• Caracas (Venezuela)

Beatriz de Majo

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Desparpajo guerrillero

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La inmoralidad guerrillera llega hasta el extremo de pretender entablar nuevas negociaciones para que Colombia consiga que Estados Unidos libere a un criminal de alto vuelo que se encuentra detenido en ese país cumpliendo condena por el secuestro de tres norteamericanos que compartieron cautiverio en manos de los insurgentes junto con Ingrid Betancourt. Los tres contratistas permanecieron en manos de la guerrilla cinco años. Hablamos de Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, un guerrillero cuyo prontuario alcanza bastante más que la retención por la fuerza de los nacionales americanos. Ha sido acusado de rebelión, homicidio, narcotráfico, secuestro con fines extorsivos y terrorismo. Con cinismo inenarrable sus compañeros de armas insisten en que la contribución de Simón Trinidad a la paz de Colombia sería significativa. Que los terroristas puedan adelantar una propuesta tan descabellada como esta resulta absurdo, pero entra de los desatinos de quienes llevan medio siglo masacrando a sus compatriotas en Colombia. Que esta petición haya sido conversada con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la ocasión de su visita a la Mesa de Negociación de la paz resulta, por lo menos, osado. Sería importante conocer la posición que asumirá frente al hecho el gobierno colombiano, ya que las fuerzas guerrilleras han planteado que el comandante terrorista pueda estar presente en la firma del acuerdo que tendrá lugar en la capital colombiana. Las palabras de Iván Márquez, quien lidera el lado guerrillero en la mesa de La Habana han sido: “Es importante la presencia de ‘Simón Trinidad’ en este escenario, por razones humanitarias, políticas, por todas las razones del mundo y porque uno no puede estar condenado injustamente”. Juan Manuel Santos no se ha pronunciado sobre el tema.

Este delincuente de 66 años fue arrestado en el año 2004 en Ecuador y extraditado a Colombia. En el país vecino fue acusado de los delitos citados y fue protagonista de un sonado caso, el secuestro y asesinato de la ex ministra colombiana Consuelo Araujo. Colombia decidió extraditarlo ese mismo año a Estados Unidos Allí paga condena en una prisión de Colorado.

 

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Las paradojas de la paz colombianas no se detienen allí. Un grupo de parlamentarios colombianos apoyan la entrega de 26 curules del Congreso –7 senadores y 18 representantes– a la guerrilla de las FARC como una forma de reparación al grupo político que las reúne –la Unión Patriótica– por los asesinatos de sus miembros perpetrados por los paramilitares y los agentes del Estado. Ese era justamente el número de sillas que ocupaban las víctimas cuando los hechos de sangre tuvieron lugar. Algunas agrupaciones políticas de izquierda han aplaudido la iniciativa de que personas por las que nadie ha votado ocupen escaños inmerecidos en el Parlamento neogranadino.

 

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En lugar de “entrega unilateral de las armas”, la mesa de La Habana lo que aprobó fue un adefesio en el que se habla de “dejación de las armas” de los guerrilleros de las FARC. El asunto no es semántico, sino que involucra un serio debilitamiento de la posición del Estado, que, para postre ha asegurado que, de continuar el conflicto, la capacidad de fuego de los insurgentes crearía un verdadero drama en las ciudades. Es decir, que además de que el gobierno les deja las armas en poder de los criminales, admite su propia incapacidad de contener la violencia guerrillera. En otro terreno, la vigilancia del proceso de “dejación” sería llevada por las Naciones Unidas a través de un órgano en el que las izquierdas latinoamericanas tienen presencia decisoria y enorme gravitación cubana y venezolana. El grupo de “observadores no armados de la ONU” será organizado por  Celac, por lo que  el llamado “componente de la ONU” atenderá a las inclinaciones de esos dos países. ¿Tiene sentido que el gobierno de Colombia se lave las manos en un asunto de tanta trascendencia como el desarme guerrillero y los traslade a actores como los citados?