• Caracas (Venezuela)

Beatriz de Majo

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Garras sobre lo digital

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El tema de la censura china al uso de las redes no es novedoso pero tiende a agravarse cuando el gobierno considera que la subversión está siendo impulsada por sus contenidos y ha anunciado que, para controlar esta distorsión, estacionará funcionarios de la policía dentro de las grandes empresas que proveen el servicio.

La garra está apretando más al promover una ley sobre ciberseguridad que los dotaría de un control aún más severo y obligaría a los manejadores de las redes a entregar al gobierno importantes contingentes de información.

Baidu, Tencent, Weibo y Alibabason son las empresas que están bajo la mira en esta primera etapa. De hecho, algunas de ellas ya están siendo compelidas a contratar dentro de su planta profesional a censores calificados. El objetivo, en apariencia, es detectar contenidos relacionados con pornografía y violencia pero el caso es que, por igual, estos dedican esfuerzos denodados para encontrar críticas evidentes o veladas al manejo del país y cuestionamientos al partido gobernante.

La intimidación está yendo tan lejos que la organización Humans Rights Watch está observando el fenómeno y ha opinado que lo que se intenta es atemorizar a los usuarios frecuentes de los servicios de mensajería digital que alcanza a 650 millones de personas. Oficialmente se declara “contenido ilegal” todo aquello que perturba a los perros de presa encargados por el gobierno de peinar los chats.

La más vasta red de chateo denominada WeChat (en chino Weixin) que opera dentro de Tencent está siendo milimétricamente rastreada por los espías gubernamentales. Ella abarca 270 millones de personas que la usan para fines estrictamente privados o institucionales. 35 blogs ya han sido eliminados del mapa sin explicación ninguna y se cuentan por cientos los chats de comunidades privadas, con acceso restringido a sus socios, que son borrados por entero de la noche a la mañana. 

Otra vuelta a la tuerca controladora está siendo aplicada a las VPN  (Virtual Private Networks) o redes privadas que operan en Internet, las que son consideradas oficialmente como  “tumores que crecen de manera natural en la sociedad” de acuerdo con el criterio de los agentes de seguridad. Sobre estas recaerá todo el peso de la nueva ley.

Así, pues, el gobierno no cejará en su empeño de crear una matriz de opinión que señale a los cibernautas como terroristas. Altos funcionarios del Partido Comunista se han pronunciado asegurando que 90% del terrorismo en algunas localidades proviene de iniciativas que se perfeccionan en las redes digitales y que la violencia es solo la consecuencia de los videos que aparecen en Internet.

La realidad es que las autoridades del gigante asiático se están valiendo del desarrollo de un movimiento antiterrorista mundial y una práctica global iniciada por las grandes naciones, consistentes en controles convenidos con las empresas líderes proveedoras de los servicios del ciberespacio para que los contenidos que se publiquen en Internet no atenten contra la seguridad, la moral y las buenas costumbres. Solo que los chinos están utilizando la bota del omnímodo poder comunista arbitrariamente para aplastar el sagrado derecho de opinar y disentir del accionar de los gobiernos y el de simplemente comunicarse libremente entre particulares.