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Fiscalía de Brasil pide al Supremo investigar a la presidenta Dilma Rousseff

En Brasil se considera prácticamente un hecho que el Senado suspenderá por hasta 180 días a Rousseff

En Brasil se considera prácticamente un hecho que el Senado suspenderá por hasta 180 días a Rousseff

La noticia surge justo cuando en Brasil se considera prácticamente un hecho que el Senado suspenderá por hasta 180 días a Rousseff la semana próxima, para someterla a un juicio político

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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta un pedido de la fiscalía al Supremo para investigarla por presunta obstrucción de la causa de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, informan varios medios locales.

La noticia surge justo cuando en Brasil se considera prácticamente un hecho que el Senado suspenderá por hasta 180 días a Rousseff la semana próxima, para someterla a un juicio político.

La solicitud de abrir una averiguación judicial a la mandataria fue enviada por la procuraduría general al Supremo de forma reservada y, según los reportes, incluye un pedido para investigar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para que el procedimiento sea abierto requiere de la autorización de Teori Zavascki, el ministro (juez) del Supremo relator de los procesos sobre elgigantesco esquema de corrupción en Petrobras.

Las sospechas

El pedido de la fiscalía se basa en sospechas de que Rousseff intentó nombrar a Lula ministro de su gobierno para darle un estatus judicial especial que le evitase un eventual arresto por el escándalo Petrobras, señalan los medios.

El juez de la causa, Sérgio Moro, divulgó en marzo la grabación de una charla telefónica donde Rousseff avisaba a Lula de que le enviaría el acta de su designación para usar "en caso de necesidad".

La presidenta ha negado que esas palabras tuvieran relación alguna con el caso Petrobras y señaló que envió el documento porque no sabía si Lula podía asistir al acto de su designación.

Tanto Rousseff como Lula han criticado la divulgación del diálogo telefónico entre ambos por parte del juez Moro, que según la defensa de la presidenta pudo poner en riesgo la seguridad nacional.

El Instituto Lula emitió un comunicado este martes negando que haya alguna palabra en ese diálogo "que denote ilegalidad u obstrucción de la justicia".

"Sólo existe un crimen evidente en este episodio: la grabación clandestina y la divulgación ilegal de una llamada de la presidenta de la República", indicó el instituto del expresidente.

El juez Moro ha señalado que la grabación a la presidenta fue casual, ya que los investigadores no monitoreaban las conversaciones telefónicas de Rousseff sino de Lula, ante sospechas de que recibió beneficios ocultos de empresas.

La solicitud de la fiscalía general para investigar a Rousseff y Lula también cita, según se reporta, un testimonio del senador Delcídio do Amaral, que fue líder del gobierno en la Cámara Alta hasta ser arrestado en el marco del caso Petrobras.

Amaral acusó a la presidenta de intentar afectar la investigación de Petrobras mediante la nominación de un juez de alto rango y a Lula de buscar comprar el silencio de un empresario condenado.

El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, un exministro a quien la fiscalía también pide investigar, calificó las acusaciones de Amaral como "absolutamente livianas y mentirosas".

Cardozo es el principal defensor de Rousseff en el Congreso ante el pedido de juicio político a la presidenta por presunto maquillaje del déficit gubernamental, usando ilegalmente recursos de bancos públicos.

En caso de que Rousseff sea suspendida, la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, a quien la fiscalía descartó por ahora abrirle una investigación pese a haber sido citado por testigos del escándalo en Petrobras.

Rousseff ha acusado a Temer y al presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de conspirar para derrocarla mediante un golpe.

Cunha, que dirigió la sesión de Diputados que el mes pasado autorizó por amplio margen el juicio político a Rousseff, también figura en la lista de pedidos de investigación de la fiscalía, al igual que el senador opositor y excandidato presidencial Aécio Neves y otros políticos.