• Caracas (Venezuela)

Asdrúbal Aguiar

Al instante

El diálogo es con los militares

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Todos los poderes del Estado, en una democracia verdadera, están atados a la soberanía popular y sus dictados. El artículo 5 de nuestra Constitución así lo refrenda, sin espacios para la duda.

Y como la soberanía no se expresa, materialmente, todos los días, ella deja a los poderes públicos una guía de su voluntad cotidiana, la Constitución. Por lo mismo, también todos los poderes están sujetos a ella.

Pues bien, luego de 17 años de controlar todos los poderes una corriente política –mixtura de marxismo y militarismo– y de interpretar la Constitución a conveniencia –haciéndole decir lo que no dice–, el pasado 6 de diciembre la soberanía dice, a bocajarro, que el hacer y deshacer de ese largo período ha destruido el país y cabe, de suyo, emprender un rumbo distinto.

Esa soberanía y ese mandato hoy residen en la nueva Asamblea Nacional, con su mayoría calificada. De modo que, el comportamiento que despliegan, coludidos, el presidente y sus ministros y el Tribunal Supremo de Justicia, reconformado este –con grave atentado a la Constitución– por sus acólitos, al verse derrotados y para mantenerse atrincherados con el poder del Estado, en modo alguno plantea una colisión de poderes constituidos que amerite resolverse constitucionalmente. No media, tampoco, un choque de narrativas políticas que antagonizan, como si el país estuviese dividido en dos partes.

Se trata, cabe decirlo sin ambages, de una minoría nacional que mantiene secuestrados los poderes públicos, a excepción de la Asamblea; que desafía la voluntad general y determinante de la soberanía nacional representada en esta, y que lo hace con abierto talante antidemocrático.

Lo cierto es que esa minoría política se comporta como los secuestradores exprés que sufren a diario los venezolanos, con cabal impunidad y desprecio por las leyes penales, para obtener el oxígeno dinerario que les permite seguir sobreviviendo con sus fechorías, en medio del cuadro de ingobernabilidad y violencia –la más alta del Occidente– que sufre Venezuela.

Pero cabe la pregunta. ¿Cómo una minoría, alzada contra la Constitución, haciéndola trizas para abroquelarse en sus asientos públicos y purificando sus delitos de Estado mediante la manipulación del derecho, puede desafiar a la mayoría nacional y su representación?

La respuesta que avanza la imagen del secuestro basta. Hay falta de policías que frenen el delito o acaso hay policías, pero no actúan por ser socios del delito; o a lo mejor, los secuestradores ejercen sus chantajes sobre los policías por razones que ignora la víctima.

No es infamia decir que a Nicolás Maduro lo sostiene en el poder un “papelito” que guarda con celo o que dice tener y no tiene, su partida de nacimiento. Y eso lo saben sus cómplices.

No es venezolano, pues es probado –los documentos son públicos– que es colombiano; pero puede ser ambas cosas, visto que la primera la oculta o no la aclara el presidente. Y si es ambas cosas –teniendo doble nacionalidad– no puede ejercer el gobierno de Venezuela.

¿Y cómo es que lo ejerce?

La respuesta vuelve de suyo: no hay policías o si los hay son chantajistas, y si no lo son acaso median razones que desconocemos los venezolanos.

La conclusión es perogrullada.

En Venezuela, cabe repetirlo, no hay dos tendencias partidarias que se desconocen recíprocamente y reclamen de mediación para que resuelvan sobre su mejor modo de tolerarse bajo las reglas de la democracia. La mayoría ya habló el 6 de diciembre, y ella, como único deber que le ata, no puede usar de su mayoría para anular la actividad política de la minoría.

Pero una cuestión es esta y otra que tal minoría secuestre el poder para seguir haciendo lo que la mayoría ha decidido que no puede hacerse más, a costo de más hambruna y de más complacencia con la narcocriminalidad que anega al propio Estado.

El juego sigue trancado. No logra destrancarse, aún, pues la minoría cuenta con quienes, en realidad, detentan el poder fáctico: la Fuerza Armada.

Ella se empeña en sostener a esa minoría. Busca reivindicar para sí los fueros perdidos, que les promete Hugo Chávez con sus golpes de Estado contra la civilidad y la democracia en 1992; que se los da a partir de 1999, con votos y con el Plan Bolívar 2000; que después se los quita a raíz del 11 de abril, para endosárselos a los hermanos Castro.

El único diálogo agonal que ahora se advierte, sobre la crisis terminal de la república en avance, por ende, es entre la Fuerza Armada y la minoría; con desprecio por la soberanía popular. El precio es notorio. Se negocia –de espaldas a la representación soberana– la fuente menguante de nuestra estabilidad nacional, el petróleo, y su naciente industria militar. Entre tanto los cubanos migran hacia mejores puertos, los de Obama.