cabe.