• Caracas (Venezuela)

Armando Durán

Al instante

Contra la libertad de prensa

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Hace unos cuantos años, en 2003, cuando algunos espíritus ingenuos seguían sin saber a ciencia cierta el rumbo que las manos militares de Hugo Chávez le iban a fijar a la nave del Estado, la cúpula del poder, que todavía no era abiertamente roja ni rojita, se planteó qué hacer para meter en cintura la unánime oposición de los medios de comunicación social a la revolución “bolivariana.” Los sucesos del 11 de abril y del llamado paro petrolero habían encontrado en la prensa, sobre todo en la televisión, una formidable caja de resonancia y, más allá de cualquier duda, era evidente que si no se atajaba esta amenaza a tiempo el proyecto político del 4 de febrero corría el muy serio peligro de sufrir una derrota prematura e irremediable.

De ese debate interno del chavismo surgió la conclusión de que para garantizarle al naciente régimen una travesía segura resultaba imprescindible la urgente construcción de una avasallante hegemonía comunicacional. De ahí vino, por supuesto, la infame “ley mordaza”, cuya única finalidad fue acorralar progresivamente a los medios radioeléctricos, hasta que, por fin, en 2007, el cierre de Radio Caracas Televisión mostró con absoluta claridad cuál sería la suerte fatal de la emisora de radio o la planta de televisión que se resistiera a entrar por el angosto aro del silencio informativo y la sumisión.

Con los medios impresos, que no necesitan licencia alguna del Estado para existir, la imposición efectiva de la autocensura requería mecanismos aún mucho más complejos y rebuscados. La compra de los periódicos, por ejemplo, billete sobre billete, y la no liquidación de las divisas necesarias para comprar papel. Algo así como decirles a los más incómodos propietarios, tú decides, hermano, plata, incluso más de lo que vale tu periódico, o plomo, es decir, la ruina y la muerte que significa para un periódico no tener papel. Y cuando ni así pudieron torcer la perseverancia de medios de tanta influencia en la opinión pública como El Nacional, Tal Cual y La Patilla, pues nada, ahí están los tribunales de justicia, ahora de justicia revolucionaria, para criminalizar la disidencia y la independencia de pensamiento y expresión. Guerra feroz contra la prensa libre y contra los periodistas que insistieran en mantenerse fieles a la verdad y a su manera de entender la realidad.

Este ha sido, precisamente, el tema principal de la 71ª Asamblea General de la SIP que acaba de celebrarse en la hermosa ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, cuyo informe sobre el estado de la libertad de prensa en la región señala que, en Venezuela, “el periodismo independiente y la fuerza moderadora de la opinión pública se encuentran fracturadas, imponiéndose un totalitarismo comunicacional de Estado y una tiranía ejercida y compartida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

Esta visión descarnada del actual proceso político venezolano, por una parte, contradice y pone en su sitio las voces criollas que todavía le llaman al fruto amargo de estos años de revolución bonita “déficit democrático”, y al mismísimo John Kerry, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, quien la semana pasada calificó inexplicablemente al régimen venezolano de “democracia imperfecta”, como si todas las democracias no fueran por definición “imperfectas”, observación que a todas luces persigue el ambiguo propósito de marcar distancia del gobierno Maduro-Cabello, pero no tanta que pueda afectar el interés de la Casa Blanca en normalizar sus relaciones con Cuba.

Por otra parte, nos alerta del riesgo que implica creer posible que, en el marco del implacable “totalitarismo comunicacional” del Estado, el régimen, por medio del CNE, su fiel agente electoral, vaya a respetar la voluntad soberana de los venezolanos el próximo 6 de diciembre. Una advertencia política y existencial que debe atenderse con mucha atención en Washington y en Venezuela para no caer otra vez en la misma trampa chavista de siempre.