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Beatriz de Majo

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Espionaje a la orden del día

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Seis años se tardó la Fiscalía de Colombia en dilucidar los abusos y delitos cometidos por personeros de la policía secreta del gobierno de Álvaro Uribe contra magistrados, periodistas y opositores. Se tardó y cumplió el órgano estatal. En ello tuvo un papel principalísimo la revista Semana ya que fue a partir de su insistente denuncia que se activaron todas las alertas y se cumplió el proceso de indagar a fondo las grabaciones efectuadas desde el DAS de las comunicaciones de estos personajes. No fue un proceso sencillo por la talla de los elementos del gobierno involucrados y porque la acusación apuntaba al propio presidente de los colombianos. De esta manera se puso de relieve todo un gigantesco y perverso operativo encaminado a desprestigiar gentes e instituciones vinculadas a la política que alcanzó hasta los magistrados de la Corte Constitucional y a destacados congresistas. Ya para este momento son varios los ex altos funcionarios del gobierno de Uribe los que han ido a parar tras las rejas por estos delitos y por tráfico de influencia comprobado. Si bien es dramático que las tropelías hayan ocurrido bajo la égida de un presidente, es igualmente aleccionador que la justicia del vecino país cumpla con la sociedad de esta ejemplarizante forma.

En el mismo acto que la  Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, por el proceso de las “chuzadas” a 8 y 14 años de prisión, se ordenó a la Comisión de Acusación que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez para determinar su grado de responsabilidad en este caso conocido como el de las “chuzadas”. Los delitos ventilados no tienen que ver con enriquecimiento ilícito. Se ha tratado de acusaciones sobre concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado y falsedad ideológica en documento público. Aunque resulta en este momento aventurado adelantar cualquier resultado de este proceso, la demostración de verticalidad que está exhibiendo el país vecino en el manejo de la legalidad de las actuaciones de sus altos funcionarios, incluida la máxima magistratura, es sobresaliente.


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La falta de atención del equipo de gobierno a la dinámica económica colombiana la está debilitando sensiblemente. Las exportaciones de manufacturas se descolgaron 33,8% en el primer bimestre del año. Pasaron de 9.080 millones de dólares entre enero y febrero del año pasado a 6.008 millones de dólares en igual periodo de este año. Parte de este bajón tiene que ver con la reducción de 47,3%  en las ventas de combustibles, lo que es la consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Otra importante causa es el descenso de las compras venezolanas a Colombia, las que se redujeron en el mismo periodo 52%.

 

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El elemento externo que más ha impactado la economía del país vecino en su historia es la crisis petrolera mundial  actual. El propio presidente Santos ha manifestado que dadas las actuales circunstancias él calcula que la economía solo experimentará un crecimiento de 4% este año. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que la caída en la renta petrolera será de 53,4%. Los entendidos en la materia aseguran que el coletazo del descenso de los precios del crudo arrastrará a la economía ya que reduce los ingresos del Estado, agrava el problema fiscal, reduce los ingresos de inversiones, genera menor crecimiento por vía del empleo. A la fecha, cerca de 12.500 trabajadores han quedado cesantes.

 

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La cementera Argos decidió  comprar 60% de Wetvan Overseas, sociedad que controla una terminal de recibo, almacenaje, venta y distribución de cemento en Puerto Rico, en una operación que superó los 18 millones de dólares. Su socio en el restante 40% es el Grupo Vicini de origen dominicano. Con ello la oferta de Argos crece en 250.000 toneladas métricas por año y entra de lleno en el mercado norteamericano y centroamericano. Argos cuenta con operaciones en Antigua, Colombia, Curazao, Dominica, Estados Unidos, Haití, Honduras, la Guyana Francesa, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín, Santo Tomás y Surinam.