• Caracas (Venezuela)

Arnaldo Esté

Al instante

Presidenta, fraude lento, crisis general, ruptura ética

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Se mostró nerviosa, acosada, reiterativa en los temas y expresiones, con muy endebles argumentos al tratar de atrincherarse en la Constitución y las leyes. Evadiendo las necesarias respuestas para las preguntas más precisas referidas a los plazos y procesos. Pero, sobre todo, la alusión repetida a mensajes en las redes sociales, a los hechos violentos en las puertas del CNE. Esos mensajes, referencias y alusiones tienen antecedentes.

No es mi estilo hacer alusiones personales en mis escritos, pero este caso obliga. Es muy grande la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y en especial de su presidenta, en el curso de la crisis general y en los estallidos que ya se están dando.

El derecho de revocar a un funcionario es, verdaderamente, un importante avance en la Constitución vigente. Forma parte de un conjunto de disposiciones que amplían y profundizan los derechos humanos. Pero esas disposiciones, que estaban encaminadas a la profundización de la democracia, fueron progresivamente desvirtuadas. La preservación e incremento del poder concentrado en un líder de peligrosas propensiones mesiánicas y autoritarias contrarió cada vez más esos principios.

Un recurso continuo para abonar ese autoritarismo creciente ha sido el rentismo petrolero. No solo para atender necesidades sociales sin tener un soporte productivo sólido y diversificado, sino también para generar dependencia, sumisión, fidelidad y una mentalidad minera. Con eso prosperó lo que se ha llamado en la jerga de los políticos, el ventajismo. El uso de los recursos de la nación, del Estado, para proselitismo, chantaje, atemorizar.

A lo anterior lo he llamado “fraude lento” para subrayar que el fraude no se hacía en el conteo de los votos y en el posible sesgo de las máquinas de votar, sino en todo el proceso anterior. El Consejo Nacional Electoral, y en él su presidenta, permanentemente obviaron, miraron para otro lado sin censurar o sancionar ese ventajismo descarado: el erario público se ha usado para financiar periódicos, televisoras, cargos, corruptelas, chantajes e intimidaciones, trajines cambiarios, dádivas y caridades.

Están en juego dos vías de acción: una atiende al cumplimiento de las leyes y garantizar que el proceso revocatorio que se inició siga su curso sin trabajas ni trajines politiqueros o funcionales. Otra: el ejemplo. Buena parte del país acudió a firmar y, con ello, mostrar esperanza en la democracia. Defraudar eso es muy grave y la responsabilidad está bien establecida en esa presidenta. No es difícil entender las constricciones que colocan a sus decisiones y comportamientos: su historia personal, sus amistades y otros compromisos; por eso la exigencia va, muy directamente y en el ocaso de su función pública, a su conciencia.

El extravío de la justicia como valor, como referente primordial, tiene mucho que ver con la violencia cotidiana, con los caminos alternos que toman los chamos al no sentirse ubicados en una sociedad en la que cualquier cosa es arbitraria. A esto me refiero cuando escribo sobre la ruptura ética. Los poderes públicos y su pobreza ética legitiman la violencia.