• Caracas (Venezuela)

Armando Durán

Al instante

Hacia la simulación del 6 de diciembre

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La semana pasada, la Contraloría General de la República inhabilitó políticamente a María Corina Machado por 12 meses. Una ilegítima decisión administrativa para impedirle participar en las elecciones del 6 de diciembre. Pero también pirueta fraudulenta que aspira a mucho más allá. Acoso y derribo de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y ahora Machado, como castigo personal a la desobediencia civil y como trampa del sistema para eludir la derrota en diciembre.

Ese es el mensaje que en verdad transmite esta resolución. El 6 de diciembre, por las buenas o por las malas, tal como lo notificó a los cuatro vientos el propio Nicolás Maduro el mismo día que el CNE fijó la fecha de estos comicios, la victoria oficialista tiene que garantizarse desde ahora. Y entre todos los procederes espurios, este de publicitar y amplificar el engaño con el perverso propósito de estimular la abstención electoral de la disidencia.

Ante esta advertencia desfachatada, el régimen coloca a la oposición, como señalaba hace algunos días Carlos Blanco en su reflexión semanal de los miércoles que publica este diario, que es “imposible que haya elecciones limpias bajo este régimen”, pero resulta igualmente imposible que “se consigan todas las condiciones de unos comicios libres”. Es decir, que si se exigen esas condiciones como requisito para participar en el juego, “el régimen las negará para desmoralizar”, pero si no se reclaman, votar en diciembre “sería como ir al matadero”.

Desde esta perspectiva de como quiera que te pongas tienes que llorar, perseguir a ciertos adversarios constituye una negación absoluta de los principios esenciales de la democracia, una afirmación que el nuevo secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, acaba de sostener con firmeza en sus declaraciones sobre el tema. A todas luces, una encrucijada política y existencial dramática. ¿Hasta qué extremo está dispuesta la oposición a no hacer olas para no darle al régimen ninguna excusa que le permita dinamitar la celebración de elecciones presidenciales en diciembre de 2019? En otras palabras, ¿cuándo cree la oposición que será el legítimo y oportuno momento de plantarle cara al régimen y decirle hasta aquí llegamos? ¿Nunca, dentro de cuatro remotos años, o ahora, cuando las múltiples evidencias que muestran, sin ningún tapujo, la naturaleza totalitaria del régimen, ya no son indicios de un eventual riesgo futuro, sino certeza muy tangible del peligro que corre Venezuela a partir del día siguiente de las elecciones?

La disyuntiva es ingrata, porque en este trance un paso en falso no tiene vuelta atrás. La afirmación de Jesús Chuo Torrealba de que ni esta ni las inhabilitaciones que vengan quebrarán la voluntad del pueblo opositor de votar sino todo lo contrario, es una banalidad paralizante y autocomplaciente. En estas elecciones el objetivo no puede limitarse al simple acto de votar, debe ofrecerle a los electores la posibilidad real de ganar. Ese es el único valor que a estas alturas no democráticas de Venezuela estamos obligados a conferirle al voto y la cúpula de la oposición no puede seguir repitiendo lugares comunes insubstanciales con la finalidad de promover el conformismo. En este instante decisivo, la única verdadera razón de ser de la oposición no es electoral sino política: abrir un debate civil sobre si estas elecciones constituyen herramienta útil con que enfrentar a tiempo el fraude continuado y hacer lo que haya que hacer para facilitar, contra viento y marea porque esta es probablemente la última oportunidad de hacerlo, la transición pacífica hacia la restauración de la democracia y la libertad, o asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de reconocer que el objetivo que se persigue es correr la arruga de la crisis hasta el 2019 y nada más.