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Las claves de los negocios de Iñaki Urdangarin

Urdangarin está acusado de delitos como malversación de fondos públicos, evasión de impuestos y fraude fiscal / AFP

Urdangarin está acusado de delitos como malversación de fondos públicos, evasión de impuestos y fraude fiscal / AFP

Está acusado de delitos como malversación de fondos públicos, evasión de impuestos y fraude fiscal.

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Desde su imputación en el caso de corrupción Nóos hace 14 meses, Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I de España, ha resultado ser una mancha imborrable en la imagen de la Casa Real española.

Además, algunas meteduras de pata del rey, como el escándalo de la caza de elefantes en Botsuana, y algunas salidas de tono han situado a la corona en una posición comprometida ante los ojos de los españoles.

La imputación de Iñaki Urdangarin por apropiación indebida de fondos públicos y otros delitos de corrupción amenaza con arrastrar a otros miembros de la familia real.

La semana pasada, el otro principal imputado en el caso de corrupción Nóos y exsocio de Urdangarin, Diego Torres, señaló directamente ante el juez a la infanta Cristina y a la Casa Real.

Indicó que eran conocedores de las actividades por las que él y su exsocio fueron incriminados, y que la Casa Real además protegió y favoreció los negocios del yerno del rey. Entregó, además, unos 200 correos electrónicos que documentaban las acusaciones.

Si finalmente se dicta sentencia que incrimine directamente al duque de Palma, muchos dicen, la Casa Real necesitará años para reparar su imagen en lo que ha sido su episodio más negro en casi cuatro décadas.

El juez José Castro, instructor del caso de corrupción "Palma Arena", que implicaba a políticos del Partido Popular en las Islas Baleares en España, decidió abrir una investigación en 2010 al Instituto Nóos, de quien Urdagarin era presidente, por unos convenios firmados en 2005 y 2006.

La investigación inicial derivaría, un año después, en un caso de corrupción independiente, centrado en el Instituto Nóos.

Este es el episodio más negro para la Casa Real española en casi cuatro décadas.

En diciembre de 2011, el juez Castro acusó a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres de delitos de malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación y falsedad de documentos.

Según el juez, Urdangarin era el presidente y socio clave del Instituto Nóos y su posición atraía la financiación.

El Instituto Nóos, supuestamente entidad sin ánimo de lucro, habría desviado fondos públicos (cantidades desproporcionadas de dinero) que cobró por convenios suscritos por los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

El dinero habría ido a parar a una red de empresas privadas que dependían del instituto, en una trama presuntamente diseñada por el exsocio de Urdangarin y vicepresidente de la fundación, Diego Torres.

El juez Castro cree que la fundación tenía en realidad "un desmedido ánimo de lucro", por su forma de actuar.

Estos desmedidos pagos y el entramado de empresas, además, resultan sospechosos "cuando quienes supuestamente libran las facturas y quienes, también supuestamente, tienen que abonarlas, vienen a ser los mismos, y cuando además, asaltan más que serias dudas sobre la realidad de los servicios que se dicen facturados", dijo el juez el pasado mes de enero.

¿Qué hacía el Instituto Nóos?

Fue fundado en 1999 por el que sería el socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres. El duque de Palma se uniría a la entidad más tarde como presidente en 2003.

Se constituye como entidad sin ánimo de lucro y de ella dependen una red de empresas también implicadas en la trama como Nóos Consultoría Estratégica, la inmobiliaria Aizoon y el centro De Goes.

La misión de la entidad era, supuestamente, realizar investigaciones de interés general sobre las estrategias de mecenazgo y responsabilidad social. Pretendía, además, ser un lugar de encuentro de personas destacadas del mundo de la empresa, investigación y administraciones públicas.

Sin embargo, las pesquisas sacaron a la luz que una cantidad de dinero desproporcionada que cobraba el Instituto Nóos por la organización de eventos acabó en manos del entramado de empresas privadas con ánimo de lucro.