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¿Por qué importan tanto los magistrados que designó el chavismo en Venezuela?

“A partir del 5E, la situación en la asamblea cambiará, respeten al pueblo, vean la historia” dice @pemorles |Foto: CNE

“A partir del 5E, la situación en la asamblea cambiará, respeten al pueblo, vean la historia” dice @pemorles |Foto: CNE

Aunque la victoria de la oposición en las parlamentarias de hace tres semanas reconfigura el escenario político venezolano, movidas como el nombramiento de los magistrados puede reducirle su margen de maniobra

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De repente, las cámaras en Venezuela se enfocaron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y el cuarto de hora de la corte más importante del país quizá dure más de 15 minutos.

Después de que, en un hecho inédito en 17 años, la oposición ganó en las elecciones del 6 de diciembre la mayoría de dos tercios en el Parlamento, el oficialismo puso en marcha una serie de movidas que parecen destinadas a blindarse para el escenario que viene.

La más reciente se produjo este miércoles, cuando la bancada oficialista al mando del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados del TSJ.

La medida ha levantado polémica al darse en sesiones extraordinarias de la AN durante el asueto navideño, algo que la oposición considera "irregularidades".

Pero también porque algunos de los 13 magistrados son cuestionados por su militancia política en el chavismo y sus fallos en contra de la oposición en los casos de los llamados presos políticos.

La oposición cree que los nuevos magistrados pueden ser "fichas del oficialismo" que potencialmente puedan inclinar la balanza de un tablero que a partir del 5 de enero tendrá un nuevo jugador: la Asamblea Nacional en contra del gobierno.

Con esto, el chavismo se estaría asegurando una importante ventaja en la batalla de poderes que se espera en Venezuela cuando la oposición asuma su mayoría en la AN.

¿Movidas para blindarse?

La primera de estas medidas, que muchos han calificado de ilegales, fue nombrar a Susana Barrieros, la jueza que condenó a más de 13 años de cárcel al opositor Leopoldo López, como directora de la Defensoría Pública, un órgano del TSJ.

Luego anunciaron la instalación de un Parlamento Comunal para "fortalecer el poder el pueblo", una medida que para muchos busca crear una "Asamblea Nacional paralela".

Ahora se produce el nombramiento de los 13 magistrados con no pocos abogados críticos de la revolución alegando fraude constitucional.

¿Por qué importa?

Aunque la victoria de la oposición en las parlamentarias de hace tres semanas reconfigura el escenario político venezolano, movidas como el nombramiento de los magistrados puede reducirle su margen de maniobra.

Cuando la AN aprueba una ley, el presidente debe promulgarlas en el plazo de diez días.

Otra alternativa del presidente es solicitar que la Sala Constitucional del TSJ se pronuncie sobre alguna supuesta inconstitucionalidad.

Si la Sala Constitucional, que es una de las seis que forman el TSJ, considera que el contenido de la norma atenta contra la Carta Magna, puede vetarla.

Y, en ese sentido, los siete magistrados de la Sala Constitucional tienen más poder que los 112 diputados opositores que van a integrar la nueva AN.

¿Por qué se considera ilegal?

Varios abogados, constitucionalistas y profesores de Derecho de tendencia crítica al gobierno han denunciado que la designación de los 13 magistrados viola la Constitución.

Incluso, un grupo de notados juristas dijo en un comunicado que piensan impugnar la designación de cada uno de los magistrados.

Alegan, sobre todo, dos problemas: irregularidades en el procedimiento de postulación e incapacidad de los aspirantes.

Según ellos, la designación se produce sin que se hubiese declarado una falta absoluta o jubilación en los puestos específicos que se designaron. Y eso, en teoría, va contra la ley.

Sin embargo, el mandatario tiene la potestad de, por un lado, pedir que se modifique la norma con acuerdo del Consejo de Ministros.

La mayoría absoluta de la AN decidirá sobre esa petición de modificación y la podrá mandar de vuelta al presidente, quien tendrá cinco días para promulgarla.