• Caracas (Venezuela)

BBC Mundo

Al instante

Gambia y la pena de muerte

Las autoridades de Gambia han insistido en que solo están siguiendo la ley / BBC Mundo

Las autoridades de Gambia han insistido en que solo están siguiendo la ley / BBC Mundo

La pequeña nación del occidente de África va en sentido contrario a la tendencia mundial a abolir la pena de muerte

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Terminaba el Ramadam, mes sagrado de los musulmanes, y los ciudadanos de Gambia esperaban un mensaje de paz, como se acostumbra por aquellas fechas. Pero el presidente Yahya Jammeh tenía otro plan: "para mediados del mes que viene, todas las sentencias de muerte se ejecutarán al pie de la letra", dijo en un mensaje televisado el 19 de agosto.

La noticia no pasó inadvertida. Organizaciones de Derechos Humanos, algunos gobiernos y mecanismos multilaterales (como la Unión Africana) reaccionaron solicitando la suspensión de la medida en forma inmediata. Más de 40 prisioneros se aguardaban en el "corredor de la muerte", algunos de ellos de nacionalidad extranjera.

Pero Jammeh - quien llegó al poder en 1994 a través de un golpe militar y se ha mantenido en la presidencia por 18 años, tras ganar cuatro elecciones consecutivas - ratificó la decisión en la práctica.

A finales de agosto, los primeros nueve prisioneros, entre ellos una mujer y dos hombres de nacionalidad senegalesa, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

Jammeh argumentó que la decisión buscaba dar un ejemplo y, con ello, reducir las tasas de criminalidad.

A contracorriente

Otros ven motivos políticos detrás de la medida.

"Muchos de los detenidos fueron sentenciados después de pasar por juicios injustos, en el que no tuvieron acceso a abogados a la oportunida de apelar. Algunos fueron condenados por cargos políticamente motivados, y han sido sujetos a tortura y otros mecanismos para forzar su confesión", le dijo al periódico británico The Guardian Paul Rigaud, portavoz de la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional.

Aunque no están claros los crímenes específicos por las cuales los nueve convictos fueron condenados en primer lugar, Aljhaji Sowe, hermano de uno de quienes murieron frente al paredón, le dijo a la BBC que se trataba de un ex teniente arrestado en 1997 por conspirar contra Jammeh. Su nombre era Alieu Bah.

Las autoridades de Gambia han insistido en que solo están siguiendo la letra de la ley.

"Yahya Jammeh no está ejecutando las penas de muerte porque quiere, sino porque está bajo la obligación de hacerlo, de acuerdo con las leyes", dijo recientemente el Fiscal y ministro de Justicia Lamin Jobarteh, citado por la prensa local.

Cualquiera sean los motivos detrás de esto, Gambia está nadando contracorriente de una tendencia mundial a abolir esta forma de castigo.

"Hay una sola diferencia en el mundo: están los países que creen que la pena capital sirve a un propósito, para disuadir o castigar, o no lo creen", le explica a BBC Mundo el investigador Gary Hill, asesor del Centro Internacional de Estudios para Prisiones, adscrito a la ONU.

Tendencia definitiva


"Durante los últimos 15 o 20 años, muchos países que la tienen en el papel la han eliminado, porque no la usan", añade el especialista.

De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional (AI), 70% de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica para el año 2011, y sólo 20 naciones efectuaron ejecuciones.

En Medioriente el número de ejecuciones se incrementó en un 50%, por cuenta de Irán, Arabia Saudita, Yemén e Irak.

"Todo esto sugiere que, aunque todavía tenemos un trecho que recorrer, el camino hacia un mundo libre de ejecuciones quizás no sea tan largo como un pudiera pensar", dice AI en un artículo publicado en su sitio de internet.

Sin embargo, algunos señalan que mientras la eliminación de la pena de muerte es la ruta a seguir, esto podría no ser suficiente.

"Esos países la están reemplazando con sentencias de cárcel de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Se trata de una sentencia inhumana: no significa que todos los delincuentes deberían ser liberados, pero tendrían que tener la oportunidad de que su caso sea considerado", opina Andrea Hubber, directora de políticas de la organización Reforma Penal Internacional, con base en Londres.