• Caracas (Venezuela)

Beatriz de Majo

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Colombia estrena nueva constitución

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El tema de la paz de Colombia ha pasado a mayores. En la mesa de La Habana se están dando pasos inimaginables para los defensores de la ortodoxia legal y de la constitucionalidad en el país. Ahora se habla de un “blindaje jurídico” para referirse a un entramado de concesiones a los insurgentes que la daría vida legal a los acuerdos suscritos en contra de la voluntad de la mayoría de los colombianos.    

Este blindaje ha tomado la forma de un “Acto Legislativo por la Paz”, aprobado la semana pasada por el Congreso Nacional después de un debate épico en ocho sesiones. A través del mismo se ha instituido una reforma de la Constitución mediante la cual al presidente Juan Manuel Santos se le otorgan facultades para expedir decretos que le brindarán seguridad y estabilidad jurídica a lo que se pacte en La Habana.

La semana entrante será crucial ya que el Senado se expresará sobre el tema para otorgarle mayor fuerza, y aún quedan otras etapas por cumplir antes de que estas disposiciones entren en vigor. Pero resulta significativo que en el momento en que más están siendo cuestionadas las concesiones otorgadas a los guerrilleros por los analistas y la población de a pie en la mesa de negociaciones, sea el elegido para que el Legislativo se exprese sobre el tema.

Hay, sin embargo, quienes están vigilantes del curso de los acontecimientos y de sus consecuencias futuras. Human Rights Watch (HRW) se ha expresado sobre el particular aseverando que tal “blindaje jurídico representa una merma del Estado de Derecho colombiano”. En la opinión de José Miguel Vivancos, quien lidera esta institución, la gravedad del asunto reside en que con las disposiciones aprobadas se restringen las facultades y atribuciones parlamentarias y se circunscriben las actuaciones del ente legislativo a simples actos procesales.

Son muy numerosos los analistas que han opinado que el presidente y sus negociadores se han excedido al proponerle al país una suerte de nueva Constitución que le otorga al mandatario poderes omnímodos en temas de interés y de seguridad nacional y, por ello, los ojos estarán puestos en las próximas semanas en los elementos de juicio que tome en consideración la Corte Constitucional, entidad que resulta ser la única instancia válida para determinar si la nueva normativa se da la mano o colide con los mandatos constitucionales.  

Aún queda agua por correr en ese río. La Corte Constitucional colombiana revisará y, de recibir su aprobación, este estatuto de blindaje entrará en vigor una vez que haya sido rubricado el acuerdo de paz en La Habana y solo cuando que se haya celebrado el plebiscito popular que continúa siendo discutido públicamente en el país. El plebiscito es el instrumento más abyecto que se haya podido imaginar para resolver un tema del calibre del que Colombia tiene entre manos. El umbral de participación del electorado ha sido llevado a 13% en este particular caso.

Así pues, el país vecino está en manos de la decisión que los magistrados tomen en la Corte. Recemos, pues, para que Dios los ilumine.